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Columna
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Insatisfacción

La semana pasada, en el descanso de una reunión de trabajo en Barcelona, uno de los asistentes expresaba el estado de insatisfacción de una parte de la ciudadanía catalana sobre la situación de las finanzas públicas y la provisión de servicios públicos en Cataluña. Ninguno de sus argumentos era original, pero, expresados por una persona conocida, ordenados por un buen comunicador y desarrollados con solvencia intelectual, adquirían más relevancia que cualquier globo sonda de los que nos lanza últimamente nuestra clase política.

Brevemente, la situación se puede sintetizar en que, por una parte, la renta per cápita en Cataluña es significativamente superior a la de la media española, lo que se traduce, dada la estructura impositiva, en impuestos individuales significativamente superiores a los del resto del país, recaudados mayoritariamente por el Estado. Sin embargo, de un lado, el gasto en infraestructuras viene siendo inferior al de la media española desde hace años, al tiempo que muchos servicios públicos, como la sanidad, no han evolucionado de acuerdo con el crecimiento de demanda de la sociedad catalana. Merece la pena separar los tres elementos (gasto en infraestructuras, gasto corriente y recaudación) para evaluar las posibles soluciones.

En términos de gasto en infraestructuras, debemos remitirnos a sus principales condicionantes en los últimos 15 años: los fondos europeos y el ajuste presupuestario. Cataluña no ha podido ser destino prioritario de fondos estructurales, por sus niveles de renta y por su dotación de infraestructuras. Mientras, especialmente de 1993 a 1997, se sufría un proceso de ajuste presupuestario en toda España. Además, los menguados fondos españoles se concentraban en las regiones incluidas como Objetivo 1, al ser todos los proyectos de la UE cofinanciados por las Administraciones europea, nacional y autonómica.

La conclusión es el retroceso relativo de la dotación de infraestructuras en Cataluña, algo que debe llevar, como poco, a la reflexión ante el carácter estratégico de sus conexiones con Europa, su alto grado de desarrollo industrial y turístico y las amenazas que la competencia internacional plantea sobre estos sectores. Contando con el déficit de inversión acumulado, resulta difícil pensar en cualquier alternativa que no consista en rellenarlo desde la Administración central, en la medida que muchas de dichas infraestructuras consistirían en conectar con Europa a través de Cataluña.

El deterioro en la prestación de algunos servicios públicos es un elemento común en casi todos los territorios desde los años del ajuste. Quizá uno de los que se perciben con mayor claridad es el de la sanidad pública. En los últimos años ha concurrido una elevación del uso de estos servicios por la elevación de la edad de la población española junto con la demanda añadida de la población inmigrante.

El último proceso de transferencias de la sanidad, que no afectó a la Generalitat, incurrió en graves problemas de diseño, al no corresponderse la evolución proyectada de los recursos transferidos con la de los servicios a prestar por las comunidades. En pocos casos éstas han tratado de resolver estos problemas con su propia capacidad impositiva, por ejemplo a través de tasas, y frecuentemente sus iniciativas han sido recurridas por el Gobierno central.

En alguna medida todos tenemos en mente un nivel mínimo de calidad de servicios prestados por las Administraciones. Dicha provisión, que puede ser cuantificada económicamente, debería definir un nivel de recursos mínimos para la Administración que presta el servicio. Si quisiera elevar dichas prestaciones, por decisión política, debería buscar nuevos recursos y montar su propio sistema de tasas o impuestos para hacer frente a sus decisiones de gasto adicional.

Finalmente está la recaudación y su distribución. Uno de sus principios debe ser la preservación de la unidad de mercado. El otro es garantizar suficiencia financiera. Como no todos los territorios tienen la misma capacidad para recaudar, es necesario establecer un sistema de transferencias, independientemente de quien recaude, que garantice una calidad mínima en los servicios públicos prestados por las Administraciones central y territorial. La garantía de estos mínimos le corresponde al Estado, dentro de la política de cohesión. Pero cualquier decisión sobre transferencias exige conocer el coste de prestación del mínimo de calidad de los servicios públicos, que se constituye como un elemento básico en el sistema de transferencias o distribución de la recaudación entre Administraciones.

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