COLUMNA

Diferencial de precios

A lo largo del año 2003, el índice de precios al consumo (IPC) español ha continuado creciendo más que el comunitario, con el consiguiente impacto negativo en las expectativas y el deterioro de la competitividad. Es cierto que el índice de precios industriales y el de precios cobrados por los agricultores son menores, con lo que su efecto no es tan grande, pero eso en absoluto elimina su importancia, por lo que conviene repasar algunos aspectos de esta trayectoria para apreciar lo que puede hacerse.

Se ha reiterado que hay un elemento estructural en la persistencia del diferencial del IPC español respecto al comunitario. La experiencia de los últimos 35 años parece avalar esta hipótesis, pues en el periodo comprendido entre 1968 y 2003 sólo en el año 1969 los precios subieron menos en España.

A lo largo de estas tres décadas y media el IPC español tuvo la peculiaridad de distanciarse cuando los precios subían en la Unión Europea (UE) y acercarse, aunque siempre por encima, cuando se moderaban. Es muy probable que influya la herencia corporativista, o lo que es su correlato, la menor competencia interna junto con la escasa apertura al exterior.

Ayudaría dejar de usar como base para el ajuste real de rentas el IPC español para considerar el de la eurozona

Desde la entrada en la CEE en 1986 se notó el aumento de la competencia, de forma que los productos industriales expuestos a ella bajaron de una media anual del 15,3% en el periodo 1976-1984 hasta el 5,4% de promedio en 1985-1990. En el caso de los servicios la reducción fue bastante inferior, pasando del 15,7% al 9% en los mismos periodos. En los años siguientes (1991-1994) el componente de bienes industriales del IPC descendió hasta el 4,8% y el de servicios sólo hasta 8,5%.

Desde 1995 la introducción de aspectos de competencia en algunos servicios acercó los índices y en 1995-2001 el componente industrial se redujo hasta el 2,4% y los servicios, hasta el 3,9%.

Desde entonces el proceso descendente se mantuvo en la industria y cesó en los servicios. Esto indica que puede ser conveniente continuar con reformas como las sugeridas por el Tribunal de Defensa de la Competencia en cuanto a barreras de entrada en el comercio.

En última instancia el aumento generalizado de precios es un fenómeno monetario. Con la autonomía del Banco de España en 1994 y después con la asunción de la política monetaria por el Banco Central Europeo (BCE) la prioridad del banco emisor es la estabilidad de precios. Sin embargo, con poco crecimiento y con precios estables como son los del conjunto de la UE, la política monetaria puede ser expansiva. En la medida en que el crecimiento del PIB en España es mayor, el crecimiento de la oferta monetaria (está en torno al 9% interanual) incide en el aumento de precios.

Curiosamente en 1969 el crecimiento real del producto interior bruto (PIB) fue del 8,9% y superó al de la UE que fue el 6%, mientras que el IPC español, como se comentó al inicio, fue menor. La razón por la que en la actualidad ocurre lo contrario es que el 3,3% de crecimiento del consumo en España, tanto el público (3,6%) como el privado (3,2%), supera al crecimiento del PIB que está en el 2,3% mientras que en 1969 el consumo privado descendió desde el 66,7% del PIB en 1968 al 64,3% en 1969 y el público se mantuvo en el 9,1%.

Cuando la demanda excede a la producción crece el déficit externo, esto es, el país se endeuda, y hay presiones para que suban los precios. Estas presiones son tanto menores cuanto más rápida es la adaptación de la oferta y mayor es el poder negociador de los compradores. La oferta podría aumentar con mayor viveza si las expectativas del conjunto de la eurozona fuesen más claras y la capacidad de consumidores y Administraciones públicas a la hora de comprar se ejerciera con más energía. En el caso de las familias esto requiere un cambio cultural y hacer uso intenso de las posibilidades de información. En el segundo supone cambios regulatorios, ya en estudio avanzado, que mejoren la eficiencia de la contratación. Además, ayudaría el dejar de usar como base para el ajuste de rentas el IPC español (nuestro problema) para considerar el de la eurozona (que es nuestro referente).

Director de Fomento del Trabajo Nacional