Raca, raca con las pensiones
Hay que vincular más la edad real de jubilación a la esperanza de vida, buscar más ingresos sin castigar el empleo con subidas de cotizaciones, y reducir la tasa de sustitución
Los datos van confirmando que la reforma Escrivá de las pensiones NO era la solución definitiva al grave problema que plantea en España la sostenibilidad del sistema público de pensiones, dada la evolución demográfica conocida del número de pensionistas y de cotizantes, desde ya, hasta los próximos años: nacen menos niños y aumenta la esperanza de vida. Si incluimos el efecto excepcional del gran aumento de nacimientos entre 1958-75, los baby boomer que empiezan a jubilarse ahora, el problema se agrava. Ahí radica el primer problema que hace que las pensiones sean ya la principal partida presupuestaria en España y rondemos un gasto próximo al 13% del PIB dedicado solo a este concepto. Las pensiones, con la reforma, han crecido un 4,5% más que los salarios, las contributivas de jubilación están aproximándose a los 10.000 millones de euros al mes y, a pesar del aumento en ingresos por el destope, ek aumento de cotizantes y el Mecanismo de Equidad, el déficit del sistema sigue subiendo y la financiación en forma de deuda del Estado va camino del 3% del PIB previsto por la Airef. La Comisión Europea avisa de que necesitaremos subir mucho los ingresos por cotizaciones para eliminar ese déficit estructural a medio plazo.
El segundo problema, pues, también objetivo, es que el sistema actual de financiación de pensiones contributivas de jubilación, las cotizaciones sociales, no cubre el pago que generan estas. Por una parte, la tasa de dependencia se deteriora de manera preocupante: si en 1980 había 5,3 cotizantes por cada pensionista, en 2030 habrá, solo, 1,5. Por otra, el problema añadido de que la pensión media supera ya el sueldo medio de los jóvenes que entran en el mercado laboral. Por tanto: menos cotizantes, con menores sueldos, para financiar más jubilados con pensiones crecientes y revalorizables por el IPC, igual a déficit estructural del sistema.
Desde la primera gran reforma, la de Almunia en 1985, que provocó una huelga general y la ruptura entre el Partido Socialista en el Gobierno y el sindicato UGT, hasta la de Escrivá de 2023, podemos contabilizar otras seis grandes reformas, todas, buscando una solución a este problema estructural del modelo: cómo ajustar su modelo de financiación con una evolución de la pirámide poblacional tan adversa. Y todas han actuado por el lado de reducir el ritmo de crecimiento del gasto. Dado que el sistema, aun siendo de reparto, establece una mínima relación contributiva entre presión cobrada y años cotizados que se toman como base reguladora de cálculo, es esta una de las variables que se han ido modificando en cada reforma: desde los 2 años (lo que permitía la compra de una pensión cotizando el máximo solo esos dos últimos años) a los 8 años en la primera, a los 15 en 1997, a los 25 años en 2011, y el actual, que es los 27 mejores años de los últimos 29.
Otra relación contributiva que tiene el sistema establece el porcentaje de pensión que se cobra en función del número de años cotizados: con el mínimo de 15 años, se tiene derecho al 50%, de modo que hace falta cotizar más de 36 años para cobrar el 100%. La tercera pata sobre la que se ha ido actuando ha sido la edad legal de jubilación y, sobre todo, los estímulos actuales a alargarla con fórmulas flexibles, que ya han conseguido que la edad real en España haya ido aumentando hasta los 65,2 años, desde los 63,5 en 2006, y con intención de llegar a los 67.
La reforma de 2011 fue la primera que, además, introdujo un mecanismo para limitar el crecimiento nominal de las pensiones individuales: el llamado factor de sostenibilidad, que establecía una banda para la revalorización de las pensiones, entre un mínimo anual del 0,25% y un máximo del IPC más un 0,50%, dependiendo de varios parámetros como la esperanza de vida, e incluyendo la situación financiera de la Seguridad Social. En conjunto, se calculó que, con esta reforma, el gasto en pensiones reduciría su crecimiento un 3,5% del PIB a largo plazo. Por su parte, la reforma Escrivá de 2023 fue la primera que introdujo un incremento de los ingresos mediante dos instrumentos: el destope de cotización y el Mecanismo de Equidad, consistente en establecer una cotización adicional mensual que pagan trabajadores y empresas para hacer frente a los desequilibrios. Pero, como también estableció la revalorización por el IPC, el efecto total es que el gasto aumenta más que los ingresos.
La próxima reforma, sin duda necesaria, tendrá que trabajar en tres líneas si se quiere, de verdad, asegurar la estabilidad financiera del sistema de pensiones. Primera, seguir incrementando los aspectos de contributividad, vinculando más la edad real de jubilación a la esperanza de vida. Segunda, buscar más ingresos sin castigar el empleo con subidas adicionales de cotizaciones. Siguiendo el ejemplo de otros países, como Francia, habrá que plantearse una Cotización de Solidaridad Generalizada para las pensiones, gravando, de forma progresiva, determinadas rentas, incluidas las pensiones máximas. Eso permitirá que las pensiones no se financien solo con cotizaciones (regresivas) sobre el empleo sino, también, con ingresos progresivos desde los Presupuestos Generales del Estado en vez de con deuda como ahora.
Tercero, deberá abordar el gran problema que dispara el gasto: reducir la tasa de sustitución (porcentaje del último salario que representa la pensión), que, en España, con un 80% de promedio, es la más generosa de toda la OCDE y muy por encima del 55% de la Unión Europea. Esta generosidad de nuestro sistema irá perdiendo el sentido que tuvo hace años, conforme los salarios medios y las pensiones medias vayan incrementándose hacia niveles parecidos a los de la UE. En paralelo, ello facilitará que sistemas complementarios como los planes de pensiones de empresa ofrezcan rentabilidades competitivas con las del sistema público, cosa hoy imposible y de ahí su escaso éxito. Otra reforma que requerirá un Pacto Social y de Estado.
Jordi Sevilla es economista
