La cuestión es cuánto más, o menos, crecería el PIB con Presupuestos
Las empresas imputan la pasividad de su inversión a la inestabilidad y la incertidumbre sobre la política económica
El Gobierno ha renunciado ya a disponer de un Presupuesto del Estado para este año, incluso a presentar en las Cortes un proyecto de él, lo que le obliga a gestionar el gasto público y la presión que ejerce sobre los ingresos privados con la prórroga de la prórroga de las cuentas públicas de 2023, aprobadas por otro Parlamento en otra legislatura. Pero en este juego de simulaciones en que se ha convertido la práctica política, el Gobierno quita hierro al asunto, pese a tenerlo y mucho, puesto que se trata de la principal norma legislativa del año, porque la economía crece a lomos del 3% y triplica el desempeño de una Europa paralizada.
La cuestión es cuánto más crecería el PIB si hubiese un Presupuesto que proporcionase certeza a la política económica y seguridad jurídica plena a los negocios y las decisiones de hogares y empresas en el medio plazo. O cuánto menos, si los atributos de tal Presupuesto dañasen las expectativas de renta presente y futura de los agentes económicos. Y cuánto más, o cuánto menos, si no hay un solo Presupuesto pleno aprobado en toda la legislatura que el presidente Sánchez pretende agotar. Ahora se apresta a diseñar las cuentas de 2026 a sabiendas de que tendrá que prolongar la prórroga también cuando tal año llegue, como podría tener que hacer en 2027, porque se precisa poco olfato para barruntar que, si no dispone de consenso hoy, menos opciones habrá cuando las campanas de final de legislatura empiecen a repicar.
Un vistazo urgente a las cifras de actividad y empleo puede generar el espejismo de que el Presupuesto es poco o nada importante para la economía, puesto que en los dos últimos años se ha comportado con fortaleza nominal, relativa si profundizamos en consideraciones cualitativas, y que la prórroga reiterada de unas viejas cuentas expansivas contribuye a la estabilidad económica y al progreso de los negocios. Pero un espejismo es siempre una distorsión de la realidad, y aunque la actividad persiste a su ritmo con la ultraactividad de las cuentas, carece de las certezas que proporciona la actualización de la norma principal que regula los ingresos fiscales y los gastos públicos, y que se acercan en ambos casos casi al 50% de la producción nacional.
Como clave de bóveda de la actividad de todas las administraciones del Estado, los Presupuestos son la principal herramienta para definir e identificar la política económica de un Gobierno, aunque fórmulas al margen existen, como se ha observado estos años, para apuntalar una fórmula determinada. Otra cuestión es si el giro que tal política económica tendrá que operar para acoplarse a las súbitas circunstancias geoestratégicas puede practicarse con reasignaciones de gastos dentro de unas cuentas de antaño con escaso margen para la cuantía que se precisa, o con desviaciones en los ingresos generadas con decisiones ejecutivas como si de órdenes militares se tratase.
Por tanto, haber dispuesto de unas cuentas públicas ajustadas al año vigente y de la posibilidad cierta de renovarlas en los ejercicios venideros, si se sometiesen al criterio fiscal de las nuevas reglas establecidas por Bruselas, proporcionaría una notable prima de crecimiento, pese a contar ya con elevaciones de impuestos y cotizaciones muy importantes inyectadas en la economía en los años pasados. Lógicamente, otro desempeño tendría si un nuevo Presupuesto incorporara impuestos adicionales a los contribuyentes y costes añadidos a las empresas, tras haber encajado ya, como se escribía en el agua de esta página la semana pasada, la más grande y silenciosa reforma fiscal de la democracia. De una mayoría parlamentaria precaria, cambiante y de intereses enfrentados y excluyentes, puede destilarse cualquier cosa.
La falta de Presupuestos, a la que el Gobierno quita importancia y la oposición le otorga demasiada, es la señal más inequívoca de inestabilidad institucional e incertidumbre sobre la política económica. Y esta circunstancia es el principal obstáculo que detectan las empresas para acometer nuevas inversiones, tal como reflejan reiteradamente en las encuestas sobre actividad que recoge el Banco de España.
Se trata de un déficit que ha condicionado el marchamo de la economía en los últimos años, ya que España ha vivido del incremento de la población, de la creación de empleo vía reparto, de los servicios turísticos y del consumo público, mientras que la inversión ha estado aletargada y solo en 2024 recuperó los niveles de 2019, previos a la peste de este siglo. La recuperación de tales niveles ha estado más impulsada por la inversión pública, que ha crecido un 40% desde 2019 por los fondos Next Generation, que por la formación bruta privada, que aunque acapara la parte del león, sigue por debajo de los números pre-covid. La pública ha pasado del 2,1% del PIB en 2019 al 2,8%, en tanto que la privada ha descendido desde el 12,5% al 10,8%.
Ahora el PIB se sostiene por la pujanza del consumo, una variable más voluble que la inversión, que tiene un carácter más subyacente y de largo plazo, y que proporciona un efecto multiplicador sobre la producción y sobre el empleo, especialmente si se concentra en actividades industriales. Cuánto impulso adicional proporcionaría al PIB no es fácil de determinar, pero el coste de oportunidad de disponer de un Presupuesto que dé certidumbre a la política económica parece elevado, a juzgar por lo que transmiten las empresas, agente económico clave para movilizar la inversión.
En la Encuesta de Actividad Económica (EBAE) –que elabora el Banco de España– del primer trimestre de este año, la mitad de las empresas (un 51%) identifican la citada incertidumbre sobre la política económica, por intangible que pueda parecer tal concepto, como el primer obstáculo para invertir. Una proporción que llega al 60% en las corporaciones industriales o comerciales. Incluso una exploración más detallada de este tipo de respuestas utilizando todas las oleadas de la citada encuesta de los últimos años corrobora que tal obstáculo paraliza, aplaza o reduce la inversión para el 40% de las empresas, una opinión coherente con la evolución de tal variable en el último ciclo.
Pero lo que hayan sumado o restado las cuentas públicas al crecimiento en los últimos años puede quedar en anécdota comparado con el porvenir inmediato. Tras un avance del PIB del 3,2% en 2024, las previsiones de consenso para 2025 se mueven en torno al 2,5% (el Gobierno prevé un 2,6%; la Airef, un 2,5%; y el Banco de España, un 2,7%). Pero tales augurios están ya en revisión y pueden saltar por los aires con la belicista agitación geopolítica de las últimas semanas, la guerra comercial abierta por EE UU y la parálisis económica de Francia y Alemania.
Ante tales circunstancias, es más necesario que nunca para todos los agentes económicos, incluido el Estado, disponer del asidero estable que proporcionarían unos Presupuestos ajustados a su fecha, y no unos nativos de 2023 prorrogados dos veces hasta ahora, y quién sabe si otras dos hasta el fin de la legislatura.
José Antonio Vega es periodista
