El IRPF y la conexión de ficheros
Resulta curioso que, a pesar de algunos errores generalizados en los borradores del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) que emite la Agencia Tributaria, como el caso de la imputación de rentas de viviendas secundarias a uno solo de los contribuyentes en casos de declaraciones separadas, la aceptación ciudadana de este método esté siendo tan elevada y no se haya alzado voz alguna contra una fórmula que, es evidente, combina múltiples ficheros de datos individuales, como las nóminas laborales de las empresas, los registros bancarios de cuentas y valores mobiliarios, el catastro de bienes inmuebles, etcétera.
Indudablemente, existe conciencia de que esta combinación de datos, además de ser susceptible de corrección en caso de errores, está protegida contra terceros, de modo que no puede tener un uso que vulnere las leyes de protección de datos individuales y, sobre todo, puede simplificar mucho el trabajo de cumplimentar las declaraciones de renta, acortar plazos de devolución y evitar las siempre penosas inspecciones tributarias.
Pero, a pesar de estas ventajas, es noticia que se acepte tan positivamente esta conexión de ficheros individuales porque, en el pasado, otras experiencias parecidas, incluso mucho más modestas que la actual de la Agencia Tributaria, han despertado un gran rechazo social que ha saltado a la prensa y ha movilizado a jueces, agencias de protección de datos e incluso defensores del pueblo.
Pues bien, si la conexión de datos individuales, con consecuencias tan directas como es en este caso el pago del IRPF, encuentra tanta comprensión, es de esperar que la conexión de datos con fines estadísticos no encuentre rechazo alguno, dado que no tiene consecuencias sobre las unidades individuales, sean personas o empresas, y además cumple con los requisitos exigidos por la ley de la función estadística pública de no hacer públicos más que datos agregados que no permitan la identificación individual. Esta conexión de ficheros con fines estadísticos, aparte de procurar grandes beneficios sociales, abarata costes en la siempre cara investigación estadística y evita molestias a los ciudadanos.
En el INE se están llevando a cabo varios experimentos de conexión de ficheros. Uno de ellos consiste en combinar el directorio central de empresas (Dirce) con el padrón de habitantes a efectos de conocer algo tan importante como la tipología de quienes inician una actividad empresarial. Mediante los números de identificación fiscal, cruzados con el documento de identidad de nacionales y extranjeros, y recurriendo cuando este cruce es insuficiente a otros datos como nombre, apellidos, provincia de residencia o fecha de nacimiento, se ha conseguido identificar al 97,1% de los nuevos empresarios españoles y al 73,7% de los extranjeros, cifras muy satisfactorias habida cuenta de que las bases legales y metodológicas de los ficheros cruzados no son totalmente compatibles y de los desfases temporales entre ambas fuentes administrativas de datos.
Otra experiencia piloto es el proyecto Savia (sistema auxiliar de variables instrumentales administrativas), donde la propia Agencia Tributaria realiza un proceso anonimizado conexionando sus fuentes con el Dirce, sin vulnerar, por tanto, la Ley General Tributaria. Esta conexión se ha podido realizar en 2,2 millones de unidades legales, un 82,5% de las que figuran en el Dirce, y permite, entre otras cosas, incorporar anualmente al directorio de empresas la cifra de negocio, consiguiendo así disponer de un directorio permanentemente actualizado para seleccionar muestras estratificadas y, además, contar con información estadística de primer orden para cuantificar la evolución de los diferentes sectores.
El apoyo legal de los cruces de datos con fines estadísticos está fuera de duda. El propio reglamento sobre la estadística comunitaria (Reglamento del Consejo Nº 322/97) establece en su artículo 16 que, 'con el fin de reducir la carga de las unidades informantes ( ), las autoridades nacionales y la autoridad comunitaria tendrán acceso a las fuentes de datos administrativos'. Y, en el caso de las estadísticas sobre empresas, es preciso reconocer que la carga ha aumentado espectacularmente, puesto que en España, en los últimos ocho años, ha crecido un 72% el número de unidades de las que el INE recaba información.
El aprovechamiento de las fuentes administrativas, con su conexión, parece ser el futuro de una investigación estadística que, molestando a los ciudadanos lo menos posible, puede obtener información de gran interés y que, gracias a su exhaustividad, sin desvelar datos individuales, puede detectar problemas de toda índole en espacios y colectivos lo suficientemente reducidos para señalar acciones que tiendan a darles una solución satisfactoria.