El Consejo de Política Fiscal autoriza a Galicia a tener déficit
El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), órgano mixto, formado por representantes del Gobierno central y de los respectivos Ejecutivos regionales, acordó ayer el objetivo fiscal para cada una de las comunidades autónomas.
Todas ellas deberán alcanzar y mantenerse en equilibrio este año y hasta 2006. No obstante, Galicia podrá incurrir en déficit, según estipula la Ley de Estabilidad para casos excepcionales, dado el esfuerzo que tendrá que hacer para paliar los gastos derivados del hundimiento del petrolero Prestige.
Es la tesis mantenida por el Ministerio de Hacienda, que fue apoyada ayer en la votación por las comunidades gobernadas por el Partido Popular. Por el contrario, las comunidades gobernadas por el PSOE consideraron 'injusto' el objetivo de equilibrio dada la actual incertidumbre económica.
La consejera de Hacienda de Andalucía, Magdalena Alvarez, expresó su desacuerdo por la aplicación del déficit cero para las comunidades, 'un objetivo que no es exigido por la normativa europea ni siquiera para el Estado'. El Gobierno prevé para este año un déficit del Estado del 0,5% del PIB, que será compensado con el superávit de la Seguridad Social, de igual cuantía.
Deuda limitada
Alvarez resaltó que la Administración central 'se está quedando con un 2% de la financiación autonómica, que utiliza para reducir su déficit, lo que significa más de 4.000 millones de euros en los tres años en que los Gobiernos regionales van a tardar en cobrar ese dinero'. En parecidos términos se expresó el consejero de Hacienda de Baleares, Joan Mesquida, para quien 'no es adecuado imponer la limitación del endeudamiento con la necesidad de realizar inversiones públicas'.
En una pasada reunión, el CPFF aprobó limitar el saldo vivo de la deuda de las comunidades autónomas a 41.000 millones de euros, a finales de 2003. Mesquida precisó que 'tampoco es adecuado igualar a todas las comunidades cuando su deuda es muy desigual'.
En la reunión también se aprobó que las comunidades tengan la obligación de suministrar información trimestral sobre su situación presupuestaria. Deberán elaborar un informe anual y un avance de liquidación en junio de cada año. Los datos los centralizará la Intervención General de la Administración del Estado.