Reformas en el congelador
El Congreso de los Diputados dio ayer el visto bueno a la contrarreforma del desempleo, con lo que la legislación laboral vuelve al punto en el que estaba antes de la primavera. La reforma laboral más costosa de cuantas se han puesto en marcha en los últimos años, la que más ha dividido el ánimo de los españoles, a juzgar por el seguimiento de la huelga general del 20 de junio, la que pretendía movilizar las políticas pasivas de protección del desempleo, se ha diluido en un solo mes. Independientemente de los problemas que fuese a resolver el decretazo, nunca bien cuantificados ni siquiera por las empresas, el peor mensaje de esta contrarreforma es el parón que se produce en una línea mantenida los últimos años, que además el Gobierno justificaba como la mejor señal para la confianza de empresas e inversores.
El presidente de la CEOE, José María Cuevas, afirmó ayer que la presión sindical había logrado devolver la situación a un punto incluso más rígido que el de la legislación anterior, dado que la nueva formulación de los salarios de tramitación es ahora incluso menos diáfana. Hasta tal punto llega la indignación del presidente de la patronal que incluso comentó que los pactos están en peligro cuando intenta intervenir el Gobierno. Y, a juzgar por los acontecimientos en los últimos meses, no parece faltarle razón. En diciembre de 2001, pocas semanas antes de la llegada del euro, y justo cuando comenzaban a verse nubes en la actividad económica, el vicepresidente Rodrigo Rato accedió a meter en el cajón (inicialmente para unos meses y luego sine die) la reforma de los convenios colectivos, a cambio de un balsámico pacto de moderación salarial.
Ahora, sea por temor a la conflictividad laboral que genere el decretazo, por la necesidad de reeditar la moderación de los salarios, por reconducir la esquiva intención de voto de las últimas semanas o por alegrar la imagen particular de cara a la sucesión de Aznar, el vicepresidente Rato y el ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, han accedido a casi todas las peticiones de los sindicatos, por mucho que insista la doctrina oficial en que únicamente se trata de 'cambios técnicos'.
El mensaje que finalmente ha calado entre los empresarios es que la flexibilidad laboral parece tener un límite: el que ha marcado el Gobierno este mes, tras la presión de los sindicatos con la huelga, la amenaza de más movilizaciones y el factor de riesgo que representa la rotura del diálogo social. Esta misma semana los empresarios alemanes con presencia en España revelaban en una encuesta que el elevado coste laboral seguía siendo el principal problema para instalarse en España y que eran precisas nuevas dosis de flexibilidad en los procesos de ajuste. Pues bien, la señal enviada por el Gobierno es que se produce un parón en las reformas, pese a ser el Ejecutivo el que más literatura ha vertido sobre la necesidad de flexibilidad y liberalizaciones, que, indiscutiblemente, son necesarias.
Los tres grandes saltos producidos en la historia reciente del mercado de trabajo español coinciden con otras tantas reformas laborales de magnitud. En 1984 se flexibilizó la entrada en el mercado, con el contrato de fomento de empleo temporal, y se disparó la contratación. En 1993 se liberalizó el despido de pequeños colectivos de trabajadores (sin autorización administrativa) con una indemnización máxima de 20 días, como si de ajustes colectivos se tratara, lo que permite adaptaciones paulatinas y sin traumas en las empresas. Y en 1997 se redujo, mediante el pacto entre la patronal y los sindicatos, el coste del despido improcedente a 33 días por año trabajado, a la vez que se bonificaban los contratos fijos. Estas reformas han permitido que la creación de empleo haya alcanzado récords en España y que se estimule la contratación con crecimientos de la economía inferiores al 2%, algo impensable hace una década.
Tras estas reformas que agilizan la entrada, la movilidad y la salida del mercado de trabajo, es decir, que lo flexibilizan, la mayoría de los agentes coinciden en que sólo se precisan algunos ajustes en el desempleo, en los convenios y en la formación. Todo indica que tales cambios, por muy necesarios que sean, tendrán que esperar por motivos electorales.