No se crea más empleo con menor crecimiento
Rodrigo Rato presentaba hace 15 días las nuevas previsiones macroeconómicas rebajando por segunda vez el crecimiento del PIB. Del 2,9% inicialmente previsto contra todo pronóstico se tuvo que bajar al 2,4% a los pocos meses, cuando la Comisión Europea ya preveía un 2,1%, y ahora, que hasta el Banco de España espera que terminemos el año habiendo crecido un 2% raspado, el Ministerio de Economía lo cifra en el 2,1%.
Pero el último Consejo de Ministros antes de las vacaciones se realizaba en un clima todavía muy cargado por el polémico decretazo y el vicepresidente segundo se aventuró a sentenciar que con las reformas laborales de su Gobierno se crearía más empleo con menos crecimiento económico.
Olvidaba que, pese a las reformas impuestas unilateralmente por el Gobierno en marzo de 2001, llevábamos dos trimestres consecutivos destruyendo empleo, 17.400 en el cuarto del año pasado y 65.000 en el primero de éste.
Con los recientes datos de la encuesta de población activa (EPA) correspondientes al segundo trimestre se han apresurado, el flamante ministro de Trabajo y el secretario de Estado de Economía, a lanzar las campanas al vuelo. Los 185.200 nuevos empleos creados entre abril y junio marcan ciertamente una inflexión positiva respecto de los dos periodos inmediatamente anteriores medidos por la EPA, pero no confirman el aserto de Rodrigo Rato sino que lo siguen desmintiendo.
Hace un año, incrementándose el PIB al 2,5% crecía el empleo un 3,7% anual, pero ahora con un descenso de medio punto en la economía, la creación de puestos de trabajo ha caído casi punto y medio, quedándose en el 2,3%. Si en 1999 hubo más empleo para 800.000 personas, al año siguiente lo alcanzaron 570.000 y en los últimos 12 meses han sido 364.000, acentuándose por tanto la tendencia decreciente en mayor medida que la desaceleración económica.
Tampoco es cierto que la evolución del paro en España sea más alentadora que en los países europeos, como ha afirmado Eduardo Zaplana, estrenándose como ministro de Trabajo y Asuntos Sociales en el comentario de la EPA pero repitiendo un viejo discurso gubernamental. En España la tasa de paro es del 11,09% de la población activa, pero aunque haya bajado cuatro décimas respecto del primer trimestre, tenemos 192.900 parados más que el año pasado y el índice de paro se ha elevado 0,7 puntos, mientras que en la eurozona sólo ha empeorado en 0,2 puntos. En todo caso, su media de desempleo es del 8,4% y España mantiene el primer puesto en tan lamentable ranking.
En cuanto a las características del empleo creado también se acusa negativamente el efecto de las reformas aplicadas por el Gobierno sin el consenso de los agentes sociales.
Se modificó regresivamente el contrato a tiempo parcial pactado en 1998 en aras de impulsar con mayor vigor esta forma de empleo. Pero si aquel acuerdo, que fue rechazado por las patronales considerando que la nueva regulación del contrato laboral para dicha modalidad de empleo era demasiado rígida, no impidió que crecieran en casi un 10% anual los puestos de trabajo a tiempo parcial, la desregulación operada en la primavera de 2001 no ha evitado que cayeran incluso por debajo del 8% que había sido la tasa más baja de este tipo de contratos hasta el citado acuerdo de diciembre de 1998.
Algo parecido puede comentarse sobre la reforma de los contratos estables con la que el Gobierno vino a trastocar los acuerdos entre patronales y sindicatos de abril de 1997. No han fomentado la contratación indefinida, que sigue perdiendo fuerza, ni desciende la temporalidad, que se mantiene por encima del 31%.
Las reformas laborales no crean empleo por sí solas, lo transforman. Y si lo hacen más precario facilitan su destrucción en tiempos de crisis y dificultan su recuperación en periodos de expansión económica.
El crecimiento de la economía es el motor principal del empleo. La negativa del Gobierno a adoptar medidas reactivadoras y a gastar más en políticas activas de empleo por anteponer el equilibrio presupuestario sólo revela que este primordial objetivo se asienta en la injusta utilización de los superávit de las cotizaciones sociales y que su política económica tiene los pies de barro.