La insoportable levedad del PEC
El Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) establece un límite del 3% del PIB a los déficit públicos de los países que configuran el área euro y, a medio y largo plazo, obliga a consolidar unos Presupuestos próximos al equilibrio o superavitarios. Al igual que anteriormente el Tratado de Maastricht, el pacto persigue dos objetivos razonables: garantizar una mínima coordinación de las políticas fiscales de los Estados de la UEM con el fin de no perturbar la correcta instrumentación de la política monetaria común, así como contribuir a un crecimiento económico sano a través de presupuestos equilibrados y políticas fiscales contracíclicas.
Desde el comienzo de la actual fase recesiva, Alemania y Francia han venido teniendo problemas para cumplir las metas presupuestarias del PEC. El déficit público alemán, por ejemplo, se situó en el 3,5% del PIB en 2002 y alcanzará el 4% en 2003, al tiempo que el desequilibrio de las cuentas públicas francesas fue del 3,1% el pasado año y se acercará al 4% en el presente ejercicio.
Haciendo oídos sordos a las reclamaciones de la Comisión Europea, además, los Gobiernos de ambos Estados han decidido recortar los impuestos en los Presupuestos de 2004 para superar el estancamiento económico, lo cual sin duda desembocará en un nuevo incumplimiento del PEC el año que viene. Sobre el papel, si finalmente Alemania y Francia presentan un 'déficit excesivo' por tercer año consecutivo en 2004, deberán efectuar un depósito no remunerado entre el 0,2% y el 0,5% del PIB, que se convertirá en multa si continúan sin corregir la situación.
Ante la actual situación sólo caben dos (malas) alternativas: obligar a los países infractores a pagar las multas y a enmendar sus desórdenes presupuestarios o bien flexibilizar los términos del PEC.
Desde hace varios semestres, sin embargo, Alemania, Francia, Italia y Gran Bretaña presionan a la Comisión para que suavice las condiciones del PEC y, habida cuenta del tamaño y la influencia de los países mencionados, con seguridad el pacto sufrirá cambios sustantivos, por mucho que el comisario Solbes se resista a reconocerlo públicamente.
Desde una perspectiva macroeconómica, además, instar a un país con un desequilibrio de las cuentas públicas excesivo a emprender una intensa consolidación presupuestaria (elevando la presión fiscal y/o reduciendo el gasto público) o a pagar una multa en un periodo de depresión económica contradice la lógica más elemental, puesto que ello representaría un shock negativo que agudizaría la recesión.
Cuestionar la necesidad de coordinar las políticas fiscales de los distintos países en el contexto de una unión monetaria y acotar su margen de maniobra, que es la esencia del PEC, me parece fuera de lugar. En particular, la persistente crítica al límite del 3% del PIB a los déficit públicos es infundada, porque partiendo de un saldo presupuestario equilibrado (situación aconsejable a la vista del proceso de envejecimiento de la población europea y prevista por el PEC a medio plazo) existe espacio de sobra para el juego completo de los estabilizadores automáticos e incluso para políticas fiscales discrecionales.
Ahora bien, lo anterior no debe ser óbice para reconocer que el diseño de las cláusulas por incumplimiento de los términos del acuerdo es inadecuado. El verdadero problema no es que Alemania y Francia se nieguen en la actualidad a aplicar una política fiscal restrictiva, sino que no realizaran el ajuste presupuestario en los tiempos de bonanza económica (antes de 2001) en aras de evitar pasar apuros después. Por consiguiente, una posible línea de reforma de las sanciones del PEC sería castigar a los Estados miembros que no instrumentan políticas fiscales restrictivas en la fase alta del ciclo, lo que constituiría un mecanismo de penalizaciones compatible con la deseable lógica contracíclica de la política macroeconómica.
La ventaja de una reforma de este estilo es que no alteraría la esencia del PEC y, asimismo, proporcionaría una salida más o menos airosa al callejón sin salida actual.
En suma, la Comisión Europea, y con ella buena parte de la credibilidad de la unión monetaria, se encuentra en un brete. Aunque creo que la reforma que he mencionado sería satisfactoria desde un punto de vista económico, el cambio del mecanismo de sanciones a estas alturas sienta un muy mal precedente, facilitando futuras presiones y la elusión de penalizaciones si vuelven a producirse situaciones de incumplimiento.
Si el PEC deja de tener peso en las decisiones fiscales de los países del área euro, la necesaria coordinación de las políticas macroeconómicas de los distintos países quedará seriamente comprometida; una levedad que el proyecto común europeo difícilmente podría soportar indemne.