COLUMNA

Estabilidad a la sevillana

José Borrell Fontelles afirma que la política económica de la zona euro no se puede basar sólo en el objetivo de inflación, fijado unilateralmente por el BCE, y en el déficit cero. Son, asegura, dos semáforos descoordinados

Los grupos de trabajo de la Convención Europea empiezan a entrar en el debate sobre aspectos concretos. No tanto, como nos recuerda su presidente, Valéry Giscard d'Estaing, para hacer la crítica del funcionamiento pasado de las instituciones europeas, sino para proponer un modelo para la Europa política y ampliada del futuro.

Pero entre el pasado y el futuro está el presente concretado en la Cumbre de Sevilla. Desde el punto de vista del diseño de la futura gobernanza económica europea son especialmente relevantes sus acuerdos en materia de políticas presupuestarias y el mantenimiento virtual del Pacto de Estabilidad… y, se me olvidaba, de Crecimiento.

En vísperas de Sevilla la crisis se cernía, una vez más, sobre dicho pacto. Pero fue evitada gracias al recurso habitual a los sí, pero comunitarios. El jueves pasado, el vicepresidente Rato reunía a los ministros de Economía de los Quince en Madrid, y Francia se comprometía a alcanzar en 2004 una posición 'cercana' al equilibrio presupuestario, aunque condicionando ese objetivo a que el crecimiento fuese como mínimo del 3% a partir del próximo año.

El compromiso francés se producía después de varias semanas de polémica sobre el objetivo de déficit cero y su compatibilidad con las promesas electorales del candidato Chirac. Este, junto a Jospin como compañeros de bicefalia institucional, se había comprometido en la Cumbre de Barcelona a conseguir el déficit cero en 2004, lo que permitió consagrarlo, de forma concreta, por primera vez, en los acuerdos de un Consejo europeo. Pero durante la campaña electoral Chirac se desdijo de ese compromiso, con gran escándalo de Jospin, proponiendo aumentos del gasto y rebajas de impuestos que obligaban a retrasar el equilibrio del Presupuesto hasta 2007. Algunas de sus propuestas fiscales eran, además, manifiestamente imposibles de aplicar porque iban en contra de la normativa comunitaria, como la rebaja del IVA en los servicios de hostelería. Pero, pelillos a la mar, el PP hizo lo mismo con la rebaja del IVA en las autopistas para conseguir el voto de CiU a la investidura de Aznar en 1996.

El acuerdo de Madrid permitió que la paz reinase en Sevilla pero, al contrario de lo ocurrido en Barcelona, los jefes de Estado y de Gobierno no reiteraron explícitamente en sus conclusiones el objetivo del déficit cero en 2004.

Aprobaron las orientaciones generales de la política económica consensuadas por sus ministros, que contienen no pocas advertencias y recriminaciones a la situación presupuestaria de Francia, pero, en el fondo, al aceptar que el déficit cero en 2004 no se podría alcanzar sin un fuerte crecimiento, hicieron prueba de realismo.

La condicionalidad exigida por Francia la necesitan tanto como ella al menos Alemania, Italia, Portugal y España. Pero en el caso francés parece que ni siquiera el crecimiento económico sacará de apuros al nuevo Gobierno si quiere cumplir las promesas de reducción de impuestos, que representan 30.000 millones de euros de menos ingresos públicos.

Así, en Sevilla, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento ha vivido una nueva peripecia que no hace sino avivar las voces de los que piden una adaptación del mismo a las circunstancias coyunturales o, en palabras de varios ministros, una interpretación más 'inteligente' del único instrumento del que dispone la UE, hasta ahora, para coordinar sus políticas presupuestarias.

Cada vez parece más evidente que la política económica de la zona euro no se puede basar únicamente en el funcionamiento de dos únicos semáforos descoordinados entre sí: la tasa objetivo de inflación, fijada unilateralmente por el BCE en función de la cual determina su política monetaria, y el 'déficit cero', que vincula por igual a todos los países cualquiera que sea su situación coyuntural, su nivel de deuda acumulada o la composición de su gasto.

Con un objetivo presupuestario tan simple y mecánico, es difícil que el Pacto de Estabilidad pueda ser, además, un instrumento para el crecimiento. La coordinación de las políticas económicas de los distintos países debería versar, al menos, sobre tres aspectos: el déficit, la deuda y la estructura del gasto. Es lo que subyace bajo los planteamientos británicos, que son económicamente pertinentes y que deberán ser objeto de debate en la Convención.

¿Por qué debe converger al déficit cero en la misma fecha, 2004 u otra, un país como el Reino Unido, con un endeudamiento muy bajo -menos del 40% del PIB-, como otros muy endeudados -60% del PIB-, como Francia o Alemania? Como se sabe, el endeudamiento fue uno de los criterios de convergencia de Maastricht que pilotaron la marcha hacia el euro. Su aplicación fue muy laxa, aceptando que muchos países hiciesen gala de extraordinaria creatividad contable para no tener que excluir ninguno. Pero ahora la correspondencia déficit-deuda vuelve a plantearse relacionándola, además, con nuevos factores que gravitan sobre la estabilidad presupuestaria.

La financiación de las pensiones es uno de ellos. Aunque en teoría es un problema de estricta competencia nacional, la realidad es que su impacto presupuestario futuro puede ser muy grande y el choque financiero-demográfico del sistema en algunos países puede afectar a la moneda común. Por ello, los países cuyos sistemas de pensiones reciben menos financiación pública que otros empiezan a pensar que se debería exigir, no sólo el equilibrio, sino excedentes presupuestarios para hacer frente a esos riesgos futuros.

La distinción entre inversión y gasto corriente, o entre los distintos objetivos del gasto, ha entrado también en la polémica. Así, Italia reclama, no sin razón, que las nuevas inversiones en infraestructuras, investigación y seguridad se excluyan temporalmente del objetivo del déficit cero, con lo cual no se hace sino resucitar la vieja regla de oro de la política presupuestaria por la que el déficit público no puede ser superior a la inversión.

El debate debería servir para recordar que no se puede exigir más educación, investigadores y policías, y menos impuestos y déficit cero. Difícilmente la Europa del futuro aceptará que los países bajen de forma unilateral sus impuestos por razones de política nacional como han hecho desde 2000 Alemania, Francia y España.

El euro obliga a una disciplina común que no puede ser proclamada retóricamente en cada Cumbre en torno a un único y burdo indicador para ser violada subrepticiamente por unos y otros. Después de Sevilla es todavía más necesario discutir serenamente el contenido de un Pacto de Estabilidad … y, se me olvidaba, de Crecimiento.