Prioridades para el Gobierno
Además de mantener el esfuerzo en combatir el terrorismo, la prioridad -sin duda- es la defensa del modelo territorial del Estado establecido por la Constitución, no sólo oponiéndose a los proyectos independentistas, obviamente contrarios al consenso democrático, mayoritario en 1978 y hoy, sino explicando a los ciudadanos que las propuestas de impulsar un proceso federalizante continuado, que aumente cada vez más los poderes de las Administraciones autonómicas (debilitamiento del Tribunal Constitucional en favor de los tribunales supremos de las comunidades autónomas, cambios en la estructura del Senado, reducción de los ingresos de la Administración central y de la solidaridad económica entre comunidades autónomas, etcétera), es desestabilizador para la democracia española.
Los procesos federalizadores históricamente constructivos y exitosos (Estados Unidos, Suiza y Alemania) han sido los que unieron entidades políticas previamente separadas. Los procesos federalizantes disociativos generan una dinámica que prima la intensificación de las diferencias y de los particularismos, y que tiende a distanciar y a separar a los que antes formaban una unidad razonable (Rusia, Ucrania y Bielorrusia, checos y eslovacos, etcétera).
El riesgo es mayor aún en España que en otros países, por la singularidad que presentan los partidos independentistas, nacionalistas o regionalistas, con base en sólo una comunidad autónoma, que obligan a los de base nacional (PP, PSOE, IU) a entrar en competencia con ellos en cada región, con una puja de autoafirmaciones particularistas y de victimismos frente al Gobierno central, que tiende a disgregar, al contrario que la cohesión que dan a los Estados Unidos o a Alemania, los grandes partidos nacionales.
De las reformas por abordar, las más importantes son la tributaria y la del mercado de trabajo
Otra prioridad es la de controlar rigurosamente la inmigración, que es humanamente justa y económicamente necesaria, pero que puede acabar desbordando la capacidad de absorción del mercado de trabajo español y, en lo relativo a la inmigración ilegal, crear problemas de delincuencia y respuestas xenofóbicas extremadamente serios.
Una vez atravesado el periodo 2001-2003, de semirrecesión generalizada de los países europeos, con un éxito comparativo extraordinario, en cuanto a crecimiento del PIB, de la inversión, de las exportaciones y del empleo, lo más probable es que se reanude una fase del ciclo semejante a la de los segundos años noventa, con un crecimiento del PIB superior al 3% y una buena creación de empleo.
De las reformas por abordar, las más importantes son la tributaria y la del mercado de trabajo. La del IRPF debería reducir el número de escalones de la tarifa y acercar el tipo máximo al 35% del impuesto sobre los beneficios de las sociedades. æpermil;ste último tipo es razonable y a mi juicio, no debería modificarse, pues el gasto público español, en porcentaje del PIB, está dos puntos por debajo del promedio de la OCDE, 3,5 puntos por debajo del británico y nueve puntos por debajo del promedio de la Unión Europea y, sobre todo, porque no se pueden desatender las importantes necesidades existentes en educación, sanidad, infraestructuras y fuerzas de seguridad.
La imposición sobre las ganancias de capital no debería variarse, como proponen los partidos de izquierda, pues, además de recordar que aquéllas están, en gran parte sujetas a doble imposición por renta de sociedades y de las personas, el actual tratamiento es ya de los más duros de Europa (en la mayoría de los países, las plusvalías superiores a dos años, están exentas).
En el mercado laboral -dado que el ritmo de crecimiento del empleo será satisfactorio- el esfuerzo debería centrarse en reducir la temporalidad del empleo. Aunque la proporción de los contratos temporales respecto a los totales, después de haber crecido ocho puntos entre 1989 y 1995 (del 27% al 35%), se ha reducido en cinco puntos en el periodo siguiente, ello es insuficiente y me parece conveniente extender a un año el contrato a prueba, e incentivar la conversión de contratos temporales en indefinidos, aunque sea al precio de reducir la indemnización por despido, pues esto es mucho mejor que la precariedad y el despido sin indemnización, de la legislación introducida en los primeros noventa.