Una salida para gestionar la inmigración
La sociedad española y la UE sabemos que uno de los problemas más graves, conocidos y sin vías de solución, que ha heredado el Gobierno del señor Rodríguez Zapatero del anterior Gobierno Aznar, es la gestión de la inmigración en España.
En este tema no existen soluciones mágicas, en especial si no se buscan con ahínco y con respeto a las libertades y derechos constitucionales. Tampoco cabe pensar que, encauzando las vías de entrada legal o sistematizando la inmigración galopante que llega a España, podremos solucionar las causas de la inmigración.
Dichas causas no son de la política interna española sino que están enraizadas y se generan en la situación económica y política de los países de origen. La cooperación para el desarrollo, en ocasiones bilateral (Estado a Estado) o en otras, multilateral a través de la ONU, UE u otras organizaciones internacionales, es la única salida posible que se vislumbra, aunque no estoy convencido que sea la única o la más segura.
La pregunta que hoy por hoy deberá plantearse al nuevo Gobierno es si hay posibilidad de adoptar medidas idóneas para controlar primero; acoger después, e integrar finalmente a la masa de inmigrantes que han llegado y están llegando a esta tierra prometida que es España. Son medidas que partiendo de un concepto general o estratégico de la política de extranjería son muy distintas en cuanto a su concepción y ejecución.
Las políticas de inmigración no son únicamente policiales o de control de los flujos en fronteras, sino que se insertan en un sinnúmero de otras políticas diarias de ámbito comunitario, estatal, autonómico o municipal y que son pluridisciplinarias, es decir, que competen a distintos ministerios y órganos de la Administración pública: Sanidad, Educación, Cultura, Administraciones Públicas, Vivienda, etcétera.
El primer gran problema, en cualquier caso, y para acordar una correcta política de flujos migratorios, es saber cuántos extranjeros e inmigrantes regulares e irregulares viven y trabajan o simplemente malviven en España. Las cifras y estadísticas que se barajan son dispares según la fuente en que se basen, pero parece generalizada la opinión de que aún hoy viven, en España, un número superior a un millón de extranjeros cuya situación, residencia o trabajo no están debidamente regularizados.
A este contingente de invisibles se le están sumando aquellos extranjeros regularizados o con papeles que solicitan la renovación de sus permisos teniendo un contrato de trabajo fijo. Ahora bien, para tramitar dicha renovación se les exige una cita personal previa; cita que se ha estado concediendo para los meses de noviembre y diciembre del año en curso, aun cuando los permisos les hayan caducando en abril y mayo.
La propuesta que formulo tiene muy poco de revolucionaria, pero sí que puede resultar variable, segura y, a la larga, económicamente rentable para todos: Administración, ciudadanía e inmigrantes. La propuesta consiste en externalizar el servicio de renovación y de regularización de inmigrantes en España. Ello supondría que una empresa de servicios con programas informáticos idóneos y del siglo XXI, con personal especializado en el manejo de la informática y las bases de datos, que -al igual que si fueran socios de un club de fútbol o concurso para funcionarios- controlaran y recepcionaran la documentación y, cuando esta documentación estuviese completa, la trasladaran informativamente con los documentos a la Administración pública competente.
La decisión última sería siempre del departamento ministerial; delegación o subdelegación del Gobierno competente, quien dictaría la oportuna resolución, renovando o rechazando la autorización de residencia y trabajo, mediante una resolución motivada, que a su vez podría ser pedagógica para el extranjero al que va dirigida.
Lo único que se gestionaría por parte de la empresa privada sería la recolección de documentos y la instrucción del expediente, pero sin menoscabar la potestad y competencia de la Administración, y con un trato más personalizado por parte de los empleados, que evidentemente no serían parte y no se les vería como parte de una Administración policial. En definitiva, la propuesta es por su simpleza casi ofensiva: agilizar, dinamizar y poner en eficacia a un servicio público con criterios de empresa privada.
El coste de dicho servicio seguro que es mucho más barato que el actual, no tan sólo por el coste económico, sino sobre todo en coste democrático, defensa de los derechos humanos, seguridad y dignidad de la persona que, hoy por hoy, y con el actual sistema, sacude nuestra conciencia colectiva.