Reforma del desempleo
El Gobierno presentará una reforma de nuestros sistemas de prestaciones por desempleo, arropado, en principio, por las conclusiones de la recién celebrada Cumbre de Barcelona. Ya ha anticipado algunas líneas de esta reforma que, al parecer, no pretende disminuir las prestaciones, sino más bien orientarlas hacia la búsqueda activa de empleo. Otras de las prioridades sería su vinculación con incentivos para la movilidad laboral, así como con la lucha contra el fraude. Así expuestos, estos objetivos parecen positivos, por lo que deseamos el mayor éxito a las imprescindibles negociaciones sociales. Asimismo, exponemos, para conocimiento de los lectores menos conocedores de estas políticas, algunos antecedentes básicos, atreviéndonos, finalmente a realizar algunas propuestas.
Antecedentes
El desempleo se financia con las cotizaciones procedentes de empresas y trabajadores. Durante los últimos años, merced a la buena marcha del empleo, la recaudación ha sido sensiblemente superior al gasto, por lo que el Instituto Nacional de Empleo (Inem) ha presentado abultados superávit, que se han dedicado a financiar el notable -y afortunado- incremento del gasto en las políticas activas de empleo, en pagar las bonificaciones para el fomento de la contratación estable y en equilibrar el déficit público, en cumplimiento de la política europea de estabilidad presupuestaria. A pesar del incremento experimentado por el gasto por desempleo del presente ejercicio, de nuevo estaremos ante un importante superávit.
La crisis económica de los años 1992 y 1993 ocasionó un elevadísimo desempleo, que rozó el 24%. El Inem, para satisfacer el incremento de las prestaciones, incurrió en un abultado déficit presupuestario, que tuvo que ser equilibrado por aportaciones del Estado. Las reformas del 1993 y 1994 modificaron las condiciones de acceso al desempleo, endureciendo la entrada y disminuyendo el importe y la duración de las prestaciones. Desde entonces, los requisitos para las prestaciones y subsidios de desempleo prácticamente han permanecido constantes. El nivel español de prestaciones por desempleo está en un nivel bajo si lo comparamos con el resto de los países europeos.
La actual Ley Básica de Empleo se ha visto superada por la realidad, ya que las transferencias de las políticas activas de empleo y de la intermediación laboral a las comunidades autónomas han pulverizado su tradicional monopolio. El Inem ha sido un excelente gestor de las prestaciones de desempleo, un buen administrador de las políticas activas, pero un mal intermediador en el mercado de trabajo. Muy pocos parados encuentran trabajo, y contadas son las empresas que cubren sus necesidades, por la intermediación del Instituto Nacional de Empleo o de los servicios autonómicos de empleo.
Dice el tópico actual que los españoles no nos movemos del domicilio para encontrar un trabajo. Esa afirmación habría que matizarla. Cuando el diferencial del salario y la calidad de vida lo justifica, muchos son los que se trasladan. Madrid y la costa mediterránea siguen atrayendo a personas del interior de España, que continúa con su inquietante despoblación. Las principales dificultades para la movilidad geográfica son bastante bien conocidas: insuficiente diferencial de renta obtenible, elevado precio de la vivienda y diversos condicionantes personales o familiares, como el clásico de que uno de los cónyuges tenga un trabajo en la correspondiente ciudad de origen.
Propuestas
Las prestaciones no deben reducir su cuantía, porque no son elevadas y, además, generan superávit. En algunos colectivos especialmente desfavorecidos, como los parados de más de 45 años deben combinarse las prestaciones con las políticas activas y los incentivos para su contratación. En estos momentos de incertidumbre económica, si la anunciada reforma fuera percibida como una amenaza de disminución de las prestaciones, se generaría una nociva tendencia a la reducción del consumo, típica reacción ya experimentada en similares procesos anteriores.
La experiencia española sobre políticas activas de empleo ha sido muy positiva. Su financiación ha corrido a cargo de los excedentes de cotizaciones. Si los gastos de desempleo se incrementaran, como corresponde a su papel anticíclico, deteriorándose las cuentas del Instituto Nacional de Empleo (INE), nunca deberíamos disminuir el importe de las políticas activas de empleo, aunque su financiación tuviera que ser cubierta, parcialmente, a cargo de los Presupuestos Generales del Estado.
Se anuncia una nueva disminución de impuestos. Sería inteligente vincular esta rebaja a la generación del empleo. España tiene uno de los costos de cotizaciones sociales más altos de toda la Unión Europea; no cabe duda de que estos impuestos sociales castigan indirectamente a la creación de empleo. Sería mejor bajar las cotizaciones sociales que reducir los impuestos. Se beneficiaría al que crea empleo y al asalariado, redundando en nuestra capacidad de generar empleo.
Para la mejora de la movilidad geográfica, además de imprescindibles políticas para facilitar el acceso a la vivienda, sería preciso desarrollar sistemas de intermediación, hoy inexistentes, que permitieran casar ofertas y demandas de trabajo de cualquier punto de España. Para la creación de estos sistemas será imprescindible la aprobación de una nueva Ley Básica de Empleo, que, entre otros muchos temas, deberá regular la figura de la intermediación, superando el posible riesgo de segmentación provincial o regional. Aparecerá el concepto de gestión del empleo.
En materia estrictamente de norma laboral, sería necesario adaptar algunos tipos de contratos ya existentes para hacerlos útiles para los programas de políticas activas de empleo.