Trabajo endurece el cobro de la prestación por desempleo

La propuesta del Gobierno para reformar la prestación por desempleo fija unas duras condiciones para conservar el cobro de esta ayuda. El Inem recortará o retirará la prestación de los parados que rechacen una oferta de empleo 'adecuado', entre las que están, por ejemplo, todas las que coincidan con la última profesión realizada, los trabajos que estén en un radio de 50 kilómetros del lugar de residencia o aquellos con cualquier tipo de contrato, ya sea a tiempo parcial o completo.

El Ministerio de Trabajo presentó ayer a empresarios y sindicatos su propuesta detallada para reformar el sistema de prestación por desempleo, que pretende estar lista para antes del verano.

Una de las líneas básicas del documento de Trabajo es el endurecimiento de las condiciones de cobro de la prestación. Así, el Gobierno pretende reducir el derecho de cobro de la prestación tres meses a quien rechace una vez una oferta de 'empleo adecuado'; la reducción del derecho se elevará a seis meses si el parado rechaza dos de estas ofertas y retirará el cobro a quien rechace tres.

Pero ¿qué se considerará una oferta de empleo adecuado? Pues, entre otras, todas aquellas que tengan que ver con la última profesión desempeñada por el parado, con cualquier trabajo que se haya realizado por un periodo de entre seis meses y un año o, en definitiva, cualquier trabajo que, transcurrido un periodo de cobro de la prestación (que aún está por determinar, pero podría ser alrededor de un año) los servicios públicos de empleo consideren apropiado para ese desempleado. Esta última posibilidad otorga a los funcionarios de estos servicios públicos completa arbitrariedad para considerar o no un empleo apropiado.

Además, se considerará adecuado todo aquel situado en un radio inferior a 50 kilómetros del lugar de residencia.

Trabajo también establece una serie de infracciones 'leves', entre las que están no renovar la demanda de empleo o no aceptar acciones de formación o, en general, no buscar activamente empleo, que también implican el recorte y la retirada de la prestación si se cometen reiterativamente.

La propuesta recoge, tal y como anunció Trabajo la semana pasada, la extinción progresiva del actual subsidio por desempleo de Andalucía y Extremadura, y la implantación de un nuevo sistema 'puramente contributivo' (sólo recibirá el que haya cotizado, no habrá subsidios) de protección para todos los trabajadores eventuales del campo de toda España.

Este nuevo sistema establece que el trabajador recibirá un día de prestación por cada cuatro de ocupación cotizada, con un máximo de 18 meses de cobro de prestación si se han cotizado seis años. Por tanto, este nuevo sistema es más duro que el vigente actualmente en el régimen general, donde los trabajadores reciben un día de prestación por cada tres cotizados, con un máximo de dos años de cobro.

Además, la extinción del antiguo PER en Andalucía y Extremadura se producirá prohibiendo el acceso a este sistema a quien lo solicite por primera vez, a los que no hayan sido beneficiarios del mismo en ninguno de los tres años precedentes al de la solicitud y aquellos a los que se les haya retirado el derecho por sanción administrativa.

El resto de las propuesta incluye también dos de las iniciativas más firmemente rechazadas por los sindicatos: la eliminación de los salarios de tramitación en caso de despido improcedente (aquellos que el empresario abona, correspondientes al periodo en el que se despide a un trabajador y se produce el acuerdo entre las partes o la sentencia judicial) y, en segundo lugar, la consideración como renta de la indemnización por despido para calcular el tope de rentas para percibir el subsidio por desempleo. CC OO y UGT rechazaron todas las propuestas y estudiarán una 'respuesta amplia, contundente y unitaria'. La patronal pidió que los subsidios se paguen con impuestos y no con cotizaciones.

Se vuelve a incentivar el empleo temporal

 

 

 

 

Una de las medidas estrella anunciadas por Trabajo para esta reforma fue la posibilidad de que los parados que encuentren un empleo siguieran cobrando parte de la prestación, que sería compatible con el sueldo. Pues bien, esta oferta se ha quedado reducida a los mayores de 52 años que cobran el subsidio y a los beneficiarios de la renta activa de inserción (desempleados de larga duración, mayores de 45 años y con cargas familiares).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además no consistirá en hacer compatibles un salario y un subsidio, sino que el trabajador recibirá esta última ayuda y el empresario la complementará hasta el cobro total del salario, con lo que la ayuda, en realidad, la recibe el empresario.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A esto hay que añadir que esta medida incentivadora servirá para cualquier tipo de empleo, incluido el temporal, con lo que, según denunciaron los sindicatos, se vuelve a bonificar el empleo precario, lo que podría abrir aún más la espita de la temporalidad, que afectaría en esta ocasión a los trabajadores más mayores.