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Columna
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La jubilación a la carta, un objetivo deseable

Vamos a analizar los objetivos del Informe de la Comisión y del Consejo de la UE sobre la adecuación y la viabilidad de las pensiones, que quedaron pendientes en el artículo de 31 de mayo pasado.

El aumento de la esperanza de vida media y la mejora del estado de salud debería llevar a prolongar el número de años en la vida laboral. Sin embargo, la edad de jubilación efectiva media ha descendido incluso a mayor velocidad que el aumento de la esperanza de vida, lo que ha dado lugar a una diferencia importante entre las edades de jubilación reglamentarias y la edad media real a la que la gente deja de trabajar. La jubilación flexible y progresiva (a la carta) sería el objetivo deseable; el retraso de cinco años en la edad de jubilación creemos que sería el instrumento más fuerte para alcanzar la viabilidad del sistema de pensiones, ya que permitiría mantener en el nivel actual el gasto público en pensiones, siempre y cuando no se produzca una acumulación adicional de derechos de pensión.

Si un año adicional en el mercado laboral da lugar a unos derechos de pensión más elevados, el impacto sobre el gasto en pensiones, según el informe, sería notablemente inferior.

Por tanto, al ampliar hasta 70 años la vida activa, quiere decir que los trabajadores tendrían derecho a cobrar como pensión el 100% de la base reguladora cuando hayan cotizado 40 años y tengan 70 años de edad, para periodos más bajos de cotización, la pensión sería proporcional al número de años cotizados.

En España los sistemas de jubilaciones anticipadas fueron establecidos para paliar los efectos de la reconversión industrial en sectores en crisis (siderurgia, naval, textil y minería). Sin embargo, hoy se están utilizando por empresas con beneficios (sector bancario), que quieren reducir costes de personal al sustituir personal de más de 50 años por jóvenes que tienen una retribución bastante menor.

Este sistema no sólo es rechazable por el aumento que produce en el gasto de pensiones, sino también por el hecho de los efectos psicológicos que producen en personas relativamente jóvenes con 30 años de jubilación por delante, cuya experiencia se desaprovecha. La ley de 2002 permite combinar las pensiones con los ingresos procedentes del trabajo después de los 65 años, concediendo un incremento de la pensión por cada año de trabajo después de los 65 años.

Italia y Suecia, en sus reformas, garantizan una sólida relación actuarial entre cotizaciones y prestaciones, permitiendo a los individuos decir cuándo quieren jubilarse y con qué nivel de ingresos por pensiones.

La necesidad de reformar los sistemas de pensiones teniendo en cuenta el objetivo global de mantener la viabilidad de las finanzas públicas es lo que establece el objetivo 6. Al mismo tiempo la viabilidad de los sistemas de pensiones debe acompañarse de políticas fiscales sanas, que incluyan, en caso necesario, una reducción de la deuda pública o la acumulación de fondos públicos de reservas de pensiones.

El informe aporta un cálculo del impacto esperado de los sistemas de pensiones sobre el gasto público, resultando que para la UE supondría un aumento de tres puntos del PIB en el periodo 2010-2050; para España el resultado es una subida de ocho puntos de PIB, el segundo país de la Unión con mayor impacto (el primero es Grecia).

Igualmente dice el informe que el déficit del sistema de pensiones será cubierto mediante transferencias del Fondo de Reserva, sin tener que acudir a subir las cotizaciones o a préstamos (para España, ver el artículo del autor Una posible solución a las pensiones en Cinco Días del 17 de mayo pasado).

En el objetivo 7 del informe se propone un ajuste equilibrado de las prestaciones y las cotizaciones, tema que hemos tratado ampliamente en el objetivo 3, que pretende que el contrato intergeneracional sea más equitativo, reduciendo la carga sobre las generaciones futuras.

El aumento del gasto en pensiones a consecuencia del envejecimiento de la población no puede ser financiado mediante el aumento de las cotizaciones, lo cual supondría una carga excesiva sobre la población activa. La manera de lograrlo consiste en reformar los sistemas de pensiones de tal manera que se contengan los futuros aumentos del gasto público en pensiones. El camino más lógico es el que han seguido Suecia e Italia, cuyo objetivo principal es consolidar la relación actuarial entre cotizaciones y prestaciones, partiendo de un sistema de cotizaciones definidas.

Se transmite así la idea de que la prolongación de la vida laboral es una buena forma de atenuar los demás riesgos. En esta dirección va mi trabajo para la Academia de Ciencias Morales y Políticas (Los efectos económicos del envejecimiento, curso 1998-99) sobre la reforma de nuestro sistema de pensiones públicas. El desarrollo de regímenes privados de pensiones basados en la capitalización proporcionará una pensión adicional que, en algunos Estados miembros, compensará los menores niveles de las pensiones públicas.

Garantizar que la gestión de los sistemas privados de pensiones sea adecuada y sana desde el punto de vista financiero es de lo que trata el objetivo 8. En la UE, los activos de los fondos de pensiones privados ascendían al 29,2% del PIB en 2000; en España dicho porcentaje era del 7%.

El deterioro habido los dos últimos años en los fondos de pensiones como consecuencia del desplome de la Bolsa, ha instado a los Estados miembros a establecer marcos reguladores de los citados fondos más estrictos que los anteriores. El tipo de interés que debe utilizarse para calcular el valor actuarial de los derechos de pensión devengados juega un papel importante.

En los regímenes de pensiones privados el riesgo de inflación es asumido en general por los beneficiarios. Una cuestión que se aborda en el informe es la reducción de los costes administrativos de gestión de los fondos privados que se mueven en un amplio abanico, si bien últimamente el porcentaje ha disminuido.

Tres objetivos comprenden el grupo tercero -Modernización de los sistemas de pensiones-: la adaptación de los sistemas de pensiones a unos modelos de empleo y carrera profesional más flexibles, conseguir una mayor igualdad entre mujeres y hombres, y demostrar la capacidad de los sistemas de pensiones para responder a los retos.

Sobre estas cuestiones, el Informe de la Comisión dice que los Estados miembros están adaptando gradualmente sus sistemas de pensiones para responder a los retos. Sobre estas cuestiones, el Informe de la Comisión dice que los Estados miembros están adaptando gradualmente sus sistemas de pensiones a los nuevos papeles sociales y económicos de hombres y mujeres, evolucionando hacia normas destinadas a facilitar la reconciliación entre las responsabilidades familiares y el trabajo de ambos progenitores; igualmente se realizan esfuerzos para mejorar la transparencia de los sistemas de pensiones, reconociendo la importancia de generar un consenso para su desarrollo y reforma.

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