Los empresarios exigen más medidas liberalizadoras de las que pretende Rato

La CEOE pide a la presidencia española de la UE un esfuerzo liberalizador superior al programado por el Gobierno de Aznar, y que está centrado en los mercados energéticos y de transportes.

La patronal CEOE comparte la prioridad del Gobierno de revitalizar los grandes ejes del proceso de Lisboa durante la presidencia semestral de la UE, que se inicia mañana, con el fin de no demorar las reformas económicas y estructurales pendientes en el área. Sin embargo, difiere en muchos de los instrumentos para llevarlas a cabo, incluso exige un impulso liberalizador superior al previsto por el equipo del ministro de Economía, Rodrigo Rato.

El objetivo es convertir a Europa en la región más competitiva del mundo en 2010. Hay coincidencia en la necesidad de la efectiva liberalización de los sectores energéticos, de telecomunicaciones y el mercado financiero. En cambio, la patronal muestra sus preocupaciones.

Una de ellas es la intención de Bruselas de crear un impuesto que grave todas las fuentes energéticas para financiar los gastos comunitarios. La CEOE entiende que ello elevaría los costes de producción y conllevaría una subida de precios para los consumidores. Aboga, en cambio, por el comercio de permisos de emisiones y de certificados medioambientales o, en última instancia, una imposición indirecta tipo IVA.

En relación a este último impuesto, la patronal sugiere al Gobierno español que no se conforme con prolongar las tareas de la Comisión, basadas en la corrección de los defectos del régimen transitorio, e impulse la armonización del IVA y sus singularidades en aspectos como el comercio electrónico (condiciones de facturación y regímenes aplicables a servicios prestados por vía electrónica).

En el sector de las telecomunicaciones pide una regulación paneuropea para los mercados de telefonía móvil de tercera generación (UMTS), y avanzar en la implantación de tecnología digital para Internet en todos los países de la UE. En el sector eléctrico coincide con la presidencia española en impulsar la directiva sobre el mercado interior de electricidad, pero "eliminando todo tipo de subsidios, respecto a otros sectores y entre tipos de consumidores". Si algún Estado considera necesario establecer algún tipo de "tarifa social", la patronal entiende que las compensaciones a dicha tarifa deberían provenir de sistemas sociales de ayuda. Las tarifas sólo deberían incluir básicamente los costes de transporte y distribución para niveles de demanda "cualificada".

A su juicio, el sobrecoste en la producción de energía mediante cogeneración o energías renovables se debería financiar con fondos públicos. Además pide un apoyo decidido que permita superar la falta de aceptación pública de la energía nuclear y más ayudas públicas a la investigación (I+D) en reactores avanzados.

El carbón, tanto importado como autóctono, debería ser mantenido, en su opinión, en la cesta de combustibles para la generación eléctrica, más allá de la expiración del Tratado de CECA el 23 de julio de 2002. "Es prioritaria la continuidad de los programas de reestructuración de esa industria, y permitir el acceso mínimo a las reservas de carbón en la UE, y únicamente referido a las reservas vivas", añade el documento elaborado por la CEOE de cara a la presidencia española.

En los mercados de gas, cree conveniente fomentar la competencia entre los países productores, ya que los consumidores dependen básicamente del suministro de gas de Rusia, Argelia -donde la industria es monopolística- y de Noruega, donde la separación de las actividades gasistas todavía no se ha introducido.

En materia laboral, propone a la presidencia impulsar la propuesta de directiva sobre empresas de trabajo temporal, incorporando los acuerdos alcanzados con los sindicatos este año. Otro aspecto relevante es el impulso del capital riesgo para lo que solicita más ventajas fiscales a los fondos de pensiones y seguros, en la parte que destinen a este tipo de inversión. Del mismo modo, considera que la propuesta de directiva relativa a la previsión social para la jubilación, que incluye ventajas fiscales para los planes de pensiones, debería extenderse a los seguros.

La patronal solicita también que se acelere la armonización fiscal para evitar la doble imposición que soportan algunos contribuyentes que tributan en un Estado mientras están en activo y reciben la pensión en otro cuando se jubilan.

En relaciones exteriores, la CEOE propugna el apoyo a los procesos de integración regional en marcha o por crearse en América Latina para impulsar la presencia de empresas europeas en el área.

Son mensajes que se deberían ir madurando de cara a la II Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la UE, América Latina y el Caribe, que se celebrará en Madrid en mayo. Las relaciones con los países del sur del Mediterráneo deberían impulsarse, "con la fijación de un calendario de objetivos a corto y medio plazo" para crear la zona de libre comercio euromediterránea.

 

Avanzar en la integración de los mercados, la asignatura pendiente

Si se cumplen todos los plazos previstos, habrá un mercado financiero integrado en Europa en 2003. Hasta ahora, no obstante, apenas se ha avanzado en este sentido. Es una de las grandes asignaturas pendiente.

Mientras, los mercados de referencia estadounidenses extienden su radio de acción; firman alianzas y crecen en el mundo, con lo que hacen más difícil la competencia entre los intermediarios europeos. El crecimiento del Nasdaq en Europa es el ejemplo inmediato.

El famoso Informe Lamfalussy ha vivido horas bajas, aunque el propio Alexandre Lamfalussy indicaba a este diario el 10 de noviembre que "creo que los plazos se cumplirán, porque los problemas que nos estamos encontrando por el camino son tan obvios y la pérdida de competitividad con Estados Unidos es tan abrumadora que no puedo imaginar que al final no se consiga crear un mercado financiero europeo más grande, más líquido, más competitivo y más libre. Se conseguirá, pero aún tengo los dedos cruzados por si acaso".

Los conflictos institucionales con el Consejo, el Parlamento y la Comisión Europea han torpedeado en varias ocasiones durante este año varias iniciativas propuestas por Lamfalussy, con lo que además de no avanzar en el calendario previsto se han provocado retrasos imperdonables. La ley de opa es uno de los ejemplos en este sentido.