Encuentro de la sociedad civil
La semana pasada se celebró en Madrid, coorganizado por el Comité Económico y Social Europeo, el Consejo Económico y Social español y el Foro Consultivo Económico y Social del Mercosur, el II Encuentro de la Sociedad Civil organizada de la UE, América Latina y el Caribe (UE-ALC ). El primero se celebró en 1999 en Río de Janeiro, en vísperas de la primera Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de estas regiones. Este ha tenido lugar un mes antes de la próxima cumbre europea latinoamericana caribeña, prevista para los 17 y 18 de mayo en Madrid.
Uno de sus objetivos ha sido consensuar, para transmitir a los representantes políticos, las aspiraciones de la sociedad civil organizada (160 responsables de las organizaciones más representativas de empresarios, de trabajadores y de otros sectores sociales). ¿Qué demandan a sus políticos las organizaciones sociales de la UE-ALC? Hay tres prioridades.
La primera es la de establecer una alianza estratégica interregional. Es algo que ya se propugnaba en la Declaración de Río, pero en lo que se ha avanzado poco. Muchas razones históricas, culturales, sentimentales, políticas y económicas abundan en su favor. Una alianza imprescindible para Europa si quiere seguir representando en el mundo un modelo social y cultural diferente; y necesaria para América Latina para no terminar siendo fagocitada, en todas sus dimensiones, por EE UU y su Asociación de Libre Comercio de las Américas (ALCA).
Una alianza para contribuir a establecer un orden internacional más multipolar, justo, equitativo y seguro. Y para luchar contra la pobreza y las desigualdades en América Latina y el Caribe -agudizadas estos últimos años-, ante las cuales a la UE se le pide una política mucho más decidida y autónoma ante la deuda externa, respecto a la cooperación al desarrollo y al establecimiento de relaciones comerciales mucho más equilibradas.
Una alianza que requiere, especialmente en estos momentos, el decidido apoyo a la integración del Mercosur (entre otras cosas, apoyando la recuperación de Argentina y acelerando al máximo las negociaciones y la firma del acuerdo de asociación UE-Mercosur, para así anticiparse en todo lo posible al calendario del ALCA), que es el referente de una integración económica, política y social diferente -y más similar a la europea- en Latinoamérica.
La segunda, el establecimiento de una dimensión social real y efectiva en los diversos acuerdos de cooperación o de asociación que mantiene la UE con los países o subregiones de ALC. Esto implicaría incorporar al contenido de los mismos, el compromiso de respetar los convenios fundamentales de la OIT (América Latina es una de las regiones donde se produce mayor violación de los derechos laborales y sindicales, incluidos los asesinatos de más de un centenar de sindicalistas cada año), así como los textos básicos que definen dicha dimensión social en cada una de las regiones (Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, Declaración Sociolaboral de Mercosur, etcétera).
A las empresas europeas implantadas en América Latina y el Caribe -que no tienen en todos los casos fama de ser ejemplares en cuanto a esa 'responsabilidad social' que vienen reclamando desde la Cumbre Mundial del Desarrollo Social hasta las Naciones Unidas, pasando por la propia UE- hay que exigirles que se conviertan en la avanzadilla no sólo en el cumplimiento de las legislaciones nacionales y las normas laborales de la OIT, sino en el fomento de sistemas laborales basados en el diálogo, la negociación y el consenso con las organizaciones sindicales.
La UE, por su parte, podría desempeñar un papel clave creando un programa específico, técnico y financiero, de apoyo al robustecimiento institucional de los organismos consultivos económico-sociales subregionales; de desarrollo de la dimensión social en los procesos de integración; y de fortalecimiento de las organizaciones sociales representativas de ALC. Fomentar el modelo social europeo puede ser no sólo justo, sino también provechoso para la presencia europea, a largo plazo, en aquellas regiones.
La tercera demanda es la de institucionalizar formas de diálogo entre la sociedad civil organizada y las instituciones políticas de las tres regiones, en sus distintos ámbitos de relación o asociación: en las cumbres de jefes de Estado y de Gobierno, en las rondas negociadoras, en los acuerdos de asociación y de cooperación, y con establecimiento de foros sectoriales UE-ALC (empresariales, sindicales, de agricultores, de ONG, de la economía social). Todo ello contribuiría a la transparencia, implicación, apoyo democrático y eficacia de la alianza estratégica entre la UE y ALC.
Pronto comprobaremos la sensibilidad de los jefes de Estado y de Gobierno ante estas demandas. Aunque probablemente el logro mayor del encuentro se haya conseguido ya: el cúmulo de lazos establecidos entre las diversas organizaciones presentes.