Fondos europeos, ¿y ahora qué?
Los fondos estructurales y de cohesión de la UE han aportado 105.000 millones de euros netos a España desde su ingreso a la Comunidad en 1986. La ampliación de la Unión reducirá mucho esta ayuda a nuestro país, algo que el autor considera lógico y justo
Nunca antes se habían vertido tantos argumentos a favor de la adhesión de España a la Unión Europea (UE) como los esgrimidos con ocasión del pasado Referéndum para la Constitución Europea. Un fervor europeísta que corre el peligro de enturbiarse con las Perspectivas Financieras 2007-2013. Una negociación en vigor que, bajo todo pronóstico, supondrá un recorte de los fondos comunitarios de los que ha venido disfrutando España.
La ayuda financiera que la UE instrumenta a través de los Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión ha supuesto un notable impulso para la economía española. Desde nuestra adhesión, España ha recibido de las arcas comunitarias un saldo neto favorable de cerca de 105.000 millones de euros que nos han permitido acercarnos a los niveles de bienestar europeos. Unos beneficios que han creado o mantenido cerca de 300.000 empleos anuales y que, sin duda, han contribuido al mayor crecimiento sostenido de España de los últimos siglos: un punto más de convergencia por año desde nuestra incorporación.
Nuestra adhesión, junto con la de Portugal, amplió sustancialmente el área de comercio de la UE pero también obligó a reequilibrar el gasto comunitario, situación muy similar a la que vivimos hoy pero desde el otro lado. La ampliación de la UE ha abierto expectativas de ilusión pero también incertidumbres sobre cómo va a afectar la redistribución de fondos. Un reajuste que afecta principalmente a las regiones más pobres de los países veteranos como España que han de ceder su parte del maná de convergencia a los nuevos socios.
España ha superado con nota el examen de los fondos europeos y no tiene sentido repetir curso
La negociación del marco financiero 2007-2013 será una nueva prueba de fuego para el proyecto de unión en la que todos los Estados, incluyendo España, hemos de arrimar el hombro de la solidaridad y también del sentido común. Un proceso de reacomodación en el que todos hemos de dar un pequeño paso atrás a fin de tomar un impulso mayor. Porque para bien o para mal, los miembros de la UE ya no dependemos de la bonanza de nuestro Estado sino de la de los veinticinco.
El progreso, relativo y también absoluto, de la economía española y la limitada aportación de los países netos hacen que las ayudas percibidas hasta 2006 vean mermada su cuantía. Los fondos parecen haber tocado techo justo cuando nuestra convergencia europea empezaba a hacerse palpable en buena parte de nuestra geografía y, por ello, la pregunta que más resuena entre los colectivos afectados es: ¿y ahora qué?
Según recientes estudios, España podrá dejar de recibir entre el 30% y el 45% de los 56.205 millones de euros que está percibiendo en el septenio 2000-2006. Este sustancial recorte vendrá propiciado por dos hechos. Primeramente, porque de forma natural superamos el umbral de convergencia para percibir tanto el fondo de cohesión como buena parte de los fondos regionales. En segundo lugar, porque, con la ampliación, algunas comunidades españolas suben de categoría -aunque sólo sea por efecto estadístico- al haberse incorporado a la UE regiones menos desarrolladas. Unos recortes que coincidirán con un incremento en las aportaciones que España ha de hacer a la UE.
Como se dice en Europa, nuestro país ha sido víctima de una 'convergencia acelerada' premiada incluso con fondos de eficacia, y más vale que haya sido así. Para hacer menos duro el éxito y de cara a la negociación del próximo septenio presupuestario de la UE, nuestro Gobierno plantea tres reivindicaciones: un período de 'gradualidad' para adaptarse a las nuevas situaciones, mayor equidad en el reparto de los fondos y una mayor suficiencia de recursos para hacer frente a los objetivos de la Unión. Tres principios que guiarán la negociación y que, de conseguirlos con acierto, reforzarán nuestro papel dentro de la Europa de los veinticinco.
Con una etapa transitoria que limite los efectos sobrevenidos por la ampliación, España podrá compensar la merma de ayuda comunitaria al tiempo que se prepara para acceder a fondos especiales como los de innovación y nuevas tecnologías. Además, la ampliación ha abierto nuevos mercados que España puede aprovechar para exportar servicios de valor añadido como bienes agroalimentarios, una próspera industria medioambiental y un turismo renovado.
España ha superado con nota el examen de los fondos europeos y no tiene sentido repetir curso, máxime cuando hasta las regiones menos ricas pueden seguir creciendo a buen ritmo. La convergencia reside en el principio de equidad y no sería justo ni coherente interferir para que los nuevos socios reciban el impulso que corresponde a su menor desarrollo.
Por último, la limitación de recursos que los países aportan a la Unión (1,24% del PIB, excesivo para algunos países netos) es uno de los impedimentos para que Europa gane en productividad. En este sentido, el artículo I-54 de la Constitución Europea postula que podrán establecerse nuevas categorías de recursos propios. Una propuesta que abre la vía para obtener de forma más equitativa los recursos necesarios para acelerar la convergencia europea y ganar la partida a la economía americana. ¿Un nuevo impuesto europeo? El tiempo lo dirá.