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Debate abierto
Tribuna
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La paradoja de las herencias recibidas

El debate en torno a las perspectivas financieras de la UE para el periodo 2007-2013, que la presidencia luxemburguesa quiere concretar este semestre, entra en una fase decisiva en la que se entremezclan peligrosamente los intereses nacionales, diversos procesos electorales y algunas consultas populares sobre el Tratado Constitucional Europeo. En este complejo entorno conviene hacer un esfuerzo por clarificar tanto la situación real de partida como las posiciones de los diferentes partidos.

En cuanto al análisis de la situación, está claro que España se ha beneficiado enormemente de unos fondos que han permitido mantener un saldo fiscal con la UE de cerca del 1% del PIB, y que ha acelerado nuestra convergencia con la renta de los socios europeos. æpermil;ste es el objetivo de tales fondos, de forma que su éxito contiene en sí mismo la semilla de su extinción, pero este proceso se ha visto acelerado por la incorporación de los nuevos socios comunitarios. La posición del Gobierno socialista español es clara al respecto: debemos asumir con normalidad cierta reducción de nuestros saldos fiscales con la UE como fruto tanto de nuestro propio crecimiento como de una ampliación ante la que tenemos que trasladar la solidaridad que en su día recibimos. La cuestión, por tanto, no está en debatir estos aspectos generales, sino en la concreción de qué reducción de fondos es aceptable para el Gobierno de España, y con qué plazos.

La propuesta realizada por la Comisión en febrero de 2004 es un punto de partida perjudicial para España por estos dos elementos: hace recaer sobre nuestro país una parte excesiva del peso de la ampliación, y lo hace de una forma brusca que contradice la tradición comunitaria. Respecto a la velocidad, las perspectivas financieras 2007-2013 deberían ser de transición, y respecto al reparto, deberíamos tomar como referencia el reparto del impacto beneficioso de la ampliación, que lógicamente se concentra en los países del centro de Europa, que por proximidad se beneficiarán más de los nuevos mercados y por especialización competirán menos con unos nuevos miembros cuya ventaja competitiva se basa en principio en unos menores costes laborales. Esta situación transitoria tiene una difícil plasmación en unos criterios generales de reparto y quizá sea más fácil diseñar unos mecanismos transitorios que recojan directamente nuestra especificidad.

El éxito de los fondos europeos contiene en sí mismo la semilla de su extinción

Es necesario señalar que los fondos europeos se han dedicado hasta ahora básicamente a obra pública, centrada en las regiones menos favorecidas: el impacto sobre la demanda agregada en estas zonas es evidente (al menos mientras se construyen las obras), pero el efecto que se busca debe ser mejorar la eficiencia y el atractivo de estas regiones como destino inversor, y ahí los resultados son menos concluyentes. Se suele constatar (véase por ejemplo el trabajo de Delgado y Álvarez en Hacienda Pública Española, 2004) que el capital público y el privado son complementarios, de forma que la productividad de la inversión pública se ve claramente reducida si no va acompañada de la correspondiente inversión privada productiva, como por desgracia ha pasado en algunas regiones. En esta situación la UE se plantea actuar directamente sobre la inversión privada, impulsando y diseñando nuevos mecanismos de ayudas a la I+D, a la competitividad de las empresas y a la reducción de lo que se ha dado en llamar brecha digital.

Una buena muestra de esta reorientación es el anuncio realizado en este mes de abril de que el séptimo programa marco para la investigación en la UE (2007-2013) podrá contar con 73.500 millones de euros, frente a los 17.500 del actualmente vigente (se puede analizar esta información en www.cordis.lu/fp7). Este cambio en los instrumentos de la política europea puede ser la vía por la que recuperar un tratamiento específico de la realidad española, puesto que en materia tecnológica mantenemos un diferencial negativo con nuestros socios comunitarios para el que el nuevo diseño de la política europea puede ser un instrumento clave.

Frente a esta situación resulta especialmente triste la postura del PP: si en 1992 tildaban al presidente González de 'pedigüeño' por conseguir unos Fondos de Cohesión de los que se han beneficiado (ellos y todos los españoles) en sus ocho años de gobierno, en febrero de 2004 permitieron que la Comisión Europea presentara una propuesta muy perjudicial para España que, al ser punto de partida de la negociación lastra claramente nuestras aspiraciones. La UE ya ha reconocido la existencia del 'problema español', y estamos trabajando por solucionarlo, pero lo que ya es tristemente historia es esta paradoja de las herencias recibidas.

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