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Columna
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Estabilidad y desarrollo

Carlos Sebastián

El conocido como Consenso de Washington, y la doctrina de organismos internacionales como el FMI, es que los países en vías de desarrollo alcanzarán una senda de crecimiento si consiguen la estabilidad macroeconómica.

Varios estudios recientes niegan validez a esta proposición. El argumento fundamental es que las distorsiones macroeconómicas no son sino un procedimiento por el que los grupos dirigentes desvían renta de los que tienen la capacidad y, en principio, la disposición de generarla, ahogando la producción y la innovación. Si por algún motivo, uno de estos países opta por la senda de la estabilidad macroeconómica, no quiere decir que no mantengan las otras vías de desvío de renta.

Un buen ejemplo es Bolivia. En 1985, tras un lustro de profunda inestabilidad macroeconómica (la inflación había alcanzado en 1985 el 2.500%), se optó por un cambio radical en la gestión macroeconómica, que tuvo éxito en términos de sus objetivos inmediatos de estabilidad. Tras seis años en los que la renta per cápita había caído un 3,6% anual, en 1988 comenzó un período de crecimiento. Pero éste siguió siendo relativamente bajo. De 1987 a 2000 la renta per cápita aumentó un 1,4%, tasa menor a la registrada por los países más avanzados del hemisferio.

Los países subdesarrollados deben cuidar su política macroeconómica

La cuestión es que la definición de los derechos de propiedad en Bolivia sigue siendo muy débil por varios motivos. En primer lugar, por una baja seguridad jurídica, debido a un pésimo funcionamiento de la justicia y de las fuerzas del orden. En segundo, por el alto grado de corrupción y el elevado clientelismo. La mayoría de los cargos públicos, desde los gestores de regulaciones administrativas hasta los profesores y maestros, están designados por su afiliación política. Los partidos políticos bolivianos han mostrado una gran flexibilidad ideológica y programática y parecen tener como objetivo maximizar su acceso al control de los mecanismos de clientelismo, más que la puesta en marcha de programas concretos.

Puede decirse que en los países subdesarrollados no se aborda la necesaria reforma de la Administración porque la lucha política no está basada en la provisión de bienes y servicios públicos (para lo que es fundamental una buena Administración), sino en la adjudicación de bienes privados a grupos específicos (subvenciones, concesiones que se otorgan a unos y se niegan a otros, precios políticos favorables a algunos, etcétera.).

Pero los países subdesarrollados deben cuidar su política macroeconómica. Hemos mencionado las consecuencias para Bolivia de un escenario de profunda inestabilidad macroeconómica (1980-1985). Pero, además, que la estabilidad macroeconómica sea incapaz, por sí misma, de acelerar el crecimiento de las economías menos desarrolladas, no quiere decir que cualquier política macroeconómica sea compatible con el cambio institucional que permita impulsar el desarrollo económico.

Tomemos el caso de la India. Desde 1985 se ha producido una aceleración de su renta per cápita (un 3,9% como media), que, sin llegar a los ritmos de otros países del área como China, Corea, Taiwán y Tailandia, ha representado un claro cambio de tendencia.

Desde su independencia, el Gobierno indio estuvo en manos del Partido del Congreso creado por Nehru, que consiguió renovar una y otra vez el control del Parlamento, gracias a una tupida red de clientelismo político que repartía bienes privados a grupos claves en el proceso electoral. El modelo económico estatalizador que implantó Nehru servía muy bien a la consolidación de esa red. Por eso, con toda seguridad, se mantuvo durante tanto tiempo, pese a su ineficacia.

A mediados de los ochenta el nieto de Nehru, Rajiv Gandhi, había ganado las elecciones con muy amplia mayoría. Desde esa posición introdujo algunos cambios en el contexto institucional que contribuyeron a que un sector privado más eficiente aumentara su peso en la economía. Entre 1985 y 1990 la renta creció un 5,7% y la renta per cápita un 4,0%.

Pero los escasos avances en la política macroeconómica hicieron que tan rápido crecimiento condujera a una importante crisis de balanza de pagos en 1990-1991. El Gobierno de Rao (1991) consiguió introducir reformas en la gestión macroeconómica que, junto a una continuación de las reformas iniciadas por Rajiv Ghandi, parecen mantener a la India en una senda de crecimiento muy superior al registrado en los primeros 40 años de su existencia como Estado. Esta experiencia ilustra bien el papel de las reformas macroeconómicas en el avance institucional.

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