Medios para unir la UE
La Unión Europea contará con 10 nuevos socios el próximo 1 de mayo de 2004, como se ha puesto de manifiesto en la cita de bienvenida de la pasada semana en Atenas. Pero si la inversión en infraestructuras transfronterizas continúa al actual ritmo, el club europeo corre el riesgo de seguir siendo durante décadas un conjunto de islas nacionales. No se trata sólo de que apenas exista el comercio intracomunitario de energía (las importaciones de electricidad sólo alcanzan el 8% del consumo total) o que el mercado de las telecomunicaciones se encuentre fragmentado en tantos feudos como países (con onerosas consecuencias para el usuario, sobre todo en la telefonía móvil). Es que en las últimas décadas ni siquiera ha habido avances en cuanto a la comunicación física entre los Estados miembros de la UE.
La Comisión Europea viene alertando sobre la caída de las inversiones públicas en infraestructuras de transporte transfronterizo, una empresa cuyo calado parece asustar a los Gobiernos europeos. Desde 1994, en que se identificaron 14 proyectos para pespuntear las fronteras del Viejo Continente, sólo se han completado tres. Las obras siguen sin finalizar o ni siquiera han empezado en rutas tan importantes como el tren de alta velocidad que deberá unir Lyón con Venecia, Madrid con Montpellier o Berlín con Verona.
La inversión pública se ha ralentizado, en gran parte debido a los esfuerzos de consolidación presupuestaria exigidos por la unión monetaria. La inversión privada se muestra reacia a entrar en un sector de dudosa rentabilidad, como ha puesto de manifiesto la gestión de Eurostar, el tren que atraviesa el Canal de la Mancha. Esta encrucijada, para que no devenga parálisis, exige soluciones innovadoras y valientes que pongan en marcha las excavadoras. La inversión necesaria, según la Comisión, asciende a 300.000 millones de euros hasta 2010, a lo que habría que añadir otros 100.000 millones en los nuevos Estados miembros.
Bruselas invita a explorar 'soluciones imaginativas' de participación conjunta del capital público y privado en la financiación de las infraestructuras. La idea merece ser bienvenida siempre que no aboque a una privatización encubierta de las vías de comunicación a las que tienen derecho todos los europeos. Los peajes deben ser el instrumento para dotarse de autopistas, ferrocarriles, puentes y puertos, y no una gabela de nuevo cuño que limite la movilidad en lugar de favorecerla. Pero la participación del capital privado resulta imprescindible, y no sólo por la mejor gestión que le suele acompañar. Como bien recuerda la Comisión, ni el capital público ni el privado pueden ya costear, en exclusiva, unas infraestructuras de tamaña envergadura.
Igualmente saludable es la propuesta de crear una agencia europea de infraestructuras que sirva de centro de operaciones para la inversión pública en los grandes proyectos. La coordinación es más imprescindible, si cabe, cuando la Unión Europea se dispone a crecer más que nunca.