Bruselas vigila la legalidad de la tasa impuesta al nuevo móvil

Bruselas vigila atentamente la tasa que ha impuesto España por la utilización del espectro radioeléctrico. Esta circunstancia ha provocado nerviosismo y Anna Birulés busca ahora una salida negociada con las empresas de móvil, aunque el Ministerio de Ciencia y Tecnología lo niega. Ayer, por primer vez, Telefónica Móviles España reconoció que la tecnología UMTS no estará disponible este año.

El canon impuesto por el Gobierno español a las cuatro operadoras de móvil de tercera generación (UMTS) ha llamado vivamente la atención en la Comisión Europea. Los servicios del comisario europeo de Sociedad de la Información, Erkki Liikanen, analizan ese caso, singular en Europa, de modificación a posteriori de las normas de concesión de licencias. "Seguimos muy atentamente la evolución del caso español", indican en ese departamento.

Los técnicos comunitarios informaron a Liikanen de la peculiaridad española en el transcurso del último Consejo de Telecomunicaciones de 2000, celebrado en Bruselas el 22 de diciembre. El comisario no se pronunció en público sobre la materia, pero su departamento tiene el visto bueno para mantener vivo el expediente. "Se está analizando el caso con mucho cuidado", confirman fuentes cercanas al comisario.

Según estas fuentes, "los estados miembros son libres para conceder las licencias con el método que prefieran" [subasta o concurso], pero "siempre que respeten los principios fijados por la directiva sobre licencias de servicios móviles".

La Comisión admite que los Estados cobren por el uso de recursos escasos, como es el espectro, pero basándose en "la necesidad de asegurar el uso óptimo de esos recursos, sin carácter discriminatorio y tomando en cuenta la necesidad de promover la competencia y el desarrollo de servicios innovadores", según señala el sexto informe sobre telecomunicaciones del Ejecutivo comunitario.

El canon español se debió, sin embargo, según reconoció en su día el vicepresidente segundo del Gobierno, Rodrigo Rato, a una nueva valoración del espectro radioeléctrico tras las subastas que se celebraron en Reino Unido y Alemania.

El mismo informe de Liikanen resalta que España es el país más atrasado en la eliminación de los sistemas analógicos de telefonía móvil.

Nerviosismo

La ministra de Ciencia y Tecnología, Anna Birulés, y el secretario de Estado de Telecomunicaciones, Baudilio Tomé, han visitado al menos dos veces en diciembre la Comisión Europea. La primera fue Birulés, quien tuvo un encuentro con Liikanen el pasado 5 de diciembre. Pero fue Tomé quien recibió, el día 22, el recado de que Bruselas estaba estudiando la tasa.

Esta noticia incrementó la preocupación que ya existía en el ministerio por las posibles complicaciones legales de este impuesto y, según fuentes cercanas al departamento de Birulés, impulsó el proceso negociador con los agentes del sector.

La polémica de la tasa vivió ayer un nuevo episodio. El Ministerio de Ciencia y Tecnología aseguró, a través de "fuentes cercanas", según Europa Press, que "mantendrá la tasa que deben pagar los operadores por el uso del espectro radioeléctrico, que no será revisada este año".

Las mismas fuentes insistieron en que la tasa está "recogida en los Presupuestos" y ha sido "aprobada por el Parlamento". En este sentido, explicaron que no existe ninguna negociación con los operadoras de cara a un posible aplazamiento del pago del canon.

Con estas declaraciones, el ministerio salía al paso de la noticia publicada ayer por Cinco Días en la que se informaba de que Gobierno y operadores intentan alcanzar un acuerdo tácito que permitiría suspender el pago de la tasa para este año, sobre la base de su denuncia ante los tribunales y el reconocimiento del Ejecutivo de que la tecnología de telefonía móvil UMTS no se encontrará disponible en agosto. Un recurso judicial de los operadores permitirá evitar el desembolso del pago de la tasa para este año y sustituirlo por un aval. Todo ello sin que el Gobierno tenga que reconocer públicamente el aplazamiento del pago.

Este diario ha podido saber que la ministra Anna Birulés, ante la perspectiva de tener que responder a los requerimientos de Bruselas y de la justicia española ha encargado a servicios técnicos vinculados a su ministerio un informe exhaustivo para justificar las razones por las cuales se ha impuesto la tasa y se ha cifrado en la abultada cuantía de 160.000 millones de pesetas. Los operadores se quejan de que, hasta la fecha, desconocen cualquier detalle sobre la justificación y el reparto del canon.

Aunque se han vertido ríos de tinta en la prensa, los únicos textos oficiales que existen sobre este impuesto son la modificación de la Ley General de Telecomunicaciones y la previsión de un ingreso de 160.000 millones de pesetas en la Ley de Presupuestos Generales.

En medio de la polémica, la mayor operadora celular de España, Telefónica Móviles, reconoció ayer públicamente, a través de su consejero delegado, Ignacio Aller, que "la tecnología UMTS no estará disponible este año y lo digo tajantemente". Aller aseguró que "terminales de UMTS con la calidad que hoy demanda el mercado sólo existirán en el año 2003".

Es el primer reconocimiento público de una realidad que todas las partes, tanto operadores como suministradores, admiten en privado. Si, como parece inevitable, el ministerio terminará reconociendo antes de agosto que la tecnología UMTS no está disponible, resultará entonces evidente que no se puede cobrar una tasa por un servicio que no se puede prestar.

 

Móviles lanza la primera red en el mundo con tecnología GPRS

Telefónica Móviles España inició ayer de modo oficial el servicio de Internet-móvil según el sistema tecnológico conocido con las siglas GPRS, que permitirá alcanzar velocidades de trasmisión de hasta 50 Kbit por segundo. Su consejero delegado, Ignacio Aller, aseguró que esta infraestructura será la primera de sus características y con cobertura nacional, que se pone en marcha en el mundo. El consejero delegado reconoció, sin embargo, que hasta el próximo mes de "mayo o junio" no habrá una variedad significativa de terminales en el mercado, ya que el servicio se lanza con un solo teléfono, de Motorola, disponible.

Aller señaló que Telefónica Móviles necesita todas las frecuencias que el Gobierno le asignó en la banda 1800, oponiéndose con ello al proceso expropiatorio que Ciencia y Tecnología pretende abrir para dar cabida a las dos licencias de GSM 1800 que quiere conceder.