La reforma de la PAC y el medio ambiente

La Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de Johanesburgo ha pasado revista estos días al progreso en esa materia en la década transcurrida desde Río de Janeiro 1992.

En la Cumbre de Gotemburgo (junio de 2001) los líderes europeos acordaron una estrategia concreta de desarrollo sostenible en la que situaron los aspectos medioambientales al mismo nivel que los objetivos sociales y económicos, formando el tercer pilar de la política europea. Y, además, se comprometieron a un seguimiento anual de este acuerdo, que ya han incumplido en la Cumbre de Barcelona (marzo de 2002), pues en el informe de síntesis previo no había un solo indicador ambiental, pero sí 9 indicadores socioeconómicos y 19 subindicadores.

Uno de los grandes debates en Johanesburgo ha sido el desarrollo rural sostenible, que debe meditar cómo alimentar la población mundial partiendo de dos premisas:

Que en 2025, el 83% de la población mundial vivirá en países en vías de desarrollo.

Que para alimentar a esa población habrá que mantener la producción de alimentos y mejorar su distribución, manteniendo la biodiversidad y evitando la roturación de suelos frágiles, de alto valor ambiental y de productividad marginal.

Europa, Norteamérica y el resto de países desarrollados del planeta deberían presentar respuestas a este reto.

En Gotemburgo se abogó por una agricultura sostenible y sana, con métodos que garanticen la biodiversidad y los productos de calidad. Se planteó acabar dentro de la política agraria común (PAC) con las ayudas a la producción y disminuir las de superficie, con mejoras ambientales y de desarrollo rural.

La UE se presentó en Johanesburgo con un presupuesto agrícola que acapara casi el 50% del presupuesto total de la UE, en el que sólo el 10% se dedica a programas de desarrollo rural y medidas agroambientales, muchas de ellas bastante discutibles.

En 1980 las ayudas de la PAC suponían el 5% de la renta agraria europea. En 1998 eran ya el 34,5 %. Se ha pasado en 15 años del 17,5% de población activa agraria al escaso 5% actual. ¿Es el modelo de desarrollo sostenible para el medio rural mantener ineficazmente un sector pequeño de población subsidiada?

Otros indicadores: el sector del tabaco, que afecta a menos del 0,1% de la población europea, recibe cinco veces más fondos (1.000 millones de euros anuales) que todo el programa Life para conservación de especies y hábitat amenazados de Europa.

La carga ganadera ha aumentado un 32,5% en el bovino, 19,4% en el ovino, 84,7% en el porcino y 54,4% en el avícola. Y, todo ello, ¿para mantener los precios de forma artificial, con más subvenciones, y poder colocar los productos en terceros mercados? No hay que olvidar que la ganadería representa entre el 80% y el 90% de las emisiones de amoniaco de la UE y el 45% de metano.

El uso de fertilizantes de nitrógeno y fósforo, que se había venido reduciendo desde 1980, volvió a crecer en 1992, y también han aumentado las concentraciones residuales de plaguicidas en cosechas y aguas.

El consumo de carne ha aumentado 0,5 kilos por habitante desde 1990. Cada kilo producido requiere entre 5 y 21 kilos de pienso. Por poner un ejemplo, los Países Bajos necesitan producir piensos en un suelo 2,5 veces mayor que la totalidad de su propia superficie agraria.

¿Podemos afirmar que la ecoeficiencia global de la agricultura europea ha mejorado desde 1990?

La PAC ha fomentado el contrasentido de seguir produciendo donde ecológicamente es menos apropiado. Resulta incongruente, por ejemplo, permitir el enriquecimiento artificial de los vinos del norte de Europa (chaptalización) para acabar subvencionando el destilado de una parte importante de la producción europea de vino.

Gracias a las ayudas de la PAC se han roturado los ecosistemas más frágiles y fundamentales para la diversidad ecológica. En el caso del olivar, que ya ocupa el 4 % del territorio español, la búsqueda de mayores producciones por hectárea propicia un aumento absurdo del regadío (la tercera parte del olivar de Jaén ha sido transformada en una década).

España presume de sus tres millones de hectáreas de dehesas y de su monte mediterráneo, pero no conserva un solo bosque de este ecosistema con mínima extensión aceptable. Y sólo el 5% del territorio corresponde a espacios naturales protegidos.

La adopción desde 1992 de un régimen de ayudas agroambientales (Reglamento 2078/1992) ha tenido casi como único objetivo reducir las producciones de forma enmascarada bajo teóricos procesos de extensificación y de abandono de tierras agrícolas en favor del medio ambiente.

La realidad es una intensificación de los sistemas productivos en menor superficie agraria, así como un incremento de tierras marginales abandonadas con serios problemas ambientales derivados de la falta de criterios válidos para su recuperación.

Algunas propuestas generales. Si la UE quisiera liderar un pacto global por la sostenibilidad, con una política agraria que lo haga posible, debería haber cumplido primero sus propios compromisos, cosa que no ha hecho. Debía presentarse un método para la evaluación del impacto de la sostenibilidad, que sigue sin abordarse.

Deben aumentarse la cuota de carburantes alternativos en carreteras al 7% para 2010 y al 20% en 2020, y la cuota de energías renovables hasta un 22,1% en 2010. La UE se ha propuesto para 2005 acabar con los plaguicidas organofosforados. El Consejo debe instar a la Comisión a que se aceleren los trabajos en la presidencia danesa, de forma que se apruebe una nueva legislación en 2004.

La reforma de la PAC de 1999 estableció la ecocondicionalidad, que obliga a los Estados a establecer medidas medioambientales condicionando las ayudas directas a su cumplimiento, que está resultando más que penoso.

Pero además de los compromisos ya establecidos por la Unión, la reforma de la política agraria que ahora se aborda debería avanzar en las siguientes cuestiones:

La PAC debe transformarse definitivamente en una herramienta básica para la conservación del medio ambiente. Los programas de desarrollo rural no pueden ser sólo un 10% del presupuesto, dedicado en gran parte a alojamientos rurales con encanto.

La PAC debe financiar, con mayor rigor que hasta ahora, un programa de retirada de cultivos y recuperación de áreas agrícolas abandonadas (reorganización territorial de usos agropecuarios del suelo), para destinar grandes superficies a la recuperación de ecosistemas naturales y de los ciclos ecológicos básicos.

También se debe establecer la moratoria sobre los OGM (organismos genéticamente modificados). La normativa vigente deja fuera de la obligatoriedad del etiquetado el 90% de los alimentos comerciales que contienen OMG o componentes de éstos.

Para asegurar una agricultura social y ecológicamente sustentable, se deben evaluar y promover estrategias múltiples que empleen tecnologías tradicionales y modernas y desarrollen nuevas capacidades institucionales, más que concentrarse en una sola tecnología en particular.

Utilización de los precios como parte importante de un conjunto de instrumentos para la promoción del desarrollo sostenible en el campo de la agricultura, tal y como pretende la UE en el sector de la energía y el transporte.

Europa debe encontrar un nuevo paisaje agrario, donde se compatibilice la conservación de sistemas agrarios tradicionales, debidamente modernizados, con recuperación de mayores extensiones de ecosistemas poco alterados, que aseguren los procesos ecológicos básicos, olvidando la idea manida del drama ecológico del abandono rural

El caso específico de España. Cualquier caso de reconversión de las prácticas agrícolas debe ir enfocado en España a conservar el suelo y el agua. Es hora de que España se adelante con propuestas imaginativas basadas en sus propias peculiaridades productivas: sistemas agrarios extensivos que mantienen producciones sanas, de alta calidad, así como hábitats de los más valiosos de Europa.

Sin embargo, nos empeñamos en apoyar a países como Francia en la defensa de un sistema de ayudas obsoleto, de incierto futuro, permitiendo discriminación entre las producciones mediterráneas y del norte de Europa.

La agricultura ecológica debería servir como modelo para establecer la agricultura del futuro en Europa. Es fundamental que España propugne aunar normativas relacionadas con la agricultura y ganadería ecológicas con un sistema completo de indicadores agroambientales, donde se contemplen balances energéticos, hídricos y de suelo.

Algunos países europeos (Francia, Austria, Alemania) han comenzado a aplicar estos indicadores como medio de concesión de algunas de sus ayudas agroambientales. España no ha desarrollado todavía estos sistemas, y es incapaz, por tanto, de comparar sus sistemas con los de otros países desde el punto de vista ambiental, cuando presentarían muchas veces indicadores más positivos. El apoyo a sistemas intensivos de producción no ha hecho otra cosa que fomentar el esquilme de las tierras, la concentración de la propiedad, la dependencia de mercados de importación y el éxodo campesino.

Sin embargo, no se debe equiparar siempre la idea de intensificación con destrucción del medio. Alimentar de forma sostenible a la población mundial requiere nuevos sistemas intensivos con balances ambientales positivos.

Nuevas técnicas han demostrado la viabilidad de mantener altos rendimientos mejorando los balances en la utilización de los recursos. Nuevos sistemas de cultivo han de ser desarrollados y apoyados, pero no como mero parche agroambiental, sino como requisito fundamental de la nueva Organización Mundial de Comercio.

Tras 10 años de la firma del Convenio sobre la Diversidad Biológica, las sucesivas Administraciones sólo han presentado una estrategia aún no aprobada. Es fundamental integrar la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica en los planes, programas y políticas sectoriales o intersectoriales, en este caso en la política agraria. Debe darse prioridad a la conservación de la diversidad genética de la agricultura y la ganadería, tanto in situ como ex situ (bancos de germoplasma).

Hasta la fecha, han sido ridículas las ayudas de los programas agroambientales a este aspecto. España podría obtener grandes recursos de la PAC si se estableciera el indicador biodiversidad como una de las bases de concesión de primas.

Los regadíos extensivos ocupan 2.900.000 hectáreas. Entre ellos destaca el maíz (400.000 hectáreas), trigo, cebada, remolacha, patata, girasol, alfalfa e incluso olivar. La nueva PAC debe financiar su reducción, concentrando los limitados recursos hídricos en las áreas climatológica y edáficamente más adecuadas y rentables (hortícolas, frutales, cítricos, planta ornamental y flor, etcétera), con un plan de reconversión de regadíos.

La ganadería extensiva permite un uso diversificado y óptimo del territorio, aprovechando las diferencias climáticas y la complementariedad de los recursos pastables, muchos de ellos no utilizables de forma directa por el ser humano. La ganadería extensiva es uno de los pilares de la riqueza de la fauna de España, que representa la mayor reserva de especies amenazadas de Europa occidental. Mantiene hábitats de muy alto valor ambiental, como áreas pseudoesteparias, y los movimientos ganaderos evitan los incendios forestales y el sobrepastoreo de dehesas, pastizales y áreas de montaña, evitando la erosión y permitiendo dejar un banco de semillas que facilita la regeneración de pastos.

Los animales de régimen extensivo mantienen una importante autonomía energética, con dependencia escasa de nutrientes externos al sistema. La ganadería intensiva, aparte de los graves escándalos alimentarios que ha producido (y va a seguir produciendo), implica dependencia tecnológica y estratégica del país, por la necesidad de importar piensos concentrados en proteínas y energía, o de producirlos con regadíos subvencionados.

España, dado su potencial en este campo, debe forzar un sistema de primas ganaderas radicalmente distinto, destinándolas en exclusiva al fomento de la ganadería extensiva (y a razas autóctonas), incluyendo a sectores como el porcino y el avícola.

El agricultor y ganadero europeo, así como las Administraciones de los Estados, deben entender que esta reforma de la PAC no es más que otro aviso de la sociedad europea, cansada de financiar a tan alto coste sistemas productivos con tan negativos resultados sanitarios, sociales, ambientales y económicos. Las agriculturas más beneficiadas de las sucesivas reformas serán las de aquellos países que, con visión de futuro e imaginación, no se aferren a sistemas de ayuda anticuados y propongan con anticipación sus soluciones, respetando los deseos del contribuyente europeo, y basadas en sus elementos agrarios diferenciadores.