COLUMNA

Decisiones que traen cola

Acaba de conocerse que el Ministerio de Trabajo tuvo que solicitar el pasado diciembre autorización al Parlamento para que se le concediese un crédito de 2.413 millones de euros, porque el gasto en prestaciones por desempleo aumentó en 2002 un 20% respecto de lo presupuestado. De ello se daba cuenta en este periódico el pasado martes, pero la desviación no se ha debido solamente al incremento de los beneficiarios en casi un 9%.

Además de influir el alza del paro más notable de la última década, el 12% interanual, y una fuerte caída en la creación de empleo, insuficiente para compensar la incorporación de nuevos activos, las cuentas del Inem están distorsionadas por dos decisiones, una legal, pero injusta, que data de 1999, y otra contable de 2001.

La primera consistió en modificar el artículo 206 de la Ley General de la Seguridad Social para permitirse la utilización de las cotizaciones sociales en la financiación de otra políticas distintas de las prestaciones por desempleo.

La segunda fue transferir al presupuesto del Inem para 2002 una parte de los gastos en seguro de paro realizados el año anterior. Así pudo registrarse contablemente un superávit del Inem equivalente al 0,18% del PIB que junto al obtenido por la Seguridad Social (0,66% del PIB) sirvieron para enjugar el déficit del Estado (0,47%) y el de las Administraciones territoriales (0,49% del PIB).

Así, el equilibrio presupuestario en términos de Contabilidad Nacional del conjunto de las Administraciones se compensó con los recursos de los organismos encargados de canalizar las prestaciones sociales a cuantos las necesitan. Una injusticia legalizada que abunda en la desigual distribución social de los esfuerzos para luchar contra el paro, ya que, mientras se financian, por ejemplo, políticas de fomento del empleo, necesarias y beneficiosas para toda la sociedad, con la casi exclusiva aportación de los trabajadores ocupados (las cotizaciones sociales representaron aquel año el 94,19% de los ingresos totales del Inem y se cuentan como remuneración de asalariados), se procede a sucesivas reformas fiscales que desplazan la carga impositiva de los impuestos directos hacia los indirectos y las cuotas sociales.

Por otra parte, la partida de gastos en protección al desempleo endosada al Presupuesto de 2002 fue de 417,68 millones, por lo que a 1 de enero dicho Presupuesto había consumido la mayor parte del incremento del gasto previsto para el año (tan sólo 687,45 millones). Esta dotación inicial, escasa y gastada de antemano en buena medida, más la resistencia del Gobierno a reconocer que España ya no iba tan bien como antes, ha obligado a solicitar la ampliación del crédito para el Inem, contradiciéndose respecto de las explicaciones dadas el año pasado.

Entonces se dijo que el trasvase de una parte de los gastos de 2001 a 2002 se debía a que el Parlamento no daba su autorización para el correspondiente crédito. Excusa poco creíble entonces dada la mayoría absoluta de la que gozaba el PP y desmentida ahora por el propio Gobierno cuando acaba de obtenerlo en una Cámara que mantiene la misma composición. La verdad era que ante todo se perseguía exhibir el déficit cero por encima de las necesidades sociales y de la creación de empleo, sin que el Estado aportase ni un céntimo a la financiación de las prestaciones y de las políticas de fomento del empleo.

El problema se volverá a reproducir este ejercicio porque se ha vuelto a presupuestar al margen de la realidad y reincidiendo en previsiones demasiado optimistas para la evolución de la economía española.

La foto de presentación propagandística del presupuesto del Inem para 2003, con crecimientos del gasto de un 14% respecto de las dotaciones iniciales del año anterior, se ha velado muy pronto, al conocerse que las desviaciones alcanzaron finalmente el 20%. Como ya puede considerarse infundada la previsión de una recuperación del PIB hasta lograr una tasa del 3%, menos aún si se lanza el ataque unilateral contra Irak.

A las decisiones equivocadas con premeditación pueden sumarse las consecuencias de la que ha adoptado el Gobierno por subordinación a la Administración Bush y todas ellas perjudicarán el crecimiento, el empleo y a los parados, sin que nuevos artificios contables puedan ya camuflar la realidad. Mejor sería rectificar la orientación política antes de que la cruda realidad le enmiende la plana al Gobierno y nos pase factura a todos.