Trabajo retiró la prestación a 125.000 parados en 2001 por cobro abusivo

La modificación cualitativa más importante de la reforma pretendida por el Gobierno de la protección por desempleo es la revisión del concepto de 'oferta adecuada de empleo'. Hasta ahora la gran mayoría de los desempleados con prestación a los que se les presentaba una oferta en tales condiciones, la rechazaban, porque no se ajustaba plenamente a las cualificaciones que los parados habían declarado a la oficina pública. Por ello, Trabajo propone una revisión de tal concepto para flexibilizarlo, hasta el punto de que permita la movilidad funcional de los parados, aunque se precise de cursos de formación previos.

Así, la estructura rígida de las categorías profesionales, que prácticamente se había trasladado desde las ordenanzas laborales al reglamento de cualificaciones del Instituto Nacional de Empleo (Inem), será sustituida por la nueva división en grupos profesionales que ya aparece en los convenios nuevos.

Hoy ya la norma permite retirar la prestación si de forma reiterada un desempleado rechaza una oferta de empleo adecuada a su formación; pero la rigidez de la cualificación exigida impide en la práctica tal posibilidad. De hecho, en el año 2001 sólo 14.792 personas perdieron la prestación por 'no atender ofertas presentadas de ocupación o cursos formativos concretos para mejorar su cualificación profesional'. Pero las ofertas rechazadas son superiores, y Trabajo pretende que sean atendidas con el cambio proyectado en la definición de 'oferta adecuada de empleo', que será valorada por equipos técnicos de la Administración en cada caso.

Fiscalización decreciente

La nueva definición pretende también posibilitar la movilidad geográfica de los parados, siempre con límites provinciales o de comunidad autónoma, y con compensaciones fiscales por los gastos de traslado, sean en transporte o en alquiler de vivienda.

El año pasado el Gobierno retiró la prestación parcial o totalmente a 125.150 parados. Además de los 14.792 que la perdieron por no atender ofertas de empleo o cursos formativos, 41.244 personas vieron extinguida la prestación por cambios en las condiciones en las que se les concedió, o incompatibilidad con otras situaciones, generalmente la situación de falsos autónomos con empleo. Además, 69.118 personas perdieron la prestación por un mes por no renovar su demanda de empleo (es obligada cada tres meses) o por no ir al control rutinario de la Administración.

El volumen de fraude detectado por los controles del Instituto Nacional de Empleo ha descendido de forma paralela al número de perceptores de prestaciones. Así, en 2001 las suspensiones y retiradas definitivas de prestaciones afectaron al 11,35% de la media de perceptores anual, que fue de 1,099 millones de personas. El máximo de prestaciones retiradas se alcanzó en 1997, con 172.000, lo que suponía un 13,87% de los perceptores de tal año, 1,24 millones. En 1998 perdieron la prestación 143.000 personas, 130.000 en 1999 y 124.000 en el año 2000.

Los sindicatos, que hoy recibirán del Gobierno la oferta definitiva de reforma de la cobertura, insisten en dar 'una respuesta contundente' si el Gobierno no rectifica algunas cuestiones, como la pretendida eliminación de los salarios de tramitación en despidos improcedentes.

Las últimas actuaciones de la inspección

 

 

 

 

Las últimas actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social han detectado varios casos de utilización indebida de contratos fijos discontinuos o temporales, seguidos de una percepción irregular de la prestación por desempleo en empresas de Sevilla, Córdoba, Valencia y Castellón.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Córdoba, la inspección ha descubierto un importante caso de fraude que afecta a 843 trabajadores de una misma empresa del sector del comercio, con contratos temporales y de formación que resultaron irregulares. Esta empresa, con 63 centros de trabajo en dicha provincia, tenía 527 trabajadores contratados temporalmente, a los que se les había llegado a hacer 1.006 contratos y que, en realidad, encubrían puestos de trabajo estables.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Sevilla, Trabajo investiga una práctica generalizada en el sector del envasado y aderezo de aceituna que consiste en hacer contratos 'fijos-discontinuos', que se interrumpen sólo en fines de semana y vacaciones.