La Asamblea de Madrid
El concepto de transversalidad se ha puesto de moda en los últimos años. Algunos analistas lo aplican al caso de corrupción de la Asamblea de Madrid. Carlos Solchaga valora los hechos
Entre los analistas políticos y los sociólogos, tan dados unos y otros a los neologismos más o menos sugerentes, se ha puesto de moda en los últimos años el concepto de transversalidad. Se trata de un concepto perfectamente prescindible pues suele utilizarse para referirse a algunos fenómenos que por su obviedad no precisan de ninguna definición especial o a otros que por su claro encaje en las habituales categorías de análisis no pueden sino confundir al lector con su uso. Ejemplo de lo primero es cuando se dice que la persecución del interés particular es un fenómeno transversal que afecta tanto a individuos de ideología de izquierdas como a individuos de ideología de derechas. Como si no fuera obvio que la afiliación ideológica o el posicionamiento político no ofrece las respuestas necesarias para la rica diversidad de problemas que plantea la vida a todos los seres humanos. Sólo los que pueden contemplar la opción política de forma totalitaria deberían asombrarse de esta obviedad. Ejemplo de lo segundo es, cuando hablando de partidos políticos de izquierdas y de derechas, se emiten juicios del cariz de 'la defensa de los intereses nacionales en el campo de la política internacional debería ser una cuestión transversal' para decir lo que siempre hemos entendido que es simplemente que, en este campo, como en otros muchos que hacen referencia al buen gobierno y a la estabilidad de la convivencia de las fuerzas políticas, deberían éstas buscar el consenso como en el apoyo del marco constitucional, por ejemplo.
En este uso tan innecesario del concepto de transversalidad han caído algunos analistas políticos en nuestro país cuando nos advierten que el caso de corrupción de la Asamblea de Madrid de los dos diputados Eduardo Tamayo y María Teresa Sáenz, presumiblemente a cargo de promotores inmobiliarios, es un caso de transversalidad, ya que los intereses económicos de ese sector tienen apoyos en todos los organismos políticos y voluntades posiblemente compradas en cada uno de ellas.
Una vez más estamos ante una obviedad -desde el punto de vista conceptual, ya que desde el punto de vista de los hechos tal aseveración había que probarla- cuyo conocimiento no muy distinto del que proporciona el viejo y peligroso refrán de que en todas partes cuecen habas no conduce a nada y en nada contribuye, no ya al esclarecimiento de los hechos, que debe ir por la vía de las pruebas, sino a la propia valoración de los mismos. El hecho de que la discrecionalidad en materia de planificación urbanística y calificación del suelo acompañado de la deficiente presupuestación de los ayuntamientos constituyan un caldo de cultivo propicio para el desarrollo de actitudes y actuaciones venales en responsables políticos de todas las ideologías no es nada nuevo ni particularmente relevante para el caso de transfuguismo que se ha dado en la Asamblea de Madrid, en el que, como no podría ser menos, empiezan a aparece nombres de responsables del PP junto al de los tránsfugas del PSOE con comportamientos sospechosos de complicidad y prevaricación en hechos perseguibles. Se trata de un problema que está con nosotros desde hace mucho tiempo y que yo personalmente traté de atajar hace ahora muchos años proponiendo un consenso para liberalizar el mercado de suelo y compensar por los procedimientos que parecieran oportunos la caída de ingresos fiscales que ello representara para los ayuntamientos españoles.
Lo que es nuevo aquí y relevante para la valoración de los hechos es que, en este caso, quienes utilizan las amistades de los políticos compradas para alcanzar sus intereses han dado un paso más de lo habitual (en obtener un voto crucial o alcanzar una transacción interesante con una corporación municipal u otro tipo de administración) y han conseguido mediante sus enjuagues transformar radicalmente el sentido del voto mayoritario de un Parlamento y quizá el signo político de un Gobierno regional atentando de este modo a la esencia de la democracia. Esto no es una perversión menor del juego de las instituciones democráticas para lubricar, como dirían los cínicos, el funcionamiento de los mismas. Esto es una completa transgresión de la voluntad popular para conseguir unos fines espurios. Que unos se hayan beneficiado políticamente de ello mientras que la voluntad mayoritaria se haya visto engañada proporciona una idea del grado de asimetría de los efectos de la actuación de los diputados Eduardo Tamayo y María Teresa Sáenz sobre unos y otros. Así que, de transversalidad nada, gracias.