El impuesto al trabajo

La reforma del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) de 1999, y su retoque de 2003, pretendía, entre otras cosas, equilibrar la presión fiscal para que las rentas del trabajo respirasen y liberasen recursos hacia el consumo y la inversión. En aquel momento, cuando el Gobierno elaboraba la reforma, la aportación de las rentas del trabajo a la recaudación del impuesto superaba el 80%, y era intención de la Administración reducirla hasta el umbral del 70%. En el primer ejercicio, con el impuesto rebajado, el peso de las rentas salariales, efectivamente, descendió hasta el 74%. Pero a partir de ahí, en los ejercicios siguientes, recuperó de nuevo posiciones.

El fuerte crecimiento de la actividad de los años posteriores a la reforma, en parte espoleada por la propia rebaja de la presión fiscal e intensiva en empleo, ha vuelto a impulsar el peso relativo de las rentas procedentes del trabajo, y ello pese a la creciente aportación de otras fuentes de recursos gravables, como las ganancias patrimoniales o el capital mobiliario.

La revisión del modelo pretendida por el Gobierno no es fácil. Las rentas personales en España siguen siendo masivamente salariales, y lo serán más en el futuro por el crecimiento de la tasa de asalarización. Pero también porque el resto de las rentas, especialmente las del capital, tienden a reducir su aportación en todos los países europeos por el riesgo de huida de los recursos si la fiscalidad se considera confiscatoria, dado que la movilidad del dinero es casi instantánea.