Tregua legislativa y convenios
Julián Ariza sostiene que el Gobierno ha decidido aparcar la reforma de la negociación colectiva debido a los frentes políticos abiertos. El autor aconseja aprovechar las posibilidades del acuerdo interconfederal suscrito hace un mes
Si en el último periodo de cualquier legislatura decaen siempre las propuestas de reformas legales, en la presente todo indica que, al menos en el campo laboral, el Gobierno ya ha tirado la toalla. No tiene el horno para bollos en más frentes de los que se le han abierto en los últimos ocho meses, y parece decidido a no reverdecer el que ha tenido con los sindicatos. La verdad es que el año 2002 ha sido el más negro de los vividos por el Gobierno del Partido Popular, tanto por su penosa gestión en la catástrofe del Prestige como por la no menos penosa del decretazo, ejemplo de una política errática y de cómo una chapuza monumental, auspiciada por el Ministerio de Economía, se endosó al ministerio de Trabajo, con el saldo de la defenestración de este ministro y de su equipo, quedando incólume el ministro más responsable del desaguisado.
Como remate de sus desatinos, el Gobierno ha tenido el de colocarse al frente del pelotón de los secuaces de Bush en sus belicosas, imperiales y petroleras amenazas de guerra contra Irak. Si con la huelga general del 20 de junio de 2002 Aznar se equivocó pensando primero que no se convocaría y después que apenas sería secundada, con su actitud en el asunto de Irak ha vuelto a errar en el cálculo, creyendo que la oposición se achantaría y que los españoles interpretarían como gesto de afirmación nacional frente a las posiciones de Chirac y Schröder lo que en realidad han interpretado como penoso servilismo ante Bush y sus deleznables propósitos.
Resumiendo, los tiempos políticos le son especialmente adversos al Gobierno y su partido. Es por ello que en materia de reformas laborales o que afecten al sistema público de protección social pueda hablarse de tregua legislativa. Lo ilustra que haya explicitado su decisión de retrasar sine díe la reforma de la negociación colectiva, así como su renuncia a discutir siquiera acerca de una hipotética prolongación a toda la vida laboral el periodo de cotizaciones a tener en cuenta para calcular las pensiones.
La negociación de los convenios colectivos es quizá la actividad que más legitima la necesidad de existencia de sindicatos y patronales
Aunque sobre el campo laboral se proyecta la sombra de los efectos que para la economía y el empleo tenga el conflicto bélico que se cierne sobre nuestras cabezas, es válida la previsión de que, liberados de la presión que supone estar pendientes de lo que les endilgue el Gobierno, patronales y sindicatos tienen la oportunidad de desarrollar bastante más de lo que lo hicieron el año pasado su nuevo acuerdo interconfederal para la negociación colectiva.
La negociación de los convenios colectivos es no sólo la actividad más emblemática de sindicatos y patronales, sino la que, quizá, más legitima y expresa la necesidad de su existencia. No es poca cosa, por ejemplo, que a través de la negociación colectiva se decida lo fundamental de la primera gran distribución de la renta nacional y se ponga en valor el papel de los representantes del capital y del trabajo en el gobierno de las relaciones laborales.
En torno a los convenios colectivos aparecen problemas y carencias de distinta naturaleza, tales como los de su excesivo número -más de 5.000-, los consiguientes problemas de articulación, las dificultades que en algunos casos surgen por los cambios en la estructura empresarial, que exigiría nuevas definiciones sectoriales, e incluso el cómo enfrentar de la manera más adecuada las nuevas formas de relación laboral ligadas a los cambios tecnológicos y sus posibilidades para la subdivisión de los procesos productivos.
Todo ello por no hablar de las dificultades que para llegar a acuerdos suponen los diferentes y a veces contradictorios intereses que cada parte representa. Pero tampoco puede obviarse que un problema no menor es la forma rutinaria con que se aborda la negociación de bastantes convenios colectivos.
De lo dicho se desprende que habrían de concentrarse los esfuerzos en exprimir las posibilidades que encierra el acuerdo interconfederal suscrito hace un mes y plasmar en el mayor número posible de convenios compromisos concretos y tangibles, tanto sobre las orientaciones en materias tradicionales -salario, empleo, jornada, etcétera- como en otras de creciente importancia, como la defensa de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres trabajadoras, la promoción de observatorios sectoriales, las cuestiones relacionadas con la externalización de actividades, así como un tratamiento más favorable a los trabajadores con discapacidad.
La negociación colectiva tiene enemigos. Para los apologetas del pensamiento neoliberal representa una distorsión en el funcionamiento del mercado. Abogan por la eliminación de la regulación colectiva de los derechos o, como poco, que tenga primacía el contrato individual sobre el convenio colectivo.
No es una música que suene mal en los oídos de algunos sectores empresariales, lo que, lógicamente, dificulta enriquecer más el contenido de los convenios. Pero este es el reto. Hay por delante varios miles de convenios por negociar y bastantes meses en los que hacer frente a tal reto.