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Tribuna
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Portugal: una nueva política económica

La economía de Portugal adolece de una larga serie de problemas que ha de afrontar el Partido Socialista tras su victoria en las elecciones del 20 de febrero. El autor subraya el consenso en la necesidad de un cambio en el rumbo de la política económica y financiera del país y define las prioridades

En pocos periodos de la historia reciente de Portugal habrá habido un consenso tan universal como hoy en que el rumbo de la política económica y financiera debe cambiar, volviendo a discurrir por un camino de convergencia real con sus socios europeos.

Nos encontramos hoy con las secuelas lógicas del deterioro sufrido en los últimos años por la situación económica y financiera; es decir, un paro creciente, bajo crecimiento económico -inferior incluso a la media de la UE-, la renta per cápita más baja de la zona euro y el incumplimiento del criterio del déficit público del Plan de Estabilidad y Crecimiento (PEC). Todo ello en un contexto problemático de baja productividad. Este escenario dicta por sí solo las principales prioridades políticas que demanda el país. No son otras que la productividad, el crecimiento y el empleo.

Resulta imperativo que el nuevo Gobierno luso siga una política de riguroso ajuste presu-puestario. Ahí está realmente el punto clave

Con independencia de que la utilidad de una política de inversiones públicas productivas sea incuestionable, la inversión privada será siempre el principal motor para mejores niveles de productividad, competitividad, crecimiento sostenido y empleo.

La inversión privada ha de canalizarse de forma muy especial hacia un incremento de la capacidad exportadora. Es el gran reto del sector privado al que los Gobiernos deben apoyar, motivando a los agentes económicos a invertir. La motivación a la inversión, como función de la credibilidad suscitada por los Gobiernos, demanda del nuevo Ejecutivo un discurso positivo, generación de confianza y un realismo prudente, evitando exageraciones como las del Gobierno saliente en los inicios de su mandato, cuando diagnosticó que el país se hallaba poco menos que en bancarrota.

Que es necesario que la credibilidad del Gobierno sea capaz de crear la plataforma de confianza necesaria para edificar las soluciones que la coyuntura requiere es evidente, como que la credibilidad de un Gobierno es resultado del acierto de sus políticas económicas y financieras. No bastan las palabras. Hacen falta hechos.

Sabemos hoy que ajuste presupuestario y crecimiento no son incompatibles. Más bien todo lo contrario, desde el momento que el ajuste es, en sí mismo y como exigencia del PEC, un factor crucial a la hora de generar un ambiente de credibilidad y confianza. Además, dado que en la UEM los países no pueden tener políticas monetarias ni cambiarias independientes, tan sólo pueden orientar de acuerdo con su estrategias las políticas presupuestarias y fiscales. En consecuencia resulta imperativo que el nuevo Gobierno de Portugal siga una política de riguroso ajuste presupuestario. Ahí está realmente el punto clave.

Vemos sin embargo que en la actual coyuntura la puesta en marcha de esta política se enfrente a importantes dificultades, dado que requiere como premisa la reducción del gasto público. La alternativa de hacerlo vía ingresos no parece deseable, desde el momento en que incrementar los impuestos tendría efectos colaterales indeseables, especialmente sobre el crecimiento y el empleo. Tampoco se podría caer en el error del Ejecutivo anterior con su política de ajustes a través de ingresos extraordinarios, bien procedentes de la venta a descuento de activos, bien por la incorporación al sector público de fondos de pensiones privados de empresas de capital público, prácticas estas de dudosa transparencia y perniciosas a largo plazo al no resolver el déficit de forma estable y obstaculizar la generación futura de riqueza. Los datos del problema nos llevan a concluir que la solución coherente y duradera está en la reducción del gasto público.

Ante todo se requiere la identificación de las funciones/fuentes del gasto y el aislamiento de los prescindibles. Estos han de ser integrados en un programa plurianual con objetivos de reducción cuantificados y periodificados. Es necesario igualmente proceder a la reorientación del gasto público haciéndolo coherente con las directrices de la política económica. No conviene olvidar que el gasto público es un factor de muy reducida elasticidad, por lo que las acciones que lo involucran tardarán años en alcanzar el deseado equilibrio presupuestario.

Las reformas imprescindibles para garantizar de forma consistente y a largo plazo la sostenibilidad de las cuentas públicas, tienen un coste inmediato que no sería posible obviar. Se trata de la modernización de la Administración, la mayor eficacia de la Administración Tributaria contra la evasión fiscal, una gestión más empresarial del Sistema de Salud Pública, la sostenibilidad de la Seguridad Social o la descentralización de funciones públicas. No parece realista pensar que tales reformas se puedan acometer con políticas ajenas al hecho social, con recortes indiscriminados y bruscos del gasto público. Hay que pensar más bien que la eficacia, para conseguir los objetivos estructurales que las propias reformas persiguen, exige importantes inversiones a corto plazo. Nos referimos por ejemplo a equipos informáticos, reestructuraciones de personal, etcétera.

Portugal debe reducir el gasto público de forma consistente, pero sin perjuicio de hacerlo gradualmente para no incidir negativamente en el crecimiento y en el empleo.

En cuanto a la política tributaria vemos la necesidad de un ambiente de serenidad fiscal, es decir, de estabilidad normativa, de simplificación administrativa y de disminución de los beneficios fiscales, como otra vía más de creación de la confianza necesaria para la inversión.

En otro campo, es imperioso asumir como prioridades la educación y la Investigación & Tecnología como pilares para sustentar la competitividad y la capacidad de crecer. Ambas deberían ser direccionadas, incluso con objetivos cuantificados, a la producción y desarrollo del capital humano. El Plan Tecnológico que el nuevo Gobierno ha anunciado, es una señal muy esperanzadora. El Gobierno debe proseguir la política de apoyo directo a los sectores más competitivos y con más potencial exportador, aunque su identificación no sea fácil.

Tan importante o más que todo mencionado es la necesidad de una reforma cívica y cultural. Es necesario transmitir, y que la sociedad así lo entienda, la necesidad de invertir más en educación, lectura, que es un deber pagar los impuestos, etcétera.

En esta actitud de reforma cívica y cultural el Gobierno debe asumir una vez más un papel de referencia. Podría ser importante aprobar, como hizo el Gobierno de España, un Código de æpermil;tica de Buen Gobierno.

Me gustaría finalmente, dejar constancia de que, si bien es verdad que los problemas con los que se enfrenta Portugal son muchos y complejos, también es cierto que hay muchas y buenas razones para tener esperanza. Portugal es un país con orgullo de su larga Historia, unido dentro de una clara identidad política y cultural, y a los portugueses les gusta creer en su futuro. Porque lo tienen y es muy esperanzador. Así ha quedado demostrado en las elecciones del pasado 20 de febrero, con una alta participación y con la opción por una solución política estable. Todo ello me confirma que se dan todas las circunstancias, desde el punto de vista político y social, para que sea todo un éxito la aplicación de las políticas y reformas necesarias. Sin duda, Portugal bien lo merece y lo va a lograr.

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