La trampa del subsidio agrario entra en vías de extinción
Tras 18 años de vigencia sigue habiendo el mismo número de beneficiarios (unos 232.000), quienes, acreditando 35 peonadas en un año, reciben una prestación por seis meses. El Gobierno cree que es una trampa que desincentiva la búsqueda de empleo con la que hay que acabar.
Estar desempleado, tener más de 16 años y acreditar que se han realizado al menos 35 peonadas (una jornada de trabajo en el campo) a lo largo de todo un año. Reuniendo estos requisitos los trabajadores eventuales agrarios de Andalucía y Extremadura tienen derecho en la actualidad a participar de lo que se conoce desde hace años como el PER (Plan de Empleo Rural), ahora denominado Aepsa, que supone una renta que oscila entre los 2.362 euros brutos anuales para los jornaleros menores de 52 años y los 4.724 euros para los mayores de 60 años.
Por lo general, los temporeros reúnen como mínimo estas 35 peonadas a lo largo de un año y cobran el subsidio mencionado en el plazo de seis meses y los seis meses restantes no tienen derecho a cobrarlo. En ese tiempo se dedican a reunir las 35 peonadas que les exigen para volver a cobrar otros seis meses de subsidio.
Si el trabajador reúne más peonadas de las 35 exigidas, no les sirve de nada y, por ello, en la mayoría de los casos deciden no trabajarlas.
A juicio del Gobierno del PP, este sistema de protección exclusivo para el campo andaluz y extremeño -que nació en 1984, heredado de otro modelo similar (el Empleo Comunitario) creado por el Gobierno de Suárez, para atender un sector caracterizado por grandes propiedades y un elevado número de temporeros- se ha convertido en una auténtica trampa.
El Ejecutivo considera que este modelo de protección es contraproducente porque desincentiva la búsqueda de empleo, por un lado, mientras que, por otro, fomenta la economía sumergida, para completar la renta que reciben los perceptores del subsidio agrario.
æpermil;stos son los principales motivos por los que ahora los Ministerios de Trabajo y Economía han decidido exterminarlo poco a poco, dejándolo morir prohibiendo la entrada a nuevos beneficiarios y retirando del sistema a aquellos que no se hayan beneficiado de él en los últimos tres años.
Según cálculos sindicales y del propio Gobierno, esta forma de finiquitar el subsidio agrario hará que desaparezca por completo en unos 10 años.
Más mujeres que hombres
El sistema ha sufrido pocos cambios en estos 18 años. En la actualidad sigue teniendo el mismo número de beneficiarios (alrededor de 232.000) que cuando nació en 1984. Si bien se ha producido un claro trasvase de hombres a mujeres. En 1984 percibían el subsidio 190.800 hombres, frente a 40.300 mujeres, algo que ha ido cambiando progresivamente hasta hoy, que existen 98.800 varones perceptores y 134.700 mujeres.
Esto supone que a medida de la tasa de actividad de la mujer ha ido aumentando y la economía ha ido creciendo, las mujeres se han ido incorporando al PER, mientras que los hombres se han ido a trabajar a otros sectores económicos.
Otro de los cambios del sistema se encuentra en el apartado de transferencias a los municipios, que ha pasado de 150 millones de euros en 1998 a 121 millones en 2002, o sea se ha reducido un 19,4%.
En este mismo periodo, el importe global de las prestaciones por desempleo ha pasado de 789,8 millones, a 923,8, con un incremento del 16,9%.
El anuncio del Gobierno de reformar tanto el Aepsa como el régimen de subsidios ha caldeado los ánimos en Andalucía. Sindicatos y sectores de la izquierda, con el presidente Manuel Chaves a la cabeza, consideran este programa como 'un logro histórico' .
La reacción se vislumbra clara: 'Si en Andalucía se quitan los subsidios a 200.000 personas, habrá un estallido social' , apunta Manuel Merino, responsable de la Federación de la Tierra de UGT en Andalucía.
¿Es fácil cometer fraude y convertir el sistema en un granero de votos cautivos? Por parte de los ayuntamientos parece difícil, aunque siempre cabe la posibilidad de que los empresarios agrícolas firmen peonadas no trabajadas.
Fernando Rodríguez Villalobos, representante de las diputaciones en la mesa regional de reparto de estos fondos, sostiene que el nivel de fraude es 'mucho mayor' en el régimen general que en el agrario.
Los ayuntamientos están obligados a pedir al Inem los trabajadores que necesitan en número de personas exactas para ejecutar las obras del Aepsa y el Inem los designa siguiendo rigurosamente la lista de parados agrícolas de cada municipio.
En los primeros años del sistema eran los ayuntamientos los que tenían la potestad de elegir a los temporeros, lo que que permitió que algunos alcaldes cometieran fraudes por firmar peonadas ficticias, hechos que, en su mayoría, terminaron en los tribunales.
Los números no cuadran
Pese a que los Gobiernos autonómicos niegan la existencia generalizada de fraude, algunos números siguen sin cuadrar. Según la última encuesta de población activa (EPA), en Andalucía y Extremadura existían 148.900 parados agrarios, mientras que el número de perceptores del subsidio es bastante mayor (233.500).
Además, el Inem excluye de sus listas a los beneficiarios del PER, por lo que sólo figuran como parados agrarios 20.800 personas en estas dos regiones (ver gráfico).
El nuevo sistema será más duro que el del régimen general
El Gobierno quiere acabar con el subsidio agrario, pero no pretende dejar desprotegidos a los desempleados del campo andaluz y extremeño. Es más, según el sistema que ha anunciado, su intención es generalizar la protección a los cerca 183.000 parados agrarios que existen en toda España, según la EPA.
El Ministerio de Trabajo pretende implantar, para todos los nuevos trabajadores del campo de Andalucía y Extremadura y para el resto de España, un sistema contributivo de protección por desempleo que funcione de idéntica forma que el seguro de paro del régimen general de la Seguridad Social.
No obstante, las condiciones puestas inicialmente por el Gobierno para este nuevo sistema serán algo más duras que las del régimen general. Así, mientras que los asalariados de otros sectores deben reunir un año de cotización para cobrar cuatro meses de cotización por desempleo, los empleados del sector agrario deberán reunir ese mismo año para cobrar tres meses de prestación. Además, el modelo agrario no contará con los subsidios previstos en el sistema general para situaciones de necesidad.
La queja del campo llega cuando argumentan que la actividad agraria les hace actualmente trabajar una media de 60 peonadas (jornadas) al año, por lo que, en teoría, tendrían que acumular hasta seis años de peonadas en el campo para recibir la prestación por desempleo.
Por ello, Trabajo tiene previsto que los trabajadores eventuales agrarios puedan imputarse como jornadas trabajadas las realizadas en otros sectores económicos, también de marcado carácter temporal, como construcción o servicios. Pese a ello, los trabajadores del campo lo rechazan porque, en la gran mayoría de los casos, la realización de jornadas en sectores distintos al campo les obligará a trasladarse lejos de su localidad a cambio de salarios bajos que no compensarán el traslado.