COLUMNA

Una nueva PAC

Carlos Tió analiza el acuerdo de reforma de la política agraria común suscrito por los ministros de Agricultura de la UE la madrugada de ayer. El autor afirma que será más discrecional y más compleja de gestionar que la actual

Un año ha necesitado la Comisión Europea para obtener un acuerdo del Consejo de Ministros de la Unión Europea sobre la reforma de la Agenda 2000, modificando sustancialmente la política agraria común (PAC). Se trata de introducir cambios notables en los sistemas de ayudas directas que hoy día concede la UE a los productores de cereales, oleaginosas, proteaginosas y ganadería (vacuno y ovino). No obstante, como era previsible, el acuerdo anuncia que en las próximas reformas en tabaco, algodón y aceite de oliva se introducirán mecanismos similares a los ahora aprobados.

El objetivo central del acuerdo alcanzado es 'desligar' la percepción de estas ayudas de su vínculo anterior con la obtención de determinados productos. Con ello la Comisión Europea adquiere un importante margen de maniobra para negociar, a partir de septiembre en Cancún, un nuevo acuerdo internacional en materia de liberalización comercial, en el seno de la Organización Mundial de Comercio (OMC).

Se trata, por tanto, de un movimiento táctico que, sin embargo, modifica sustancialmente el marco de referencia para una buena parte de la agricultura europea, para la más vinculada a la PAC.

Se repartirán montantes muy elevados de subvenciones, de las que será prácticamente imposible evaluar la eficiencia y los resultados

Interesa subrayar que se trata en buena medida de una nueva PAC. Pero no será una PAC más barata, el gasto agrícola europeo se mantiene aunque haya cierta redistribución interna, no va a ser una PAC más sencilla, en todo caso bastante más compleja de gestionar. Se introducen notables elementos de renacionalización y regionalización de la PAC que si desde una perspectiva pueden ser valorados positivamente como síntomas de flexibilidad en una Europa cada día más heterogénea, desde otro punto de vista introducen una decisiva ruptura del mercado único europeo, que a partir de ahora va a estar regulado por normas nacionales y regionales diversas.

Los agricultores que hasta ahora percibían estas ayudas mantienen en términos generales sus 'derechos adquiridos' a seguir recibiéndolas, aunque modifiquen sus estrategias empresariales. No obstante, se han introducido decisivas modificaciones respecto a las iniciales propuestas de la Comisión Europea.

Por ejemplo, queda excluida la posibilidad de producir patatas, hortalizas o frutas. Los condicionamientos para la percepción de las ayudas directas pasarán a ser de carácter medioambiental, de seguridad de los alimentos, bienestar de los animales y seguridad en el trabajo, a través de restricciones concretas que aun están por establecerse y que en un contexto de aplicación discrecional (desconexión total o parcial) pueden generar un caos considerable en la agricultura europea.

Efectivamente, la 'desconexión' total de las ayudas será voluntaria para los Estados miembros, lo cual parece abrir también la posibilidad de que la capacidad de decisión en la aplicación de la norma europea sea reclamada a nivel de comunidad autónoma en España, lo que tendría posibilidades de éxito teniendo en cuenta los tradicionales criterios utilizados por el Tribunal Constitucional.

No obstante, la posibilidad de mantener ligadas las ayudas a las producciones concretas se reduce a unos ciertos porcentajes del montante total, desde el 50% en ovino, al 75% en cereales o al 100% en vacas nodrizas, aunque en este caso con otras alternativas posibles para las primas al sacrificio de vacuno y las ayudas a los terneros machos, sistemas opcionales en cada país y, seguramente, región. Es decir, un galimatías en el que se repartirán montantes muy elevados de subvenciones públicas, cuya evaluación de resultados y de eficiencia será prácticamente imposible de abordar.

¿Cuánto tiempo podrán mantenerse este tipo de ayudas? Es difícil valorarlo. En la PAC los mecanismos más insensatos pueden mantenerse durante décadas. En el caso de las cuotas de producción lechera, creadas en 1984 y prorrogadas ahora hasta 2015, se generó un derecho a 'producir leche', con un mercado nacional en el que se compran y venden estos 'derechos'.

Es muy posible que algo similar se produzca ahora con los 'derechos históricos' a percibir ayudas, lo cual repercutirá sobre el precio de las tierras que disfruten de dicho activo.

La nueva PAC será flexible hasta en su calendario de aplicación, ya que los distintos países podrán aplicarla entre 2005 y 2007. Si a ello añadimos las condiciones particulares de los 10 países de la nueva ampliación, cuyos periodos de transición tendrán que adaptarse a las nuevas medidas ahora adoptadas y que, como se ha visto, implican una considerable discrecionalidad, parece evidente que la ruptura del mercado agrícola único va a ser una realidad.

Distinto es que dicha ruptura introduzca distorsiones notables o leves en las condiciones de la competencia, lo cual será en cualquier caso imposible de valorar. La flexibilidad en agricultura y ganadería es algo que moviliza extraordinariamente la imaginación de los empresarios, debido a que los condicionamientos regionales y locales son muy variados. Es en cada pueblo donde se hacen las cuentas y donde se introducen los cambios que tardaremos años en percibir.