Destino de los recursos generados por las empresas
Los datos de la Central de Balances del Banco de España publicados el pasado mes de noviembre permiten, entre otras muchas cosas, conocer con poco desfase temporal la distribución de los recursos que se generan en la actividad empresarial. Esos datos, que abarcan los 22 últimos años, contienen alguna peculiaridad bastante generalizada, situaciones únicas y, en su conjunto, permiten calibrar aspectos relevantes de la trayectoria empresarial y valorar algunas exigencias que se hacen a las empresas.
Si se considera la cuenta de pérdidas y ganancias del conjunto de empresas no financieras y se da el valor de 100 a los recursos generados se obtiene el peso relativo de cada partida. En 2003 los consumos intermedios se llevan el 66,5% del total, con lo que, para retribuir a los factores de producción, amortizaciones, impuestos, cargas financieras y provisiones, queda un valor añadido del 32,2%. Deduciendo el 16,3% que suponen los gastos directos de personal el resultado económico bruto equivale al 15,9% de las ventas, que iguala al obtenido en 1997 y es el más elevado de los años para los que se cuenta con información de esta fuente.
El resultado económico bruto se reduce con los pagos por intereses, que se llevan el 3,1% y con la suma de amortizaciones y provisiones, que asciende al 7,1%. A esto se añade el 2,9% que suponen los ingresos financieros y se obtiene el 8,6% de resultado ordinario neto, que es el mayor de la serie y, en este caso, sin compartir con ningún otro esta posición. Desde aquí, deduciendo el 1,6% que corresponde al saldo negativo de los resultados extraordinarios y el 1,2% de los impuestos sobre beneficios, se llega al resultado neto de 5,8%. De éste se reinvierten tres puntos porcentuales y se propone repartir el resto, esto es, el 2,8%, al que en su momento se aplicarán los impuestos por IRPF que procedan en cada caso.
Las empresas tienen limitaciones al uso del beneficio retenido, como su objetivo social, al que deben asignar los recursos aportados o generados
Conviene recordar que el pago de intereses y gastos afines fue, en promedio de la serie completa, el 5,4% de los ingresos y, desde 1982 hasta 1996 inclusive, superó el resultado neto total, situación que se volvió a repetir en 2002. En buena lógica, considerando que en promedio de los 22 ejercicios los recursos propios son el 39,1% del pasivo total y la financiación ajena con coste el 36,4%, el resultado neto (2,5%) debería rebasar a los gastos financieros (5,4%) y la realidad es la contraria. Incluso si se suma el impuesto sobre los beneficios que sube al 1,4% de los ingresos, el pago por la financiación externa excede a la retribución de los recursos propios.
El beneficio no distribuido debe ir a investigación, innovación, inversiones necesarias para expansión interna y exterior, mejora de eficiencia en procesos productivos, calidad, prevención de riesgos laborales y para atender al incremento de retribuciones del personal, así como a su formación. Otros candidatos al reparto de estos recursos son el mecenazgo y soporte a actividades de la zona en que radican las empresas, como fiestas o deportes. Recientemente se insta a que las empresas asuman más funciones, esto es, a que las paguen.
Las empresas son instituciones eficientes y parece suponerse que su eficiencia se extiende a cualquier ámbito en que decidan actuar, como la formación, la cobertura de carencias sociales, el apoyo a diversos proyectos de investigación social y manifestaciones culturales y, además, se pide que certifiquen y auditen sus prácticas en ese ámbito.
Cada una de estas funciones tiene importancia intrínseca y utilidad social que las hace merecedoras de atención individualizada por parte de quien pueda evaluarla con criterios pertinentes. Estas actividades deben tener una triple fuente de financiación: los recursos presupuestarios de las Administraciones públicas, los ingresos de mercado que puedan generar y el apoyo del patrocinio de personas físicas. En última instancia, la Administración, el mercado y las personas físicas implicadas son quienes legítimamente pueden entrar en estas actividades.
Las empresas tienen limitaciones al uso del beneficio retenido, como su objetivo social al que deben asignar los recursos aportados o generados. Otra restricción viene dada por la normativa tributaria que considera liberalidad cualquier gasto no necesario para la obtención de los ingresos. Por importante que sea lo anterior, aún lo es más el hecho de que sus recursos son limitados, por lo que la detracción que se quite a la retribución de factores productivos y atención al cliente afecta negativamente a la eficiencia y favorece la penetración de competidores al tiempo que va a suponer una reducción de la eficacia en el gasto que atienda a funciones en las que carece de competencia.