Pagar por usar las infraestructuras
El Gobierno ha diseñado un ambicioso programa de construcción de infraestructuras que culminará en 2020 y absorberá recursos por valor de 240.000 millones de euros. La dimensión financiera del proyecto, al que habrá de sumarse la desviación monetaria y el mantenimiento, la convierte casi en inalcanzable para el presupuesto público. Sobre todo si se tienen en cuenta al menos tres circunstancias estructurales del gasto: escasez de recursos por la obligada austeridad impuesta por Bruselas, pérdida de ingresos comunitarios tras la ampliación y necesidad de intensificar el esfuerzo financiero en la infraestructura tecnológica e intelectual, aquella en la que el atraso de España la hace más vulnerable.
Por ello la participación privada en la construcción de infraestructuras es necesaria y los gestores públicos deben escuchar las insistentes ofertas de liquidez afloradas en los últimos meses. Pero deben replantearse, y así lo admite Fomento, las fórmulas de pago de las obras y su conservación. A medida que el presupuesto público pierde elasticidad, debe ganar protagonismo el pago por el uso de la infraestructura, la tarificación de la utilización del servicio o bien público.
La creencia de que lo financiado con impuestos es gratis debe desterrarse ya, y abrir camino a un modelo en el que sólo se financie con dinero público (impuestos privados) aquello que tiene carácter diáfanamente universal. En paralelo debe establecerse un modelo de pago por el uso de infraestructuras (peaje) en régimen de concesión y suficiencia financiera, y que proporcione máxima transparencia en coste, precio y margen. España dispone de una red básica y universal de infraestructuras que debe conservar su naturaleza pública y financiarse con impuestos. Todas las alternativas que entren en competencia con lo ya existente son soluciones que alivian la red pública y su presupuesto, capitalizan la economía del país y son oportunidades libres de negocio para multitud de sectores empresariales, no necesariamente más caras para los usuarios y en absoluto onerosos para los contribuyentes.