El fin del plan Marshall

Parálisis. Clientelismo. Comodidad. Desincentivo. Adocenamiento. No falta quien asocie tales descalificaciones a la llamada política de cohesión de la Unión Europea, que desde hace 30 años inyecta fondos públicos en las regiones menos desarrolladas del Viejo Continente. Y es que, si bien la propaganda oficial de las instituciones comunitarias se deshace en elogios sobre los beneficios de ese esfuerzo de solidaridad, los estudios técnicos son mucho más cautos a la hora de calibrar el resultado tangible de los fondos estructurales.

'La diferencia de renta de las regiones más pobres respecto al resto de la UE', proclama uno de los últimos informes de la Comisión sobre la política de cohesión, 'se redujo en 1,5 puntos entre 1995 y 2000 y dos puntos desde 1989, lo que demuestra la eficacia a largo plazo de los Fondos'.

Pero los análisis macroeconómicos de la propia Comisión sobre la convergencia de España e Irlanda, los dos alumnos aventajados de la política de cohesión, sólo atribuyen un protagonismo colateral a los fondos comunitarios. En el caso irlandés, cuyo producto interior bruto (PIB) per cápita ha pasado del 70% de la media comunitaria en el año 1985 al 130% en 2002, se atribuye mayor importancia a otros a la hora de explicar el salto económico del tigre celta: desde la austeridad fiscal y la contención salarial pactada por los agentes sociales hace más de una década, hasta el ingente flujo de inversión extranjera (el 20,7% de su PIB entre 1999 y 2001 frente a la media europea del 6,9% de la UE), sin olvidar el hecho de que la lengua oficial sea el inglés.

Hay riesgo de que cuando las regiones pobres alcancen la convergencia las ricas estén ya en el futuro tecnológico

Los estudios técnicos son cautos a la hora de calibrar el resultado tangible de los fondos estructurales

La demanda interior, el rigor presupuestario y los tipos de interés en mínimos históricos desde el lanzamiento del euro en 1999 se mencionan, por otra parte, como las explicaciones más plausibles para la escalada de la renta española hasta el 86% de la media europea.

Los fondos comunitarios, que sólo entre los años 2000 y 2006 ascenderán a 56.000 millones de euros, han contribuido sin duda a ese éxito. Pero la convergencia a nivel nacional contrasta con el hecho de que las regiones más beneficiadas por los fondos, como es el caso de Extremadura, sigan con un PIB per cápita tan bajo como el de los departamentos franceses de ultramar (isla Reunión, Guayana o isla Guadalupe). Extremadura, como la mayoría de las regiones españolas más pobres, apenas capta inversión extranjera (concentrada en un 72% en Madrid y Cataluña), lo que pone también en duda el efecto 'llamada' para el capital que se atribuye a los fondos europeos.

En cuanto al resto de pacientes a los que se ha administrado la inyección de fondos desde Bruselas, su situación sigue casi tan estacionaria como al principio del tratamiento. Portugal atraviesa una de las peores crisis de su historia reciente y sigue sufriendo una de las mayores tasas de abandono escolar de toda la UE. Grecia, otro país periférico y receptor de fondos, parece condenada a ver cómo varios de los países del Este recién ingresados en la Unión sobrepasan rápidamente su nivel de renta.

Tampoco han servido de mucho más los 1,2 billones de euros que, entre fondos europeos y estatales, han recibido desde la unificación, en 1990, los länder de la antigua Alemania del Este. El PIB per cápita sólo ha crecido un 6,7% en los últimos 12 años. Y un reciente estudio de la Comisión Europea advierte que las transferencias hacia el Este 'crean una dependencia entre los beneficiarios y son, por tanto, un importante factor que explica el bajo rendimiento económico de Alemania en la última década'.

En cuanto al estancamiento del Mezzogiorno italiano, el peor paciente de la cohesión, 'merecería un estudio completo por sí solo', declara con resignación un economista de la Comisión Europea.

Tanto en Alemania como en Italia parecen cumplirse los tres factores que, según los expertos, pueden convertir en despilfarro las ayudas comunitarias: la mayoría de las transferencias se destinan a gasto corriente, el capital invertido es mucho menos rentable y productivo que en otra áreas y, por último, el mercado laboral presenta rigideces insuperables.

La lección de los experimentos fallidos será especialmente útil para intentar evitar nuevos fracasos de la política de cohesión en los socios del Este. La Unión se juega esta vez mucho dinero. Más de 110 millones de personas, es decir, el 25% de la población de los Veinticinco socios, vive en regiones que pueden optar al máximo nivel de ayudas previsto.

Los subsidios agrícolas y regionales contribuirán a mejorar la situación en esas zonas, pero también pueden frenar una redistribución del mercado laboral que quizá beneficiara al rendimiento económico del mercado interior.

Junto a las llamadas a la austeridad de los principales contribuyentes al presupuesto comunitario (Alemania, Holanda o Suecia), Bruselas intenta, además, que la inversión en los nuevos socios se centre en proyectos con un auténtico valor añadido para la Unión. La Comisión no recuerda con demasiada satisfacción que, entre 1994 y 1999, el 40% de los fondos destinados a España se invirtiesen en infraestructuras de transporte. Entre 2000 y 2006, se esperan construir otros 3.200 kilómetros de carreteras. Los fondos han llegado a financiar, incluso, parkings en el centro de Madrid.

Bruselas temía que el llamado lobby del hormigón fuera también el principal beneficiado del Fondo de Cohesión en los países del Este. 'Existía la preocupación de que el Fondo se concentrara mayoritariamente en infraestructuras de transporte', dice el departamento de Política Regional de la CE cuando se cumple un año de la ampliación. 'Pero en casi todos los países se espera conseguir un equilibrio entre esa partida y la de medio ambiente'.

La experiencia española e irlandesa arroja otra lección. Ninguno de los dos países parece haber aprovechado los fondos para generar un modelo de crecimiento económico sostenible a largo plazo. Los técnicos de la Comisión barruntan nubarrones en ambos países: pérdida de competitividad, y en España, además, una peligrosa burbuja inmobiliaria.

El propio reparto de los fondos, sin embargo, no parece favorecer esa proyección a largo plazo. La UE destina 1.200 millones de euros anuales a investigación y desarrollo y 40.000 millones a subsidios agrícolas. Entre 2000 y 2006, las regiones más pobres de España tienen asignados 8.800 millones para recursos humanos (educación, formación continua) y más del doble para infraestructuras. De esta última partida, sólo se destinarán 800 millones ¡en siete años! a telecomunicaciones y sociedad de la información. Las regiones pobres corren el riesgo de que, cuando alcancen la convergencia deseada, las ricas se encuentren ya en un futuro tecnológico inalcanzable.... ni siquiera con ayudas multimillonarias.