La batalla por la calidad educativa
El fracaso escolar, la búsqueda de un nuevo modelo pedagógico, la remodelación de los órganos escolares y la actualización de los contenidos educativos son algunos de los aspectos que se han manejado para argumentar a favor y en contra de la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE), una norma que ha nacido bajo la polémica desatada por la crítica unánime de la oposición y, sobre todo, por la decisión de varias comunidades autónomas de recurrirla ante el Tribunal Constitucional.
Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña y Extremadura coinciden en señalar que la nueva ley invade sus competencias legislativas y ejecutivas, y en este sentido han puesto en marcha los mecanismos correspondientes para recurrir ante el Constitucional.
Había que reformar la ley anterior (Logse). En eso coinciden todos los partidos políticos. En lo que divergen, y de forma notable, es en el modo de afrontar ese cambio y en la línea que se debe mantener de cara al futuro de la enseñanza. Mientras el Gobierno, apoyado por el PP, considera que esta reforma se ajusta a los diferentes perfiles de alumnos que hoy pueblan las aulas, la oposición cree que con estas modificaciones se van a crear dos tipos de alumnos, los de primera y los de segunda clase, en función de su rendimiento escolar y del sistema de itinerarios ('forma de segregación', según el PSOE) que propone la ley.
'El sistema educativo español era demasiado rígido y hermético, y lo que se intenta es hacerlo más flexible y diverso, porque en las aulas hay alumnos muy diferentes entre sí, en cuanto a procedencia, inquietudes o nivel de formación. Por eso se adoptan medidas como los itinerarios y los programas de iniciación a la formación profesional. Se trata de dar más posibilidades para que cada alumno elija lo que más le convenga', señala Isabel Couso, secretaria general de Educación y Formación Profesional (FP). Couso cree que hay que potenciar los programas de FP para adaptarlos a las necesidades del mercado e introducir materias que ahora apenas están en los planes de estudio.
Los principales cambios que propone la Ley de Calidad son la creación de una etapa preescolar hasta los tres años de carácter asistencial, la gratuidad de la educación infantil en los centros privados concertados, la creación de diversos itinerarios en función del rendimiento escolar del alumno (unos orientados hacia la enseñanza universitaria y otros hacia la FP), la obligación de repetir curso en secundaria para los alumnos con más de dos suspensos y el retorno de las calificaciones numéricas. Pero la modificación que más ha alterado los ánimos en algunas comunidades autónomas ha sido la 'invasión' de sus competencias en materia educativa, ya que el Gobierno se reserva el desarrollo de la norma básica mediante reglamentos posteriores, lo que limita el margen de actuación de las comunidades.
Además de esta 'intromisión', según la definen las comunidades gobernadas por el PSOE, las autonomías con dos lenguas oficiales exhiben otro motivo para negarse a aceptar la nueva ley: el rela- pasa a la Página siguiente
cionado con el idioma autónomo, ya que consideran que la LOCE constriñe el uso y la enseñanza de la lengua local. El ministerio puede fijar el 55% de las competencias educativas en las comunidades de lengua castellana dejando el resto en manos de los Gobiernos autónomos. Pero en el caso de las comunidades que tienen dos lenguas, el Gobierno central sólo puede establecer el 45% de las materias educativas. Ese 10% de diferencia que se reserva para la enseñanza del idioma propio, según explica Couso, 'lo pueden extraer del resto de competencias y repartirlo entre todas las materias, ya que antes sólo lo extraían del castellano, de modo que muchos alumnos no comprendían bien el idioma común para toda España porque no tenían el número suficiente de clases'. Ahora, el ministerio ha fijado un número mínimo de horas de castellano.
Tanto el PSOE como IU abogan por que las comunidades autónomas y los ayuntamientos 'tomen más las riendas en materia de enseñanza', según explica Carme Chacón, portavoz de educación del PSOE. 'La LOCE es una ley que se ha hecho sin consenso político, sin debate social y volviendo a parámetros del pasado. Además, se ha coartado el derecho de participación en el sistema educativo, quitando competencias al consejo escolar, un órgano formado por padres, profesores y alumnos que elegía al director y tomaba decisiones. Nosotros queremos mayor autogobierno de los centros, pero con la supervisión de la Administración autonómica', añade Carme Chacón.
En esta misma línea abunda Franco González, responsable de IU en materia de educación, quien define la Ley de Calidad como 'retrógrada y tendente a convertir la escuela pública en un gueto para inmigrantes y alumnos con problemas'. 'En las comunidades del PP la educación pública tiene menos peso que la privada. Nosotros creemos que las Administraciones autonómicas y locales se tendrían que involucrar más en la enseñanza y que, en el caso de la educación infantil, los ayuntamientos deberían tener más competencias. Debe haber una mayor descentralización hacia los ayuntamientos', comenta.
González cree, no obstante, que hay un abuso por parte de algunas comunidades, sobre todo Cataluña, País Vasco y Galicia. 'Es un error del PP querer imponer demasiadas asignaturas comunes, igual que es un error de algunas comunidades el tratar de imponer su identificación'.
Financiación
IU considera que las propuestas educativas deben ir acompañadas de una memoria económica, un requisito que no cumple la Ley de Calidad. 'Es el mismo fallo que tuvo la Logse; esta ley sí contaba con una memoria económica, pero fracasó porque no se cumplió. Era una buena ley, pero no se gastaron los recursos económicos que estaban previstos', dice González.
El PSOE cree que el gasto público en educación es escaso y está por debajo de la media de la UE. 'En 1996 representaba el 4,9% del PIB y ahora, el 4,5%', explica Chacón. El ministerio argumenta que ha aumentado un 24,6% en el decenio.
El otro gran caballo de batalla de la educación española ha sido la Ley de Ordenación Universitaria (LOU), que también ha recibido fuertes críticas. Según Franco González, con esta norma el PP pretende controlar la universidad, y por eso ha modificado el sistema de elección de los órganos gestores. 'Se ha recortado la participación de los alumnos y se pondera el voto de un profesor como 25 votos de estudiantes'.
'Esta ley, que no ha respaldado ningún rector, supone que la universidad va a estar paralizada con elecciones durante los próximos dos años', añade.