Opa hostil contra Uralita
La atonía que ha caracterizado el mercado bursátil durante los últimos meses se disipó ayer de un plumazo cuando la familia Serratosa, a través de la sociedad Nefinsa, anunció el lanzamiento de una opa por el 35% de Uralita. El precio de la operación, de carácter hostil, es de siete euros por acción, lo que supone una inversión global de 153 millones.
La oferta significa una prima del 24,8% sobre el precio de cierre de ayer y del 18,9% sobre el precio medio del último trimestre. El anunció pilló por sorpresa a la plana mayor de Uralita, cuyos máximos responsables se encontraban en Alemania explicando sobre el terreno la reciente compra del negocio de aislantes de la germana Pfleiderer.
La iniciativa de los Serratosa vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre el control de las empresas mediante la adquisición de una pequeña parte de su capital. La polémica se desató tras el desembarco de ACS en el capital de Dragados con la compra del paquete del SCH. Algo que se repitió con la entrada de Sacyr en Vallehermoso, también mediante una venta del SCH, o con la de Bami en Metrovacesa, operación en la que el vendedor fue el BBVA. En estos casos, los dos grandes grupos bancarios españoles se embolsaron jugosas plusvalías.
Los actores de estas operaciones esgrimieron que tales plusvalías son la compensación por dar a los compradores el control de la compañía adquirida. Sin embargo, las tres compraventas recibieron un alud de críticas porque no se dio opción a que los pequeños accionistas se beneficiaran de las primas abonadas por los compradores. El Gobierno salió al paso del debate y anunció la elaboración de una proposición no de ley, que se ultima estos días, para poner coto a actuaciones de este tipo. El objetivo que persigue el Ministerio de Economía es que un acuerdo que propicie el cambio de control de una empresa no quede en un mero asunto entre dos.
La operación sobre Uralita plantea una nueva perspectiva al debate. Los Serratosa acuden al mercado en un movimiento que les permite tomar sobradamente el control de la empresa (un 35% por la opa, más un 5% que ya controlan en la actualidad), aunque sin hacer extensiva la jugosa oferta al conjunto de los accionistas. Los ingenieros de la operación han aprovechado el resquicio que les ofrece la ley para hacer un planteamiento técnicamente irreprochable.
A la vista de este último movimiento, el Gobierno debe concretar cuanto antes la nueva legislación que tiene en cartera sobre el futuro de las opas. Y esa norma debe evitar lagunas, clarificar el escenario de las ofertas públicas de adquisición de acciones y tratar de conseguir el difícil equilibrio entre garantizar los derechos a los pequeños inversores y, al mismo tiempo, no obstaculizar en modo alguno la entrada de un potente socio que garantice el futuro desarrollo de una compañía.