COLUMNA

Televisión, más o menos

El decimoquinto cumpleaños de la televisión privada en España ha sido celebrado por Uteca (Unión de Televisiones Comerciales Asociadas) con algunas publicaciones que merecen atención por la cuenta que dan, las observaciones que señalan y las propuestas de futuro que formulan. El martes pasado, día 28, en las páginas del diario La Vanguardia un buen amigo periodista adelantó un análisis perspicaz del estudio encargado por Uteca a la consultora Deloitte sobre el Impacto Económico de la Televisión Privada. Un trabajo prendido en dos ideas casi obsesivas: primera, la de desalentar a potenciales nuevos inversores en un sector imposible de catalogar como rentable, y segunda, la de advertir del modo más suasorio posible al regulador (que es el nuevo nombre con el que viene a designarse el poder gubernamental) para adoptar las mayores cautelas, es decir, las máximas restricciones a la hora de otorgar nuevas licencias en un área como esta de la televisión privada, donde la apertura a una mayor competencia pudiera acelerar la ruina asegurada de todos los competidores.

Hace 25 años algunos cifraban en la aparición de la televisión privada todas las maravillas del país de Alicia. De la competencia iba a surgir todo lo mejor. Otra cosa es que esos augurios se frustraran y acabara instalándose la competencia como una espiral degenerativa hacia lo peor, que acabó arrastrando a la propia televisión pública, sostenida en su condición de servicio doméstico del Gobierno de turno en la búsqueda de la audiencia más facilota por toda clase de basureros. Que la innovación brillara por su ausencia y que se estableciera el principio de que millones de moscas en absoluto pudieran equivocarse en su preferencia por la mierda.

Al mismo tiempo pudo observarse cómo los recién llegados se apuntaban a la renuncia a las producciones propias y preferían acudir a encarecer la subasta en la compra de las series americanas. Así por fin pudimos ver lo mismo en diferentes cadenas, que se arruinaban con las adquisiciones. Falta por estudiar qué sucedió para que se estableciera la competencia hacia la infamia en lugar de hacia la excelencia aparte de ese principio universal de piensa mal de la audiencia y acertarás.

Falta por estudiar qué sucedió para que se estableciera la competencia hacia la infamia en lugar de hacia la excelencia

Pero la propia Uteca, sin atribución de autor ni prólogo o introducción de autoridad alguna, ha editado también un Informe sobre la Situación del Audiovisual en España que tiene un aire plañidero a partir de dos coordenadas. La primera, la falta de una definición del servicio público de la televisión, que figura entre las condiciones impuestas a las televisiones privadas, mientras se agravaban los problemas derivados de la orientación comercial paulatinamente adoptada por la televisión pública, cuya financiación a cargo del erario público ha rebasado las producciones susceptibles de ser etiquetadas como de servicio público.

La segunda, la inexistencia de garantías de una gestión independiente de la televisión pública, hasta ahora cifradas únicamente en una Comisión Parlamentaria del Congreso de los Diputados, que carece de poder alguno para instruir y sancionar los comportamientos inadecuados.

El informe de Uteca incluye un repertorio pormenorizado de la caótica legislación en el ámbito de las televisiones según su alcance -nacional, autonómico o local- o el sistema tecnológico del que se sirven -analógico, digital, por satélite, por cable, etcétera-. Al final concluye con una letanía de peticiones que van desde la necesaria compilación de la actual maraña de normas; la solicitud de reglas específicas que ordenen la competencia de modo que sea posible la viabilidad económica; la rebaja o supresión del IVA soportado; la reforma de la legislación de propiedad intelectual; el sometimiento de las televisiones públicas a un severo estatuto donde se les impongan cargas y obligaciones concretas en cuanto a programación, publicidad y técnicas de las que los operadores privados quedarían exentos; la restricción de acceso de las televisiones públicas al mercado publicitario tanto por lo que se refiere al tiempo de emisión como en cuanto al volumen máximo de ingresos en este capítulo; la creación de una autoridad independiente del audiovisual con capacidad de control y sanción, de la que sólo carecen Luxemburgo y España dentro de la UE, y la búsqueda de un consenso previo al efecto de que la emisión digital se inicie al mismo tiempo que la renovación del parque de receptores, de modo que resulte técnicamente posible y económicamente aceptable para el consumidor.

Imposible detectar en sus 112 páginas un solo apunte autocrítico sobre la trayectoria descrita en estos 15 años. En resumen, como decía el notario Alberto Ballarín, la Ley de Caza hecha por el conejo. Atentos.