La Asamblea de Madrid da por zanjada la crisis del 'caso Tamayo'
La Asamblea de la Comunidad de Madrid dio ayer por zanjada la crisis abierta por los diputados tránsfugas Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez con el cierre de la comisión de investigación. El PP impuso su mayoría en la comisión (55 votos frente a 54 de PSOE e IU en contra) para aprobar su propuesta de dictamen, en la que responsabiliza a los socialistas de la crisis institucional de la Asamblea. Asimismo, la Mesa de la Cámara permitió que Tamayo votara en el Pleno sobre el dictamen de la comisión.
Antes de la votación de cada uno de los dictámenes (los del PSOE e IU rechazados) mediante el sistema de voto ponderado, el portavoz del Grupo Popular, Antonio Beteta, se defendió de las acusaciones del PSOE e IU.
Beteta aseguró que su partido estaba desde el primer momento a favor de que se constituyera una comisión para investigar la crisis de la Asamblea, mientras que el PSOE, dijo, se alió con Tamayo 'para impedir' que ésta se formara.
Afirmó que esta comisión únicamente le interesaba al PP y no al PSOE porque, en su opinión, se iba a poner de manifiesto 'la situación cainita' que existe en el seno del socialismo madrileño.
El portavoz del PSOE, Modesto Nolla, defendió las comparecencias de la diputada socialista Ruth Porta, 'en la que no se obtuvo nada porque no había nada que obtener', y la de su esposo, Enrique Benedicto, que calificó de 'interrogatorio miserable' que, a su juicio, fue una venganza porque el secretario general del PP, Ricardo Romero de Tejada, 'había quedado en entredicho'. Criticó que, por el contrario, se desestimase la comparecencia del ex consejero de Obras Públicas Luis Eduardo Cortés, así como 'la obstrucción sistemática del PP' en la presentación de documentación para la comisión.
El Pleno votó por unanimidad la reforma de la Ley Electoral, que permitirá que las elecciones puedan celebrarse el domingo 26 de octubre en lugar del jueves anterior, como hubiera correspondido de acuerdo con los plazos reglamentarios.
IU y PSOE criticaron al PP por oponerse a crear la figura del diputado no adscrito y por haber desaprovechado la oportunidad de 'reforzar el sistema democrático' o de frenar la especulación urbanística. Por su parte, el PP aseguró que su objetivo era evitar a los ciudadanos más molestias, una vez que ya han tenido que sufrir 'los errores encadenados por el PSOE para esquivar sus propias responsabilidades'.