El cambio en la política agraria de EE UU
José María Sumpsi subraya que las nuevas ayudas agrícolas aprobadas por EE UU provocarán una caída de los precios internacionales y grave perjuicio para los países en desarrollo. Además, complicarán la negociación en la OMC
La crisis de los mercados agrarios internacionales de 1998 tuvo un fuerte impacto en la economía agraria de EE UU. A la reducción de las exportaciones derivada de la fuerte caída de la demanda de productos agrarios en el mercado mundial, se le sumó un importante incremento de la producción agraria doméstica como consecuencia de la supresión de la retirada obligatoria de tierras de cultivo aprobada por la Farm Bill de 1996 y de los elevados rendimientos fruto de la buena climatología.
La combinación de elementos por el lado de la oferta y de la demanda ha producido el hundimiento de los precios percibidos por los agricultores, que en algunos productos alcanzó hasta un 40%.
El programa de emergencia aprobado por el Congreso de EE UU en octubre de 1998 para hacer frente a la crisis supuso un desembolso presupuestario adicional de 6.000 millones de dólares en ayudas directas para los agricultores afectados por la crisis, aunque sin alterar en lo básico el espíritu de reducción del proteccionismo agrario aprobado por la Farm Bill de 1996. Sin embargo, cuatro años más tarde de la crisis de 1998, y tan sólo unos meses después de que EE UU firmara la declaración ministerial de Doha en la que figura el compromiso de reducir las ayudas directas que distorsionen el comercio agrario internacional, el Congreso de EE UU ha aprobado la Farm Bill 2002, en la que se incrementa notablemente el proteccionismo agrario. Ante esta situación, muchos países han criticado duramente a EE UU por mantener un doble discurso: por un lado, exige a los demás una reducción de las ayudas y, por otro, aprueba un programa de política agraria que supone un incremento sustancial de las ayudas para sus agricultores.
La Farm Bill firmada recientemente por el presidente Bush autoriza un gasto público agrícola de 190.000 millones de dólares durante los próximos años, lo que supone unos 83.000 millones de dólares más que el presupuesto aprobado por la Farm Bill de 1995.
La nueva Farm Bill financiará una gran variedad de programas, que van desde la investigación agraria hasta medidas de conservación medioambiental. Pero, una parte significativa del presupuesto, 57.000 millones de dólares, se destinará a pagos directos a los agricultores para compensarles de descensos en los precios agrarios. Son los llamados pagos anticíclicos, que constituyen una de las novedades principales de la nueva política agraria de EE UU y que beneficiarán principalmente a los productores de trigo, maíz, sorgo, cebada, avena, arroz, algodón y productos lácteos.
Los subsidios a los productores de EE UU están ya distorsionando fuertemente la economía agraria de EE UU. Según datos de la OCDE, el 25% de la renta agraria de EE UU procede actualmente del presupuesto público y la media de gasto público agrícola en el año 2000 fue de 20.800 dólares por agricultor.
Estas cifras se incrementarán notablemente como consecuencia de la aprobación de la nueva Farm Bill, y lo que es peor, EE UU se desmarca del compromiso de reducción de las ayudas que distorsionan el comercio internacional, puesto que los pagos anticíclicos se aplican cuando los precios descienden y, por tanto, se trata de pagos conectados a la producción y a los precios de mercado. Mientras la Unión Europea está desconectando sus ayudas agrarias de la producción desde 1992, justamente para alcanzar los acuerdos de la Ronda Uruguay del GATT y preparase para la nueva Ronda de Negociaciones de la OMC, ahora EE UU, teórico abanderado de la reducción de las ayudas agrarias, nos sorprende a todos aprobando una Farm Bill que aumenta las ayudas distorsionadoras del comercio internacional, en contra del compromiso suscrito en la declaración ministerial de Doha.
¿Significa lo anterior que el proceso de apertura comercial de los mercados agrarios iniciado en la Ronda Uruguay ya se ha agotado, y que , por tanto, no se van a dar más pasos o incluso se volverá al anterior proteccionismo? En mi opinión, no.
La lección que nos brinda la crisis de los mercados agrarios internacionales de 1998 es que la reducción del proteccionismo agrario puede y debe continuar, pero con garantías. Estas garantías deberán acordarse justamente en las próximas negociaciones de la OMC, y podrían consistir en el establecimiento de cláusulas de salvaguardia, en el desarrollo de una política de seguros de ingresos agrarios o en la utilización de otros mecanismos de emergencia en casos de crisis graves, pero evitando la concesión de pagos directos vinculados a los precios de mercado y, por tanto, que distorsionan el comercio internacional, como acaba de hacer EE UU.
La nueva Farm Bill provocará la caída de los precios del mercado mundial, con graves perjuicios para los países de vías de desarrollo, y complicará las negociaciones en curso en el seno de la OMC.
EE UU acaba de mover ficha. Ahora le toca a la Unión Europea, que también en materia de política agraria va a remolque de EE UU, como demuestra el hecho de que la revisión de medio término de la PAC (Política Agraria Común), prevista para el 20 de junio, acaba de ser retrasada al 10 de julio, justamente para tener en cuanta los efectos de la Farm Bill 2002.
No es fácil pronosticar cómo influirá la nueva política americana en la revisión de medio término de la PAC, pero creo que irá en la dirección de minimizarla. Craso error, porque las razones para modificar la PAC no son sólo externas, sino internas, y diría incluso que son más importantes las internas, incluida la ampliación de la Unión Europea, que las externas.