La Bolsa, pendiente de la certificación de las cuentas en EE UU

Los mercados de valores han extremado los niveles de volatilidad en las últimas sesiones. A los débiles datos económicos se les ha sumado la creciente inquietud por las irregularidades contables de numerosas empresas.

En un intento por atajar la desconfianza, el Gobierno de George Bush aprobó hace unas semanas una ley de buen gobierno empresarial, que incluye sanciones penales para los ejecutivos. El mismo día 14 de agosto entra en vigor esta norma, que responsabiliza a los máximos ejecutivos de los resultados de las empresas que dirigen.

Por su parte, el organismo regulador del mercado estadounidense (SEC por sus siglas en inglés) ha exigido a 947 empresas que envíen declaraciones juradas de que sus informes financieros son verídicos. La certificación debe ir firmada por el consejero delegado o director de finanzas.

Las empresas tienen hasta el 14 de agosto para presentar los certificados. Eso sí, podrán pedir una prórroga por escrito.

Por el momento, compañías de la talla de Exxon Mobil, United Technologies o General Electric, entre los integrantes del índice Dow Jones, así como otras empresas como Amazon, Oracle o Pepsico, ya han certificado los resultados empresariales que habían presentado.

Dudas

En principio, los expertos han aplaudido la aplicación de estas medidas, ya que persiguen restaurar la deteriorada confianza de los inversores. Sin embargo, otras fuentes dudan de que estas medidas logren su objetivo. De hecho, 56 compañías integrantes del índice S&P 500 no tienen obligación de presentar el certificado. Tyco, una de las empresas que han azuzado el nerviosismo del mercado por las posibles irregularidades en sus estados contables, no tiene que presentar el escrito porque tiene su sede social en las Bermudas.

Otras compañías no tendrán que presentar el certificado porque no alcanzan los requisitos de ingresos. Por ejemplo, las firmas de Internet Yahoo y eBay tampoco están obligadas a confirmar las cuentas, dado que no han obtenido más de 1.200 millones de dólares en ingresos. En este mismo caso se encuentran la biotecnológica Biogen o la firma de equipos electrónicos Palm.

Un caso especialmente llamativo es el de Imclone. El antiguo máximo ejecutivo de la biotecnológica está acusado de utilizar información privilegiada. Sin embargo, la compañía no tiene que refrendar las cuentas, dado que obtuvo 33 millones de dólares en las ventas del año pasado.

Hasta el jueves, sólo 104 empresas de las 947 requeridas habían presentado la certificación, según la página web de la SEC. Fuentes del mercado afirman que la normativa había cogido por sorpresa y que se esperaba que hasta el último momento las mayor parte de las compañías no presentaran el escrito.

Los expertos esperan, por ello, que el nerviosismo del mercado se acentúe en las próximas sesiones, en previsión de que la lista de sorpresas negativas aumente.

Directivos que antes fueron modelo, ahora bajo sospecha

 

 

 

 

Avalancha de investigaciones del regulador

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El escándalo de Enron ha dado lugar a una avalancha de empresas sospechosas de haber cometido fraude en la elaboración y presentación de cuentas. El boom económico de los noventa y la posterior recesión y estrechamiento de los márgenes de beneficio llevó a muchas compañías a maquillar sus cifras con el fin de evitar presentar pérdidas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auditoras, consultoras y analistas no han escapado a las pesquisas del regulador. Arthur Andersen fue condenada por un jurado el 15 de junio por obstrucción de la justicia en el caso Enron. Por su parte, Merrill Lynch cerró un acuerdo con la fiscalía general de Nueva York por el que se vio obligada a pagar 100 millones de dólares, después de ser acusada de publicar informes positivos de valores que los analistas ridiculizaban en privado.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altos directivos que en su momento fueron considerados modelos a seguir son ahora objeto de investigación. Sam Waksal, antiguo presidente de Imclone; John Rigas, anterior ejecutivo de Adelphia; Dennis Kozlowsky, de Tyco, o Joseph Nacchio, de Qwest, son algunos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el capítulo de empresas que realizaron irregularidades contables se encuentra también Xerox, que fue obligada a presentar de nuevo las cuentas, restando 1.400 millones de dólares de beneficios en los últimos cinco años. La SEC impuso una multa de 10 millones de dólares.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además de las citadas, con sentencias o acuerdos alcanzados, otras 13 firmas de peso son investigadas. A la energética Enron le siguieron otras del sector, como El Paso, Halliburton o Dynegy. También los conglomerados Tyco o Williams y el gigante mediático AOL Time Warner.

La autoridad endurece las sanciones, que pueden ser penas de cárcel

 

 

 

 

La polémica desatada tras la aparición de escándalos contables de la magnitud de Enron, Tyco o Worldcom ha llevado al Gobierno de George Bush a tomar drásticas medidas para intentar restaurar la confianza. El Senado aprobó hace unas semanas una serie de medidas que incluyen hasta penas de cárcel y abultadas multas para los altos directivos que presenten deliberadamente resultados que no se correspondan con las leyes contables.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas sanciones son más duras que las propuestas por el organismo regulador del mercado (SEC por las siglas en inglés), que exige a los ejecutivos confirmar la veracidad de sus cuentas. El consejero delegado o director financiero han de presentar una declaración jurada de la veracidad. Con esta medida, los altos ejecutivos de las compañías refrendan personalmente la buena fe en la elaboración de las cuentas. La posibilidad de una sanción posterior corresponde a la justicia, no al regulador.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La SEC también exige que, a partir de este momento, los máximos ejecutivos de todas las firmas de Bolsa den fe de que las cuentas financieras son fidedignas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las sanciones por presentar cuentas fraudulentas, pueden llegar hasta 10 años de cárcel y una multa de un millón de dólares por certificar cifras que, a sabiendas, son incorrectas. La pena podría alcanzar los 20 años de cárcel y cinco millones de dólares por hacer una certificación falsa a propósito.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otras medidas aprobadas limitan el tipo y la cantidad de las albores de auditores y consultores. Además, amplía las atribuciones de la SEC para que pueda investigar posibles fraudes contables y exige más transparencia en la presentación de informes.