COLUMNA

Paro en España y expedientes de regulación

Antonio Gutiérrez Vegara sostiene que los datos de paro del segundo trimestre no avalan el triunfalismo gubernamental. Advierte sobre la negativa repercusión de los expedientes de regulación de empleo y la temporalidad

Entre abril y junio ha descendido el paro 97.600 personas, según ha revelado la encuesta de población activa (EPA) correspondiente al segundo trimestre de este año. Un dato para el alivio momentáneo, pero que no avala el triunfalismo gubernamental ni justifica su acomodaticia política de empleo en un país que sigue registrando la tasa de desempleo más alta de la Unión Europea.

La Semana Santa y una climatología que adelantó el verano, han favorecido el crecimiento de la contratación durante los tres meses analizados, dejando un saldo más positivo que el del primer trimestre, cuando aumentó el paro en 64.500 personas.

Sin embargo, esas mismas condiciones circunstanciales explican que haya repuntado la temporalidad hasta el 30,6% y que, por tanto, buena parte del empleo creado en los últimos meses no tenga perspectivas de mantenerse en el próximo futuro, en cuanto cambien los factores de estacionalidad que lo han motivado.

En la mayoría de las empresas se están liquidando los empleos con la indemnización más baja; los prejubilados de hoy tendrán mañana la pensión mínima

Excepto en agricultura, donde ha subido un 5,7%, el paro ha bajado en todos los sectores, destacándose la construcción, con un descenso del 9,8%, y los servicios, con el 7%.

La industria ha recortado su desempleo trimestral un 5,6%, pero lo ha incrementado el 11,2% al cabo de un año.

Es decir, la creación de empleo sigue concentrándose en la construcción y en los servicios, mientras que el sector industrial lo destruye a un ritmo cercano al 1% anual.

Este inquietante dato se debe relacionar con la avalancha de expedientes de regulación de empleo (ERE), que, a razón de uno por día, se vienen presentando en lo que llevamos de año, principalmente en empresas industriales y en mayor medida en el segmento de las pequeñas y medianas, aunque estén teniendo mayor trascendencia pública los de grandes empresas muy significativas, como Telefónica, Renfe o Altadis.

En estas últimas se dispone de recursos suficientes para atender las prejubilaciones y las bajas incentivadas, que permiten aligerar las plantillas sin recurrir a medidas traumáticas y evitarse graves conflictos laborales.

Pero en la mayoría de las empresas, con menos solvencia para afrontar tales contingencias, se liquidan los empleos con la indemnización más baja que contempla el Estatuto de los Trabajadores, y los prejubilados de hoy serán parados de larga duración mañana y pensionistas con la pensión mínima de jubilación pasado mañana.

Las desigualdades sociales que generan estas estrategias empresariales para reducir costes -no siempre justificadas objetivamente por situaciones de crisis, ya que algunas de las grandes empresas que han aplicado un ERE registran simultáneamente notables alzas en sus beneficios-, la carga que derivan en el presente hacia los gastos en protección al desempleo y el lastre que van acumulando para el futuro del sistema de pensiones requerirían ya de un análisis específico, y deseablemente de un acuerdo entre los agentes sociales y el Gobierno para la mejor regulación de las prejubilaciones.

Pero si además tenemos en cuenta el despilfarro de capacidad productiva y de población activa situada entre los 55 y los 64 años que comportan los ERE en muchos casos, sin que sirvan para mejorar la competitividad de las empresas a medio y largo plazo, deberían igualmente explorarse otros mecanismos, a consensuar entre las partes, para la tramitación de las reducciones de plantillas, temporales o definitivas y para la financiación de sus consecuencias laborales y sociales.

Algunas sugerencias al respecto hicieron los sindicatos antes de la reforma laboral de 1994, orientadas a materializar una mayor corresponsabilidad de empresarios y trabajadores ante los ERE con las correspondientes aportaciones, para que unos y otros se vieran emplazados a buscar otras soluciones a los problemas circunstanciales de las empresas antes de disparar los expedientes creyendo que lo hacen con la 'pólvora del rey'.

Lamentablemente, las patronales se han quedado ancladas en su reiterativa reivindicación de suprimir la autorización administrativa previa a los despidos colectivos, sin considerar siquiera la hipótesis de una negociación en la que se hubieran podido equilibrar la mayor agilidad en la tramitación de los expedientes y su más selectiva utilización.

Los Gobiernos, por su parte, han facilitado el aligeramiento de las plantillas en aras de una competitividad mal entendida y si acaso a realizar alguna declaración lamentando los efectos del abuso en las prejubilaciones.

La cuestión es que ni la encuesta de población activa del segundo trimestre del año ni las perspectivas de empleo avalan el entusiasmo exagerado del ministro de Trabajo, que le ha llevado a declarar que España se ha convertido en la 'locomotora europea en creación de empleo'.

Como recordaba la oficina europea estadística Eurostat unos días antes de la publicación de la EPA, nuestro país sigue en el furgón de cola de la Unión Europea en lo que a tasa de empleo se refiere, junto con Grecia y Portugal. Incluso se situa por debajo de seis de los nuevos socios comunitarios que ingresarán el próximo año, además de triplicarles en temporalidad.