Un paso atrás

Los sindicatos CC OO y UGT convocaron ayer una huelga general para el 20 de junio. El presidente de la patronal y el responsable de la federación más importante de UGT presentan aquí argumentos enfrentados sobre la medida

La huelga general convocada por los sindicatos para el próximo 20 de junio es de carácter político. Eso es algo fácil de deducir, puesto que la sufrirán las empresas, y sin embargo está motivada por una iniciativa gubernamental sobre reforma del desempleo. En resumen, las centrales sindicales van a dar al Gobierno de la nación una patada en nuestro trasero.

Patada que por cierto, y si la huelga tiene seguimiento, y eso está por ver, costaría a la economía nacional varios miles de millones de euros en bienes y servicios dejados de producir y en cuotas que se dejarán de ingresar en las arcas de la Seguridad Social, y perjudicará a los trabajadores, que verán descontado un día de su salario.

Pero esto, con ser grave, no lo es tanto si lo comparamos con el daño que sufrirá la imagen internacional de España, en plena presidencia de la Unión y en vísperas de la Cumbre de Sevilla.

¿Cuáles son los motivos para que las centrales sindicales adopten una medida tan drástica?

Desde luego no es cierto que se recorten las prestaciones por desempleo en el proyecto gubernamental: ni se reducen los colectivos protegidos, ni cambian las cuantías de las prestaciones, ni se modifican los plazos de percepción. Los empresarios conocemos muy bien este hecho, porque somos los paganos del sistema. En contra lo que opina la gente de la calle, las cuotas del desempleo no son sufragadas por los asalariados más que en un 20%. El 80% restante lo pagan los empresarios por un importe que el año pasado ascendió a 1,5 billones de pesetas (unos 9.000 millones de euros).

Ahora pagamos, por cierto, las mismas cuotas que cuando había en España cuatro millones de parados. El superávit del sistema de desempleo ha permitido que con las cuotas empresariales no solamente se pague el sistema contributivo, sino también el asistencial, e incluso después de lo anterior sobren cientos de miles de millones para equilibrar el déficit público.

De hecho, nuestra reivindicación es que se produzca la separación de fuentes de financiación, con lo que se podrán disminuir las cuotas al desempleo, habida cuenta de que el paro en España se ha reducido más de un 60% en los últimos seis años.

Dejemos sentado, pues, que en el proyecto de reforma no se incluye recorte alguno de las prestaciones. Es cierto, sin embargo, que se contempla la desaparición de los llamados salarios de tramitación, pero no lo es menos que a partir de la fecha del despido el parado comenzaría a percibir el seguro de desempleo, por lo que no existe perjuicio para él.

Tampoco es cierto que los actuales beneficiarios del Plan de Empleo Rural (aunque ahora se llama de otra manera) vayan a perder su privilegiado estatus. Sucede simplemente que este sistema se irá extinguiendo para ser sustituido por otro de subsidio agrario más justo desde el punto de vista regional.

Por último, tampoco parece ser motivo de convocatoria de una huelga general que el proyecto de reforma establezca que un parado puede acabar perdiendo la prestación si reiteradamente rechaza una 'oferta de empleo adecuada'. Todos conocemos que hay cientos de miles de supuestos parados cobrando del seguro cuando al mismo tiempo hay cientos de miles de ofertas de empleo que deben ser cubiertas recurriendo a personal inmigrante, una clara paradoja que esta reforma quiere eliminar.

Como es lógico, la clave de la discusión es definir con exactitud lo que significa 'oferta de empleo adecuada' y es en este punto donde las centrales sindicales podrían contribuir a precisarla a través de la negociación, pero sin poner en discusión algo que para todos es obvio: el seguro de desempleo está concebido para aquellos que queriendo trabajar no pueden, y no para aquellos otros que simplemente no quieren hacerlo.

En resumen, el proyecto de reforma del desempleo no supone recorte alguno de las prestaciones (de hecho, nada hace prever que a los empresarios les cueste menos que antes); y se limita a avanzar tímidamente en la lucha contra el fraude y en la progresiva eliminación de sistemas hoy claramente ineficaces.

Responder a esta iniciativa con la convocatoria de una huelga general es, por lo tanto, injustificado, ya que no hay recorte de prestaciones; desproporcionado, puesto que causará a España un daño económico y de imagen muy alto; injusto para unas empresas que sufrirán la huelga; inoportuno por cuanto coincide con la Cumbre de Sevilla y, por encima de todo, supone un paso atrás en lo que han sido las relaciones laborales y el diálogo social en los últimos años, en los que se había conseguido, con altibajos, un clima de acuerdo mutuo y de confianza que había servido para mejorar extraordinariamente la economía española y las condiciones de vida de los trabajadores que los sindicatos representan.

Las cifras cantan: más de 3,5 millones de empleos netos creados, un 80% de ellos indefinidos; más de 16 millones de cotizantes a la Seguridad Social que han permitido sacar al sistema de la quiebra y obtener superávit, y una mejora real del poder adquisitivo de los españoles que se ha traducido en niveles históricos de ventas de viviendas, vehículos y otros bienes de consumo.

Todo esto es lo que las centrales pondrán en riesgo el próximo 20 de junio, porque nuestra experiencia y la de otros países nos demuestra que en materia socioeconómica se puede retroceder con la misma frecuencia y facilidad con la que se avanza.