Pactos sociales en desuso

José María Zufiaur expone la confrontación que existe entre Gobierno y sindicatos en España, Alemania, Italia, Francia, Austria y Holanda. Afirma que es una situación fruto del endurecimiento de las posturas empresariales y políticas

Los datos de algunas economías europeas de primer nivel, como las de Alemania, Francia o Italia y los de otras de menor peso, como la holandesa o la portuguesa, atestiguan que Europa ha entrado en una fase de estancamiento y, quizá, de recesión económica. A diferencia de lo que sucedió durante el decenio anterior a partir de la crisis económica de principios de los años noventa, los pactos sociales, que fueron típicos de esa etapa en varios países europeos, con la excepción de Francia y del Reino Unido, están siendo arrinconados en la actual coyuntura.

Estos pactos no eran simples acuerdos de salarios, sino que contenían compromisos globales a medio plazo destinados a conciliar objetivos de competitividad nacional y de empleo con reformas estructurales del mercado de trabajo, de la protección social o de la fiscalidad. Pareciera que los Gobiernos europeos han optado por cambiar el modelo de gestión tripartita de la crisis por una estrategia de simple consulta y, en su caso, de confrontación con las organizaciones sindicales.

Así, en Alemania, la novedad introducida por el presidente Schröder con su propuesta denominada Agenda 2010 no ha sido sólo de fondo, sino también de forma: hasta ese momento el canciller había intentado sacar adelante sus reformas (por ejemplo, durante el otoño pasado, los cambios introducidos en el sistema de protección al desempleo) buscando un mínimo consenso con el movimiento sindical. Esta vez, en cambio, ha asumido un choque frontal con los sindicatos, rompiendo así con la tradición de un consenso tripartito que ha prevalecido en Alemania desde la Segunda Guerra Mundial, cualquiera que fuera el color del Gobierno.

En Europa, sólo Irlanda parece todavía comprometida con la lógica de pactos sociales, iniciada en ese país en el año 1987

El Gobierno francés, pese a las críticas que hizo desde la oposición al Gabinete de Jospin por su escaso diálogo social, también ha apostado por el enfrentamiento. Primero, con una serie de reformas de la función pública adoptadas de forma unilateral. Después, imponiendo la reforma de las pensiones jugando con la baza de la división sindical.

En Italia, el Gobierno de Berlusconi, apoyándose también en el desencuentro del movimiento sindical, ha dejado clara su voluntad de sacar adelante sus reformas regresivas mediante un procedimiento de simple consulta a los interlocutores sociales, abandonando un sistema de concertación tripartita que había sido particularmente activo a partir de 1993.

Una evolución parecida se ha observado en nuestro país, con la ruptura por parte del Gobierno Aznar del consenso practicado durante su primer mandato: con la imposición unilateral de la reforma del mercado de trabajo, primero, y la del desempleo posteriormente; aunque en ésta tuvo que dar marcha atrás de forma apreciable, tras una contundente huelga general promovida por las organizaciones sindicales.

En Austria, la ruptura por parte del Gobierno del sempiterno consenso social, al imponer con su mayoría política conservadora y el apoyo de la patronal una determinada reforma de las pensiones, ha provocado la primera huelga general sindical después de décadas de concertación. En Holanda, a su vez, tampoco se pudo renovar, a finales del año pasado, el pacto social Agenda 2002 que finalizaba su vigencia: como fórmula alternativa, se ha alcanzado un acuerdo salarial por un año. Sólo Irlanda parece todavía comprometida con la lógica de pactos sociales, iniciada en ese país en 1987.

Esta inflexión no parece ser, en general, el resultado de una valoración negativa de la experiencia por parte de las organizaciones sindicales, que han visto en estos pactos una alternativa a las fórmulas preconizadas por los partidarios de una total flexibilización del mercado de trabajo y de recortar los sistemas de protección social, sino fruto del endurecimiento de las estrategias gubernamentales y empresariales.

Si bien hace tiempo que este tipo de pactos dejaron de ser un intercambio equilibrado de concesiones y de logros, en la última década han servido a las organizaciones sindicales para limitar, y retrasar, los retrocesos sociales. Para lograr el consenso sindical, los partidarios de las contrarreformas liberales habían aceptado, hasta el presente, atenuar sus pretensiones y tratar de lograrlas en sucesivas etapas. Ahora, en cambio, parece que optan por la vía directa, por hacerlo todo de golpe y sin contar con los sindicatos.

Seguramente son varios los factores que explican este viraje estratégico. Una de la razones hay que encontrarla en el desgaste y la pérdida de fuerza sufrida por los sindicatos en estas últimas décadas; debilidad que se ha puesto de manifiesto -salvo en el caso de la reforma del desempleo en España- con la imposición por parte de los Gobiernos de las medidas que estamos comentando. Es también probable que los Gobiernos sean conscientes de la imposibilidad de pactar con los sindicatos el tipo de reformas que ahora quieren sacar adelante. El contexto político europeo, hegemonizado en estos momentos (tras la derrota del Gobierno socialista francés) por la derecha más conservadora y por la tercera vía de Blair y Schröder, influye en esta nueva orientación. Pero seguramente el factor más importante es que no consideran ya a los sindicatos necesarios para la legitimación de sus políticas: tras 30 años de hegemonía del pensamiento neoliberal algunos de estos Gobiernos han pasado a considerar que el consenso contra los sindicatos les puede resultar más rentable, incluso electoralmente, que la estrategia de concertar con ellos.

Está por ver si este camino de unilateralismo social lo podrán mantener los Gobiernos europeos si la crisis económica se instala. Es seguro, en cambio, que se trata de una apuesta por la confrontación social y por la desnaturalización de lo que ha sido el modelo social europeo.