Servicio doméstico, necesario y transparente
El autor plantea la necesidad de oficializar la situación laboral del casi medio millón de empleados domésticos que hay en España. Los cambios sociales y la imposibilidad de controlar este sector obligan, en su opinión, a crear un marco legal más flexible
Una de las mayor revoluciones sociales que hemos conocido es la derivada del cambio de la estructura familiar y del nuevo rol de la mujer, incorporada plenamente al mundo del trabajo fuera del hogar. Este vaciamiento de los hogares trae inmediatas repercusiones prácticas. ¿Quién trabaja en él? ¿Quién lo limpia, ordena y decora? ¿Quién compra y hace la comida? ¿Quién cuida de los niños, los abuelos o los enfermos? Pues en este debate estamos.
Mayoritariamente, es la mujer quien sigue desempeñando todas esas funciones, muchas de ellas simultaneándolas con su trabajo profesional, lo que ha producido el fenómeno conocido como las 'superwomans', que todo lo llevan por delante. Suponemos que, paulatinamente, el hombre incrementará su participación en esas tareas domésticas que, hasta la fecha, recaen sobre el lomo de la mujer. Mejoran las tecnologías y los electrodomésticos, pero el hogar sigue demandando muchas horas de trabajo para poder desenvolverse con cierta dignidad. ¿Y quién hará ese trabajo, si él y ella trabajan fuera? Pues, sin ningún género de dudas, terceras personas que desarrollarán su actividad profesional en lo conocido como servicio doméstico, y que no es ya un adorno de las clases pudientes. Es una necesidad para casi todos los hogares donde sus miembros trabajan fuera de casa.
Si de verdad nos creemos lo de la conciliación de la vida familiar y laboral, la posibilidad de recibir una ayuda en las tareas domésticas se convierte en una necesidad
Cada año que pasa, la demanda de servicio doméstico se incrementa. Y es esta una tendencia que no hará sino acentuarse en proporción con nuestro desarrollo económico. La encuesta de población activa (EPA) nos dice que en 1994 trabajaban 331.700 personas en el servicio doméstico, hoy son ya casi 500.000. Resulta difícil estimar su número en el futuro, pero será superior al de hoy.
La inmensa mayoría de las personas que trabajan en el servicio doméstico (más del 90%) son mujeres, y un significativo porcentaje de ellas, inmigrantes. De nuevo podemos anticipar tendencias: dado que el oficio del servicio doméstico no es atractivo para las españolas, serán mujeres inmigrantes las que terminarán desempeñándolo. Dada la penosa gestión de nuestra Administración en materia inmigratoria, podemos anticipar las tensiones que se producirán al incrementarse a mayor ritmo la demanda de servicio doméstico que la oferta de mujeres con sus papeles en regla. Una de los más frecuentes nichos de contratación irregular de inmigrantes se produce en el mismo seno de los hogares, a través del servicio doméstico.
Pero la inmigración no es la única fuente del empleo sumergido que se produce en el servicio doméstico. Veamos los datos. El servicio doméstico tiene un régimen específico de Seguridad Social, al que se encuentran inscritas algo más de 180.000 personas. Dado que la EPA nos indica que trabajan en el oficio más de 450.000, podemos deducir con facilidad que casi 300.000 personas se encuentran trabajando de forma sumergida. Esta cantidad se ha incrementado sensiblemente desde las 200.000 personas que se encontraban en dicha situación en 1994.
Ya hemos comentado el caso de las inmigrantes sin documentación. Otras fuentes habituales de fraude son las de aquellas personas que trabajan y al tiempo cobran el desempleo. No se dan de alta, porque dejarían de cobrar el seguro. Los que las contratan se ahorran el seguro. Un aparente buen negocio para las dos partes, pero un grave fraude para las cuentas de la Seguridad Social. Esto ocurre tanto en el régimen general, como en el régimen especial agrario.
El ministerio ha decidido tomar cartas en el asunto. Dado que el fraude se produce en el interior de los hogares, es muy difícil que pueda controlarlo a través de la Inspección de Trabajo; prácticamente precisaría de mandamiento judicial para entrar en el seno de un domicilio particular. Parece que sus esfuerzos van dirigidos a cambiar el obsoleto régimen del servicio doméstico. Está bien que se haga, pero si se decide sustituir el régimen especial por el de autónomos o el general, debería tenerse en cuenta el fuerte incremento del costo de las cotizaciones sociales que tendrían que pagar los contratantes. Esto encarecería aún más el servicio doméstico, haciéndolo prohibitivo para muchas familias de rentas medias.
Si de verdad nos creemos lo de la conciliación de la vida familiar y laboral, la posibilidad de recibir una ayuda en las tareas domésticas se convierte en una necesidad. Por eso los responsables deben evitar, en lo posible, el encarecimiento del sistema. Tienen mecanismos para ello, desde las bonificaciones hasta cotizaciones específicas. Si sabemos que el servicio doméstico es necesario, hagámoslo ahora transparente.