Más de un dilema por resolver
Dos expertos en el mundo de la energía y de la empresa analizan la oferta pública de adquisición de acciones lanzada por Gas Natural sobre Iberdrola y las repercusiones de la operación en el sector energético español y europeo
Cualquier opa, lógicamente, tiene que sorprendernos a todos, y la de Gas Natural sobre Iberdrola (condicionada a obtener un 75% del capital) no ha sido una excepción.
Desde un punto de vista industrial y financiero, esta operación parece interesante, a pesar de que el valor de capitalización de Gas Natural (previo al anuncio de opa) era muy inferior al de Iberdrola (7.850 frente a 12.800 millones de euros). La deuda neta de Gas Natural era mínima (1.600 millones de euros) y a pesar de asumir una deuda de Iberdrola del orden de 10.700 millones de euros, el grado de apalancamiento conjunto parece razonable. Además, se contemplan desinversiones en torno a 5.000 millones de euros y el plan de inversiones conjunto se reduce en 4.000 millones de euros.
Si la opa prospera, se crearía un grupo vertical líder en el mercado del gas (desde este momento) y eléctrico (partiendo de la segunda posición). En electricidad, al margen del tamaño, asistiríamos al nacimiento de una empresa con una altísima calidad de activos por su acceso privilegiado a las tecnologías clave (hidráulica embalsable y gas).
En otras palabras: Gas Natural se posiciona a corto plazo como un agente muy relevante en el sector eléctrico e Iberdrola gana esa batalla por el gas que vienen librando operadores menores. La empresa fusionada podrá a partir de ahora arbitrar relevantemente gas en ambos mercados. También hay que señalar que si la empresa multiutility (fuera de las grandes cadenas comerciales) tuviera futuro, la posición conjunta en distribución y comercialización de ambas empresas las coloca en una lugar muy ventajoso. También es posible que se encuentren otras sinergias en Latinoamérica.
Pero estas fortalezas industriales y financieras tienen efectos, presumiblemente negativos, sobre la competencia en los mercados eléctrico y gasístico nacionales, aunque para emitir un juicio definitivo habría que examinar con detalle la propuesta de desinversión y otras condiciones que se autoimponga la empresa fusionada o que pudiera imponer, por ejemplo, el Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC).
Sorprende que tras los antecedentes de 1999, cuando Repsol trató, infructuosamente, de hacerse con el 100% de Gas Natural e Iberdrola (¿para fusionarlas posteriormente?), y de finales de 2000, cuando Gas Natural trató (sin éxito y con el apoyo de Repsol) de fusionarse con Iberdrola, se vuelva a intentar ahora.
Hay que preguntarse qué ha cambiado desde entonces, salvo que Endesa (que llevó al pie del altar a Iberdrola a finales de 2000) hoy no está para casi ningún tipo de aventura (y quizá antes tampoco), para que hoy la opa sea factible con menos apoyos que entonces: hay división de opiniones en el seno del consejo de Gas Natural (con Repsol en contra y La Caixa a favor) y tanto BBVA (accionista de referencia en Iberdrola) como el Gobierno parecen haber tomado cierta distancia (¿será cierto?). Y los ejecutivos de Iberdrola parece que no sabían nada.
Creo que la respuesta hay que encontrarla, más que en un cambio de circunstancias, en que todavía carecemos de modelo para el sector energético y consiguientemente las políticas energética y de la competencia son erráticas y poco claras y, en ese entorno, son las empresas las que toman la iniciativa para diseñar el sector conforme a sus intereses. No es que el Gobierno tenga que decidir y ejecutar los procesos de reestructuración empresarial, pero debiera ser predecible, con los datos que hoy conocemos, si esta operación está o no en línea con nuestra política energética y de competencia.
Nos hemos estado moviendo entre un modelo anglosajón, que considera que el mercado relevante es nacional y quiere introducir competencia al margen de lo que hagan otros países (y ello implica una segregación radical de negocios, dificultades para la concentración y las interacciones verticales), y un modelo continental, que parece considerar que la unidad relevante de mercado es Europa (cuando llegue) y, dado que la interconexión entre países es todavía escasa, que no hay reglas comunes acerca de peajes internacionales, y de cómo organizar los mercados energéticos, se opta por no introducir competencia efectiva y fortalecer a las empresas nacionales, a la espera de que llegue un mercado competitivo europeo en el que se puedan hacer valer las economías de escala y de alcance derivadas de su tamaño. Ello implica integración vertical, elevada concentración horizontal y múltiples mecanismos de retribución en manos del Gobierno. Los casos de la opa de Eon sobre Ruhrgas en Alemania y la posible fusión EDF-Gaz de France son ejemplos bastante explicativos.
El Gobierno no parece haber resuelto el dilema entre su discurso a favor de la competencia según el modelo anglosajón, y el deseo de que existan empresas con dimensión suficiente como para aspirar a convertirse en agentes relevantes en ese futuro mercado europeo. Y parece que no hay situación intermedia posible.
Esto ha dado lugar a un proceso regulatorio espasmódico, que ha generado una gran incertidumbre en las empresas y una gran discrecionalidad del Gobierno en todas sus decisiones, y muy escasos progresos en la introducción de competencia efectiva en el sector energético.