Una cláusula con historia
Julián Ariza analiza las recomendaciones de eliminación de las cláusulas de revisión salarial de los convenios colectivos planteadas por el Banco de España, el FMI y el Ministerio de Economía. Para el autor sería un gran error
Dada la ideología en la que bebe y los intereses a los que sirve, no puede sorprender que el Banco de España recomiende la eliminación de las cláusulas de revisión salarial existentes en la mayoría de los convenios colectivos de trabajo. No forma parte de su ideario defender principios como los de justicia distributiva, y de ahí que considere correcto que se transfieran rentas del trabajo a rentas del capital, aun a costa de que los trabajadores vean mermado el poder adquisitivo de sus salarios, que es lo que tratan de evitar dichas cláusulas.
Por similares motivos ideológicos y de servidumbres, tampoco puede sorprender que el Fondo Monetario Internacional abogue por idéntico objetivo e incluya entre las demandas a nuestro Gobierno que fulmine la ultraactividad de los convenios colectivos; esto es, la norma que permite que un convenio prolongue su vigencia hasta el momento en que empiece a aplicarse el que debe sustituirle. Con su habitual estilo cínico, el FMI arguye que por culpa de la ultraactividad los convenios colectivos se 'empobrecen', cuando hasta el más lerdo en la materia sabe que en un contexto socioeconómico y político donde pesan como una losa el paro, la precariedad de una buena parte de los contratos de trabajo y el retroceso de la tutela del Estado en la configuración del marco regulador de la relaciones laborales, partir de cero a la hora de negociar la renovación de un convenio tendría como efecto seguro no sólo que se cuestionaran, sino que se intentaran eliminar algunos derechos y conquistas del convenio extinguido.
Respecto de las cláusulas de revisión salarial, el FMI pide suprimirlas bajo el argumento de que son 'herencia de un pasado inflacionista'. De nuevo emerge su vena cínica, pues da a entender que la inflación actual es poco relevante, cuando en realidad busca su reducción a costa del poder adquisitivo de los salarios. Lo más sangrante de todo este asunto es que, al actualizarse los salarios en función de una inflación estimada a la baja; esto es, no siendo responsables los convenios colectivos de que se eleven los precios por encima de las subidas salariales negociadas, se pretenda castigar a los trabajadores por causas que les son ajenas, léase márgenes comerciales, redondeos por aplicación del euro, etc.
Creer que pueden hacerse previsiones increíbles de inflación y que de la negociación desaparezcan formas para paliar errores es no estar en la realidad
Pero si lo del Banco de España y el FMI puede entenderse aunque no justificarse, lo que se entiende menos y no se justifica en absoluto es que en el campo político surjan voces como la del secretario de Estado de Economía, Luis de Guindos, quien ha vuelto a las andadas de la provocación a los sindicatos afirmando que 'las cláusulas de revisión salarial no tienen ningún sentido en España'. Con lo cual, entre otras cosas, parece querer ponerle piedras al camino de la negociación del acuerdo para la negociación colectiva de 2003, que no sin dificultades tratan de sacar adelante la CEOE, CC OO y UGT.
No tiene razón el señor De Guindos. Las cláusulas de revisión tienen mucho sentido y forman parte ya del acervo económico y laboral construido en nuestro país a lo largo del último cuarto de siglo. A los desmemoriados o desinformados hay que recordarles que dichas cláusulas fueron la lógica derivación de la política salarial puesta en marcha con los Acuerdos de la Moncloa, allá por 1977, uno de cuyos objetivos era frenar una inflación que el 31 de diciembre de ese año alcanzó la cifra del 26,4%. Para combatir aquella tendencia, los acuerdos modificaron el criterio tradicional de elevar los salarios teniendo en cuenta la inflación acumulada en el año precedente, sustituyéndola por la previsible para el año siguiente. En base a ello se fijó un máximo del 20% de aumento de la masa salarial para 1978, al que se sumaron dos puntos para compensar los deslizamientos salariales (pluses de antigüedad, mejoras de categoría profesional, etc.). Aquel cambio provocó muchas más tensiones en el mundo laboral y sindical de las que se han hecho eco los apologetas de los Acuerdos de la Moncloa.
Que estos acuerdos fueran a todas luces positivos para facilitar la transición política y para enfrentar la crisis económica que se vivía no significa que para los sindicatos resultase sencillo asumir que los salarios se ajustaran a la inflación futura, estimada por debajo de la realmente existente. En otras palabras, cuando a partir de enero de 1978 comenzó a aplicarse aquel 20%, millones de trabajadores sintieron haber perdido media docena de puntos en el valor de sus salarios. Si encima no se les hubiera prometido que mediante cláusulas de revisión se les garantizaba que en el futuro no volverían a producirse nuevas pérdidas, probablemente no se habría consolidado la política de moderación salarial que ha recorrido la historia económica de estos últimos 25 años.
A los políticos, aunque sean del Gobierno, hay que pedirles un poco más de sentido común. Creer que pueden hacerse previsiones increíbles de inflación, que éstas se respeten y que en la negociación colectiva desaparezcan los mecanismos para paliar los errores de tales previsiones es estar fuera de la realidad. Y eso, en política, siempre resulta pernicioso.