La reforma prevista ahorrará 800 millones a las empresas y al Estado
Una de las medidas incluidas en los planes del Ministerio de Trabajo para reformar el sistema de protección por desempleo que más rechazo ha encontrado en la parte de los sindicatos es la eliminación de los salarios de tramitación en el caso de los despidos improcedentes.
Se trataría, según la propuesta de Trabajo, de que los empresarios dejen de abonar las mensualidades correspondientes al tiempo que media entre el despido y el acto de conciliación o la sentencia judicial, que por lo general supone el salario y las cotizaciones de dos meses. De ser así, los empresarios se ahorrarían alrededor de 500 millones de euros anuales (unos 82.000 millones de pesetas), según cálculos hechos por CC OO. Si bien es cierto que esta cantidad dependerá del número de despidos que se produzcan.
A cambio, Trabajo ofrece empezar a pagar desde el día siguiente al despido, la prestación por desempleo, que es siempre inferior a los salarios de tramitación.
El ahorro para las arcas públicas de los 300 millones de euros restantes, según los cálculos del sindicato, se produce por los cerca de 90.000 beneficiarios que, de aplicarse esta medida, no conseguirán cotizar lo suficiente como para cobrar la prestación (debido a que no se les contarán los dos meses de cotización del tiempo que media entre el despido y el acuerdo entre las partes o la sentencia judicial) y, en su lugar, cobrarán el subsidio por desempleo, cuya cuantía es inferior a la de la prestación.
Los sindicatos creen que eliminar los salarios de cotización no representa un ahorro significativo para el sistema de desempleo y, por el contrario, si supone un abaratamiento del coste del despido que sólo beneficia a los empresarios. De hecho, una de las propuestas de la CEOE en la última reforma laboral fue la eliminación de estos salarios de tramitación.
Según una simulación hecha por CC OO, en el caso de un trabajador con un contrato indefinido de fomento del empleo (con una indemnización por despido de 33 días por año), que tenga un año de antigüedad en la empresa y sea despedido de forma improcedente, el salario de tramitación supone el 70% del total de la indemnización.
Los sindicatos recibirán entre hoy y mañana el documento concreto de la reforma, pero mantienen su intención de llevar a cabo una respuesta contundente, si Trabajo mantiene, entre otras, esta medida. CC OO y UGT se reunirán el día 26 para plantear alternativas. El ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio, dijo ayer que 'habrá margen para el diálogo, siempre que las propuestas encajen en los objetivos del Gobierno'.
La actividad agraria cotizará desde el primer día
Aprovechando la reforma del Plan de Empleo Agrario (PER) que pretende acometer el Gobierno dentro de la reforma del desempleo, el Ministerio de Trabajo incluirá también una medida para luchar contra el fraude a la Seguridad Social practicado por los empresarios del campo.
En concreto, Trabajo tiene preparado ya un texto legal que elimina el plazo de seis días que tienen en la actualidad los empresarios agrarios para dar de alta a sus trabajadores en el registro de la Seguridad Social.
De esta forma, los trabajadores del campo por cuenta ajena deberán estar cotizando a la Seguridad Social desde el primer día de trabajo y, cuando vaya la Inspección, los empresarios no podrán excusar la falta de afiliación argumentando que están dentro del plazo de seis días que les permite la ley, aunque en realidad lleven trabajando más tiempo sin cotizar. Además, esta cotización desde el primer día incluirá la cotización por desempleo, según el sistema nuevo que propone Trabajo.
Por su parte, el consejero de Trabajo de la Junta de Andalucía, José Antonio Viera, y la de Extremadura, Violeta Alejandre, volvieron a arremeter ayer contra la propuesta de extinguir el subsidio agrario en estas dos comunidades.
El primero advirtió que cualquier recorte del PER 'tendrá un rechazo unánime social y político', mientras que la consejera extremeña mostró su sorpresa porque el Gobierno aún no haya remitido el texto de la reforma ni siquiera a las comunidades afectadas.