Hay razones sobradas
Estos días escucho continuamente la siguiente pregunta: ¿existen razones para realizar una huelga general? Desde mi punto de vista existen sobrados motivos para realizar una huelga general. La razón de esta convocatoria de paro es la ruptura del diálogo social y la decisión por el Gobierno de reformar el sistema de protección por desempleo. Sin embargo, este es el detonante de una situación a la que se suman otros motivos para realizar esta huelga: la elevada tasa de paro, el altísimo nivel de precariedad laboral, los índices de siniestralidad, la reforma laboral impuesta, el intento de reformar unilateralmente la negociación colectiva -ya se anuncia que próximamente se retomará-, el anuncio de ampliar el periodo de cálculo de las pensiones, la decisión de ampliar la posibilidad de utilizar el contrato de inserción -que no da derecho a prestaciones por desempleo-, etcétera.
El diálogo social se ha roto porque el Gobierno ha provocado la ruptura, por más que ahora intente ofrecer la imagen de que quiere negociar la reforma de las prestaciones por desempleo. Hay que recordar que el ministro de Trabajo anunció reiteradamente que el paquete de medidas sobre esta reforma saldrá adelante haya o no consenso sobre ellas, lo que unido a la injustificada urgencia para su aprobación, pone de manifiesto que no se está ante un proceso de negociación, ya que es una de las partes en exclusiva, el Ejecutivo, la que determina las medidas, el procedimiento y los plazos. Esta actitud prepotente la viene demostrando el Gobierno desde que obtuviera mayoría absoluta en las últimas elecciones generales, y nada tiene que ver con el diálogo de su primera legislatura.
Hay que destacar que UGT y CC OO nos oponemos a esas medidas porque el Ejecutivo pretende quitar a los trabajadores un derecho por el que han cotizado a cambio de una simple concesión en virtud de una decisión administrativa. Las prestaciones de desempleo no son una concesión graciosa, sino una forma de salario diferido, al que cotizan y tienen derecho; un derecho que -además de aportarles renta, tiempo para encontrar otro empleo, autonomía- fomenta la estabilidad macroeconómica, reduce la exclusión social y facilita el ajuste estructural del sistema productivo.
Tampoco olvidemos que esta reforma establece otra medida que afecta directamente al coste y las causas del despido, la supresión de los salarios de tramitación en el caso de los despidos declarados improcedentes. Esta medida facilita la decisión empresarial de extinguir unilateralmente el contrato, aunque el despido no se ajuste a Derecho. En definitiva, supone un abaratamiento del despido que en ningún caso ayuda a la búsqueda de empleo, como dicen que pretende esta reforma.
Para justificar la reforma, el Ejecutivo argumenta que el desempleo no responde a la incapacidad de la economía para crear suficiente empleo, sino al rechazo de gran parte de parados a aceptar empleos vacantes. Del mismo modo, traslada la imagen de que el gasto en desempleo está desbordado y que es necesario atajar un elevado fraude.
Ahora, el Inem sólo intermedia en el 17% de los contratos celebrados en este país y se da la paradoja de que en una oficina de este instituto es más fácil enterarse de una oferta de empleo en Gran Bretaña que en Guadalajara. Si el presidente Aznar quiere una verdadera reforma para que el sistema consiga emplear a los parados, que adopte las medidas necesarias para que el Inem sea un verdadero instrumento en ese sentido.
No existe ningún desbordamiento del gasto destinado a prestaciones o a subsidios para los desempleados con el que justificar la medida: al revés, entre 1998 y 2001 la diferencia entre los ingresos por cotizaciones y el gasto por prestaciones de desempleo arroja un superávit de más de 1,7 billones de pesetas (10.217 millones de euros). A los que, al final de 2002, habrá que sumar otro medio billón (3.000 millones de euros) del excedente previsto este año. En los últimos dos años, el Estado no aporta nada al sistema de protección, ya que el excedente de cotizaciones financia también las políticas activas de empleo
En cuanto al posible fraude, los datos no avalan la reforma del Gobierno. El sistema cubre a pocos; la intensidad de la protección es de las más bajas y cortas de la UE; las exigencias a los parados son de las más duras (sólo en España al que no acepta una oferta adecuada se le sanciona con la pérdida de la prestación); y el fraude demostrado es muy bajo: conforme a los expedientes incoados por el Inem, en 2001 no llega al 1,5% del total de quienes tienen derecho a prestaciones.
Si Aznar quiere evitar fraudes en la protección por desempleo, ¿por qué no adopta medidas para que muchos empresarios de algunos sectores no puedan rescindir los contratos temporales a las puertas de las vacaciones o puentes, enviando a los trabajadores al paro para luego volverlos a contratar?
Si el presidente Aznar está tan deseoso de acometer reformas, ¿por qué no adopta las medidas para atajar la siniestralidad laboral? Por cierto, ¿en qué cajón ha guardado el Informe Durán contra la siniestralidad laboral, que él mismo había encargado?
En definitiva, nada justifica la reforma de las prestaciones por desempleo que pretende el Gobierno y, por tanto, debe retirarla e iniciar de nuevo un proceso de diálogo social. Si, por el contrario, el Ejecutivo se empecina en llevarla adelante, los trabajadores no tendremos más remedio que presionarle para que no sea así a través de una huelga general.