Opinión

Miedo a que la burbuja estalle

La tradicional resistencia oficial a admitir que la economía española vive pendiente de una burbuja inmobiliaria comienza a aflojar. El precio de la vivienda se ha duplicado en menos de siete años, se cumplen ya cinco consecutivos con subidas anuales por encima del 15% y hay comunidades, como Madrid, en las que el alza en 12 meses ha llegado a un espectacular 30%. La situación va aparejada a un sinfín de circunstancias ligadas al puro comportamiento del mercado, con una explosión de la demanda de primera vivienda sin parangón en la historia española, que ha coincidido con las mejores condiciones de financiación de hipotecas jamás ofrecidas por las entidades. Pero ceñirse a los rudimentos económicos para explicar este auge inmobiliario sería hurtar del análisis elementos fundamentales.

El reconocimiento público del vicepresidente, Rodrigo Rato, de responsabilidades políticas del Gobierno por lo que está pasando es la prueba de que en la cadena de generación de precios subyacen muchos obstáculos estructurales que sólo pueden ser superados con una firme voluntad de todas las fuerzas políticas. El primer eslabón de la cadena sigue siendo el suelo. Y acabar con su alarmante concentración es una cuestión que atañe a todos los niveles de las Administraciones. Mientras sea el urbanismo la vía principal de financiación de los ayuntamientos y, aún peor, persista la sospecha de que es un mecanismo de financiación irregular de los partidos políticos, difícilmente se logrará una solución duradera.

La construcción de viviendas ha engrasado el crecimiento económico, pero al mismo tiempo ha incorporado una vulnerabilidad al modelo que puede pasar factura si la burbuja se desinfla demasiado rápido. Lo lógico es que se vaya a un autoajuste progresivo del mercado, pero, para conseguirlo, hay también que iniciar ajustes estructurales. Del desenlace de todo esto están pendientes millones de españoles muy endeudados y, sobre todo, otros tantos que siguen sin poder acceder a una vivienda.