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Tribuna
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Más I+D

Una importante proporción del gasto en investigación y desarrollo en España corresponde a filiales de empresas del exterior

El Gobierno ha hecho público el Plan Dinamizador de la Economía. Se trata de un paquete de 100 medidas, que se complementarán con nuevas propuestas a lo largo de la legislatura, con el objetivo de mejorar la productividad y la competitividad de la economía española.

La necesidad de un plan de este tipo es clara. El comportamiento de la economía española ha sido en los últimos años mejor que el de la Unión Europea. En 2003 creció un 2,5% mientras la zona euro lo hizo al 0,5% (2,7% frente a 1,7% en 2004), en términos de empleo España ha sido el país de la UE más activo en la creación de ocupación.

Sin embargo existen una serie de variables cuyo comportamiento ha dejado mucho que desear, el déficit exterior ha empeorado a ritmos elevados (un 23% en el 2003, y un 31% en 2004), la economía española ha perdido competitividad y ha registrado incrementos de la productividad anuales por debajo del 1%, lo que constituye una señal preocupante y hace necesario establecer un plan de actuación en este ámbito.

Si se analizan las medidas del plan, más que orientadas a la productividad, parecen orientadas a la competitividad. La mayor parte tratan de aumentar la competencia en mercados, como el eléctrico, o el transporte ferroviario, donde la situación dista mucho de ser la de mercados competitivos. Un incremento en la competencia en estos mercados debería favorecer una mejora en la calidad y en los precios, que, dado que son servicios utilizados por el resto del tejido empresarial, repercutirían en una mayor competitividad de la economía española.

Existe un segundo conjunto de medidas relacionadas con los mercados financieros, entre ellas se pueden destacar la modernización de la Ley de Sociedades de Capital-Riesgo (que es fundamental para ayudar a la financiación de proyectos emprendedores) o el régimen de admisión a la cotización en los mercados financieros. Medidas de este tipo son necesarias en un contexto empresarial donde predominan las pymes, que con frecuencia tienen dificultades para acceder a la financiación que necesitan para invertir.

Una medida que puede afectar más directamente a la productividad es el desarrollo de una sociedad estatal para favorecer la atracción de la inversión exterior. En España la inversión que provenía del exterior ha sido en muchos períodos un elemento clave para favorecer la modernización del tejido empresarial, así por ejemplo una importante proporción del gasto en I+D en España ha correspondido a filiales de empresas del exterior.

La ampliación de la UE hacia países con regímenes fiscales atractivos, mano de obra bien formada y salarios comparativamente bajos hace que sea necesario esforzarse para favorecer el flujo de inversión exterior, que ya no parece tan asegurado como en el pasado. En este sentido, la iniciativa parece interesante aunque falta ver cómo se materializará. Por último, se fomenta la inversión en tecnologías de la información a través del aumento de la deducción en el Impuesto de Sociedades.

Los más críticos destacan que dichas medidas poco impulsarán la productividad, lo cierto es que las propuestas son coherentes aunque requieren cambios adicionales. A este respecto debe decirse que la mejora de la productividad pasa por políticas que requieren un esfuerzo a más largo plazo. Destacaría dos: la educación y la investigación y el desarrollo.

Las economías europeas más competitivas son aquellas que gozan de un alto contenido en capital humano; hemos de mejorar nuestro sistema educativo, por que el capital humano es la base de trabajadores más productivos y con más capacidad para generar valor, y por tanto un mayor PIB per cápita. Los datos más recientes (véase el informe PISA) implican que es necesario incrementar los esfuerzos en este ámbito.

El otro punto pendiente es la I+D, el esfuerzo que realiza la economía española en este aspecto está muy por debajo de la media de la UE, pero si se desglosa la inversión que corresponde al sector público y nos centramos en la investigación y desarrollo empresarial la diferencia es mayor. Es necesario aumentar la capacidad innovadora de la empresa española, y su capacidad emprendedora, porque la I+D es el fundamento del crecimiento de la productividad. Por tanto, se trata de un primer paso en la dirección correcta, pero el camino por andar todavía es largo.

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